Cuando una empresa evalúa invertir, puede calcular los impuestos que deberá pagar, estimar sus costos laborales, proyectar la demanda y comparar distintas fuentes de financiamiento. Lo que resulta mucho más difícil de medir es cuánto le costarán las reglas que cambian, los trámites que no tienen plazos ciertos o las decisiones administrativas que dependen de interpretaciones imprevisibles.

Ese costo existe, aunque no aparezca en ninguna declaración tributaria. La incertidumbre también funciona como un impuesto: encarece los proyectos, reduce su rentabilidad esperada y, en muchos casos, termina posponiendo o desviando la inversión hacia otros mercados.

Todo inversionista trabaja con riesgos. Algunos son propios de la actividad económica: la competencia, las variaciones en los precios, los cambios tecnológicos o la evolución del consumo. Otros dependen del entorno institucional. Cuando una compañía desconoce si las normas vigentes serán respetadas, cuánto demorará una autorización o qué interpretación aplicará una entidad pública, incorpora esa incertidumbre a su evaluación.

La reacción empresarial suele ser racional. Frente a un mayor riesgo, se exige una rentabilidad superior, se reduce el monto de la inversión o se decide no avanzar. El país puede conservar formalmente sus tasas tributarias y sus incentivos, pero perder competitividad porque el costo de la imprevisibilidad supera cualquier beneficio ofrecido.

Por eso, la seguridad jurídica no debe entenderse únicamente como un principio reservado para abogados. Es también infraestructura económica. Cumple una función semejante a la de las carreteras, los puertos, la energía o las telecomunicaciones: permite que las empresas planifiquen, movilicen capital y tomen decisiones a largo plazo.

La certeza tampoco significa que las leyes nunca deban cambiar. Las sociedades evolucionan y las regulaciones deben responder a nuevas realidades económicas, ambientales, fiscales y tecnológicas. Lo importante es que los cambios sean consultados, estén técnicamente sustentados, se comuniquen con claridad y se apliquen con períodos razonables de transición.

Una regulación puede ser exigente y, al mismo tiempo, previsible. Las empresas no necesariamente buscan el país con menos reglas, sino aquel donde las reglas sean comprensibles, coherentes y aplicadas de manera uniforme. La estabilidad no consiste en congelar el ordenamiento jurídico, sino en evitar sorpresas y contradicciones.

Para Panamá, esta reflexión es especialmente importante. Competimos por capital, talento y operaciones regionales con jurisdicciones que también ofrecen conectividad, servicios, incentivos y acceso a mercados. Nuestra posición geográfica continúa siendo una ventaja extraordinaria, pero ya no basta por sí sola. El inversionista compara también la velocidad de los trámites, la calidad institucional, la coordinación entre entidades y la capacidad de obtener respuestas oportunas.

La primera tarea, por tanto, es mejorar la calidad regulatoria. Antes de aprobar nuevas obligaciones, debería evaluarse su impacto económico, su relación con las normas existentes y la capacidad real del Estado para administrarlas. Regular más no siempre significa regular mejor.

La segunda consiste en reducir la discrecionalidad. Situaciones semejantes deberían recibir respuestas semejantes, independientemente de la oficina, el funcionario o el momento en que se formule la consulta. Para lograrlo, se necesitan criterios públicos, procedimientos estandarizados, digitalización y mecanismos eficaces de revisión.

La tercera es establecer plazos que se cumplan. Para una empresa, esperar indefinidamente una licencia, un permiso o una respuesta puede resultar tan costoso como pagar un impuesto adicional. El silencio administrativo, la duplicidad de requisitos y la falta de coordinación institucional inmovilizan capital que podría estar generando actividad económica y empleo.

El sector privado también tiene responsabilidades. Las empresas deben fortalecer su cumplimiento, documentar adecuadamente sus operaciones y abandonar la expectativa de que la informalidad o las relaciones personales pueden sustituir reglas claras. La seguridad jurídica requiere instituciones confiables, pero también ciudadanos y compañías dispuestos a respetarlas.

Panamá necesita atraer inversión, pero, sobre todo, lograr que quienes ya están en el país decidan reinvertir, ampliar operaciones y crear empleos. Esa confianza no se construye solamente mediante campañas promocionales. Se forma con la experiencia cotidiana de empresarios que encuentran respuestas claras y decisiones consistentes.

Reducir la incertidumbre no exige renunciar a la regulación ni limitar la capacidad del Estado. Exige ejercerla mejor. En una economía global donde el capital puede desplazarse rápidamente, la previsibilidad constituye una ventaja competitiva. Si no la protegemos, la incertidumbre seguirá cobrando un impuesto invisible que todos terminamos pagando.

El autor es socio líder de Deloitte Panamá.