“Fakecracia” puede sonar a neologismo pretencioso, pero el término describe con precisión una patología de la vida pública que en Panamá se está normalizando. No alude simplemente a la mentira en política; designa una forma de configurar el espacio público en la que la desinformación, la sobrecarga informativa, la manipulación emocional y la circulación acelerada de narrativas falsas terminan condicionando cómo el ciudadano percibe la realidad. Ya no se trata de convencerlo, sino de marearlo. Y, en eso, seamos sinceros, hemos agarrado experiencia.
La maquinaria no necesita aparatos espectaculares. Le basta un par de cuentas amplificando basura, un video fuera de contexto, una captura sin fuente, una cadena de WhatsApp con tono de urgencia nacional, dos comentaristas peleando como en patio de vecindad y una audiencia dispuesta a creer primero y pensar después. Así se arma una esfera pública donde lo importante no es qué es verdad, sino qué pega más duro, qué circula más rápido y qué despierta más rabia. La deliberación se desplaza de la argumentación hacia la pura reacción.
Conviene aclarar que el problema no es que la gente sea ignorante, como creen ciertos grupos de poder encantados de escucharse a sí mismos. El ciudadano contemporáneo no padece escasez de información, sino exceso de información no jerarquizada. Como advierte Byung-Chul Han, más datos no equivalen a más verdad: la hiperinformación testifica, más bien, su ausencia. La verdad tiene que fajarse en el mismo ring con el chisme, la propaganda y el relajo. Estamos saturados de información, pero escasos de criterio.
Panamá ofrece terreno fértil para esta lógica, porque buena parte de su esfera pública fue absorbida por una cultura del escándalo breve, mezcla de espectáculo, bochinche y administración de percepciones. Importa más el clip que la propuesta; más la frase que el fondo; más el ridículo del adversario que la solución del problema. Un escándalo dura hasta que aparece el siguiente, y la memoria pública anda tan golpeada que está anestesiada. Mientras tanto, los temas verdaderamente serios —la desigualdad, la precariedad institucional, el deterioro educativo y la corrupción con corbata— quedan relegados al fondo, como utilería.
Aquí reside lo grave. Como señala Daniel Innerarity, las noticias falsas no son peligrosas por inexactas, sino porque quien las difunde sabe que son falsas y las propaga desde una abierta indiferencia hacia la verdad. No buscan hacer pasar una mentira por verdad; buscan borrar la distinción misma entre una y otra. Desfactifican la realidad. Por eso la fakecracia es un desprecio frontal a lo verdadero: quien miente no solo lo hace a conciencia, sino que se escuda y se siente cómodo en su propia mentira.
Lo llamativo de este fenómeno es que no necesita clausurar elecciones ni suspender libertades. Le basta con preservar la escenografía democrática mientras erosiona, en silencio, las condiciones que hacen posible un juicio ciudadano autónomo. Distinguir lo verdadero exige tiempo, disciplina y una paciencia que el ecosistema digital castiga. También sirve para minar la legitimidad de gremios enteros mediante relatos selectivos y estigmatización mediática, hasta que su función de contrapeso democrático pase a percibirse como obstáculo o privilegio.
Los medios tradicionales no son ajenos; muchas veces caen en la lógica del clic y la simplificación perezosa. Y las redes, que se nos vendieron como democratización de la palabra, terminaron siendo una democratización del desorden, una gallera digital donde todos hablan, pero pocos deliberan.
Si Panamá quiere conservar la densidad ética de su democracia, necesita una cultura pública de verificación, responsabilidad comunicativa y autocontención crítica. Medios menos subordinados al clic y dirigencias menos inclinadas a administrar emociones como sustituto del gobierno. Porque cuando la mentira deja de ser un accidente y se vuelve método, la democracia no desaparece de golpe: se vacía por dentro, se vuelve teatro. Y un país que confunde el teatro con la vida pública corre el riesgo de aplaudir su propia manipulación creyendo que ejerce ciudadanía.
El autor abogado y economista, máster en democracia y buen gobierno, y máster en derecho penal.
