La libertad de expresión suele celebrarse en mármol. Se vuelve incómoda cuando aparece en una columna, una asamblea sindical, una denuncia hospitalaria o la publicación de un médico que cuestiona el sistema de pensiones.

Entonces termina el homenaje abstracto y comienza la prueba concreta.

El Gobierno puede afirmar que en Panamá existe absoluta libertad de expresión y recordar que nadie posee el monopolio de la verdad. Precisamente por eso, esas palabras adquieren valor cuando protegen al que contradice al poder. La libertad no se mide por los elogios permitidos. Se mide por el precio que paga quien disiente.

Esto adquiere especial importancia cuando el debate ocurre alrededor de la seguridad social. Una reforma de pensiones no es una verdad revelada ni patrimonio intelectual del Gobierno, de los empresarios, de los sindicatos o de quienes se oponen a ella. Es una decisión pública que compromete durante décadas el patrimonio y la vejez de millones de panameños.

Por eso preocupa cualquier intento de dividir el país entre quienes supuestamente comprenden la reforma y quienes serían víctimas de desinformación. Una democracia adulta no necesita ciudadanos obedientes. Necesita ciudadanos capaces de discutir.

En julio de 2025, más de 800 personas de 17 países suscribieron una carta que denunció lo que sus firmantes calificaron como una deriva autoritaria y una criminalización de la disidencia en Panamá. El Gobierno tiene derecho a rechazar esa interpretación. Lo que no debería hacer ningún gobierno democrático es ignorar las señales que permiten que semejante percepción prospere.

Las destituciones de médicos opositores merecen, por esa razón, un escrutinio particularmente riguroso. Una destitución sustentada legítimamente en una infracción administrativa es una cosa. Una destitución motivada por opiniones expresadas en TikTok o en un periódico, dentro de los límites de la ley, sería otra muy distinta.

El empleo público no puede convertirse en instrumento para disciplinar el pensamiento.

Tampoco las redes sociales deberían convertirse en tribunales sumarios. Cuando una institución señala, insinúa o desacredita y luego una multitud digital reproduce el mensaje, el ciudadano puede ser condenado ante la opinión pública mucho antes de poder defenderse. La reputación queda ejecutada antes de que termine el expediente.

La paradoja es que perseguir una opinión puede terminar amplificándola. Un médico despedido después de cuestionar una política pública puede adquirir mayor credibilidad entre quienes ya desconfían del poder. El intento de silenciarlo puede convertirlo en símbolo. Y allí aparece el verdadero peligro.

Cuando el poder económico se acerca demasiado al poder político, también debemos preguntarnos quién controla el debate público. Un mercado de medios condicionado por intereses comerciales tampoco constituye por sí solo un árbitro infalible de la verdad. La concentración de poder público, económico y comunicacional exige más pluralismo, no menos.

La Constitución establece el terreno común. En Panamá se puede emitir libremente el pensamiento sin censura previa, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas por la ley. Esa protección no concede inmunidad a nadie. Impide algo más peligroso: que la discrepancia sea confundida con deslealtad.

Los gobernantes son administradores temporales del poder que pertenece a los ciudadanos.

Por eso, una democracia no puede proclamar libertad mientras genera miedo a hablar. Tampoco puede confundir la voluntad popular con la voluntad presidencial. Ganar una elección concede el derecho a gobernar. No concede el derecho a determinar qué ideas pueden sobrevivir. La verdad necesita contradicción para abrirse paso.

Y un pueblo que puede hablar sin miedo conserva algo que ningún sistema de pensiones, gobierno ni grupo económico debería administrar jamás: su libertad.

El autor es cirujano subespecialista.