Panamá presentó su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial a finales del pasado mes de julio. El anuncio, que podría constituir uno de los más relevantes de los últimos años en el país en materia de política pública para el desarrollo tecnológico, no se limitó a proponer una simple hoja de ruta para promover el uso de la inteligencia artificial, sino que expuso una ambiciosa propuesta para que Panamá se posicione favorablemente en la economía digital global.
La estrategia plantea convertir a Panamá en un hub confiable de innovación en inteligencia artificial para América Latina, aprovechando ventajas competitivas como nuestra conectividad, estabilidad, ubicación geográfica y plataforma internacional de servicios. Para mí, no obstante, existe un elemento de gran valor conceptual detrás de esa aspiración, que consiste en reconocer que la competitividad en inteligencia artificial no solo depende de la tecnología; está sustancialmente condicionada por la confianza.
En años recientes hemos visto cómo algunos países han emprendido carreras para atraer inversiones relacionadas con la inteligencia artificial. Sin embargo, la experiencia internacional ha demostrado que los ecosistemas más exitosos son aquellos capaces de combinar la innovación con la seguridad jurídica, la protección de datos, la ciberseguridad, el talento especializado y una gobernanza eficaz.
Precisamente por esa razón considero que la estrategia panameña ha acertado al no circunscribirse a algoritmos o infraestructura tecnológica. Sus seis pilares incorporan otros elementos fundamentales, como el fortalecimiento del capital humano, la gobernanza de datos, la ciberseguridad, la ética, la inversión y la aplicación sectorial de la inteligencia artificial.
Uno de los aspectos más importantes de este plan es el de destacar la confianza como un activo estratégico. Además, la propuesta plantea el fortalecimiento de la aplicación de las normas de protección de datos personales, impulsar capacidades institucionales en materia de ciberseguridad y promover espacios controlados de prueba, como el sandbox, que permite innovar sin sacrificar la seguridad jurídica. Lo irónico es que la implementación de este mecanismo de flexibilidad regulatoria controlada, tal como ha sido expuesto, sería excluyente de otras tecnologías emergentes -como las Fintech- que han aguardado por un beneficio semejante durante casi dos décadas.
Los desafíos que enfrenta la inteligencia artificial, como las decisiones automatizadas, la transparencia algorítmica, la responsabilidad legal por sistemas autónomos, el tratamiento masivo de datos personales, la propiedad intelectual sobre contenidos generados por IA, los sesgos algorítmicos y los riesgos crecientes para la ciberseguridad, van más allá de la frontera tecnológica y, por ello, no pueden abordarse únicamente desde la ingeniería; su tratamiento requiere una visión jurídica, ética y de política pública.
Otro elemento digno de mención es que la estrategia evita crear la expectativa poco realista de competir con las grandes potencias en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. En lugar de ello, favorece el desarrollo de soluciones de alto valor agregado en áreas donde Panamá ya posee ventajas comparativas, como la logística, los servicios financieros, la salud, y el turismo.
Ahora bien, el lanzamiento de la estrategia representa apenas el primer paso; habrá que implementarla, y eso representa un gran desafío. Será indispensable lograr una adecuada coordinación institucional, definir indicadores de seguimiento, asignar recursos suficientes, fortalecer las capacidades del sector público y promover una colaboración permanente entre el gobierno, la academia, el sector privado y la sociedad civil.
La regulación no debe convertirse en un freno para el desarrollo tecnológico, pero tampoco debe mirar hacia otro lado cuando estén en juego la privacidad, la seguridad, la transparencia y la confianza de los ciudadanos. Por esa razón, será importante que la gobernanza de la inteligencia artificial mantenga un equilibrio entre la promoción de la innovación y la protección de los derechos fundamentales.
Como abogado especializado en derecho digital y tecnologías emergentes, considero que Panamá tiene una oportunidad extraordinaria para posicionarse como un referente regional en inteligencia artificial responsable. El reto consiste en convertir nuestras fortalezas en ventajas competitivas sostenibles.
El éxito de esta estrategia no se medirá por la calidad de la propuesta, sino por los resultados que alcancemos durante los próximos años. Entonces sabremos si Panamá logró doblar su apuesta, como hub logístico y como un auténtico hub de inteligencia.
El autor es abogado y auditor forense.
