Cada vez que un país introduce nuevas obligaciones para las empresas, la primera reacción suele ser de preocupación. Algunos piensan que aumentará la carga regulatoria; otros temen que se pierda competitividad, y no faltan quienes concluyen, casi de inmediato, que las inversiones buscarán otros destinos y que, por ello, la base existente de entidades legales en el país al momento de la vigencia de la nueva ley se irá, sin que vengan nuevas inversiones a reemplazar las que migraron.
Es una reacción comprensible, pero, en el caso de la nueva Ley 526 de Sustancia Económica, vale la pena detenerse un momento y entender cuál es realmente su propósito.
La pregunta de fondo no es cuántas sociedades están registradas en Panamá. La verdadera pregunta es qué tipo de empresas queremos atraer para construir la economía del futuro.
Durante décadas, Panamá desarrolló una plataforma internacional extraordinariamente competitiva gracias a su ubicación geográfica, su sistema de renta territorial, la dolarización de su economía, su conectividad y un sólido sector de servicios. Esas fortalezas siguen plenamente vigentes y continúan siendo parte esencial de nuestra propuesta de valor.
Sin embargo, el contexto internacional ha cambiado. Hoy, los principales centros financieros y de negocios compiten no solo por atraer empresas, sino por atraer inversión productiva, talento, conocimiento y operaciones que generen actividad económica real. Ese es, precisamente, el espíritu de la Ley de Sustancia Económica.
La norma, a mi entender, no pretende eliminar estructuras empresariales legítimas ni desalentar la inversión internacional. Lo que busca es asegurar que determinadas entidades que obtienen rentas pasivas de fuente extranjera puedan demostrar que existe una actividad económica coherente con los ingresos que reciben. En otras palabras, que detrás de ciertas estructuras exista una presencia real y no únicamente una dirección registrada o documentación corporativa.
Lejos de representar una desventaja, esta evolución puede convertirse en una oportunidad para Panamá.
Las empresas multinacionales cada vez valoran más las jurisdicciones que ofrecen estabilidad jurídica, transparencia y reglas alineadas con los estándares internacionales. Contar con un marco legal que responda a esas expectativas fortalece la credibilidad del país y reduce la incertidumbre para quienes buscan desarrollar operaciones de largo plazo.
Además, la nueva legislación puede convertirse en un incentivo para que muchas compañías amplíen su presencia en Panamá. Algunas estructuras que anteriormente mantenían una presencia mínima podrían decidir incorporar personal, fortalecer funciones estratégicas, aumentar la toma de decisiones locales o desarrollar actividades que generen mayor valor agregado dentro del país. Ese cambio tiene un impacto que va mucho más allá del ámbito tributario.
Significa más empleo calificado, mayor demanda de servicios profesionales, nuevas oportunidades para abogados, contadores, consultores, especialistas en tecnología y una economía cada vez más orientada al conocimiento. También fortalece el ecosistema empresarial y hace que Panamá sea un destino más atractivo para inversiones sofisticadas y sostenibles.
Naturalmente, la implementación de la ley deberá realizarse con criterios claros, seguridad jurídica y un enfoque práctico que facilite el cumplimiento por parte de las empresas. Como ocurre con cualquier cambio normativo relevante, la reglamentación será determinante para brindar certeza y evitar cargas innecesarias. Pero el mensaje de fondo merece ser destacado.
La competitividad de un país ya no depende únicamente de ofrecer ventajas fiscales o menores costos. Depende, cada vez más, de su capacidad para generar confianza, atraer talento, facilitar la innovación y convertirse en un lugar donde las empresas quieran desarrollar operaciones reales y construir proyectos de largo plazo.
La Ley de Sustancia Económica debe entenderse dentro de esa evolución. No es una norma pensada para tener menos empresas. Es una norma diseñada para que Panamá tenga más empresas con actividad real, mayor inversión, más empleo y una economía preparada para competir en un entorno internacional que exige cada vez más transparencia y mayor valor agregado.
Ese es, probablemente, el verdadero desafío y también la gran oportunidad que tenemos por delante.
El autor es socio líder de Deloitte Panamá.
