El terremoto del 9 de octubre no solo sacudió viviendas y carreteras. También puso sobre la mesa una pregunta que Panamá no puede responder únicamente con cifras de daños: ¿en qué condiciones están las escuelas a las que enviamos a nuestros hijos y donde miles de docentes intentan enseñar?

Al 18 de octubre, el Ministerio de Educación reportaba 619 centros educativos afectados y 853 planteles inspeccionados en todo el país. De acuerdo con las autoridades, 35 escuelas requerían reconstrucción total. Son cifras que muestran la magnitud de una emergencia que no termina cuando deja de moverse el suelo.

La prioridad debe ser comprobar la seguridad de cada instalación antes de autorizar su uso. Sin embargo, recuperar la actividad educativa no consiste solamente en reparar paredes, revisar techos y anunciar una fecha de regreso. Una escuela es también el lugar donde los estudiantes necesitan sentirse seguros para aprender.

Después de un sismo, el miedo no desaparece automáticamente. Un estudiante puede temer otra sacudida; una maestra, preocuparse por sus hijos; un padre, imaginar escenarios al dejar a su niño en la escuela. No todas las personas reaccionan igual, pero sería un error ignorar estas preocupaciones o asumir que basta con reabrir las puertas para recuperar la tranquilidad.

La emergencia también ha puesto de manifiesto necesidades que van más allá de las aulas. Algunas comunidades enfrentan daños en sus viviendas, dificultades de transporte y pérdida de pertenencias. Además, se informó que nueve centros educativos estaban siendo utilizados como refugios. En esas circunstancias, hablar de continuidad educativa exige mirar la realidad de las familias y de los propios docentes, no solo la disponibilidad de un salón de clases.

Esta situación llega a un sistema que ya enfrentaba dificultades de infraestructura y desigualdad. No sería responsable atribuir al terremoto todos los problemas existentes ni afirmar, sin revisar los expedientes, que cada plantel afectado llevaba años abandonado. Pero sí es legítimo preguntar: ¿qué reparaciones estaban pendientes?, ¿qué inspecciones se habían realizado antes del sismo?, ¿qué criterios se aplicarán para autorizar la reapertura y cómo conocerán las familias sus resultados?

La confianza no se exige: se construye con información verificable. Las comunidades educativas necesitan saber qué se inspeccionó, qué riesgos se encontraron y qué trabajos hacen falta. Los docentes requieren protocolos claros y condiciones seguras; los estudiantes, información comprensible y acompañamiento emocional cuando lo necesiten. Las familias tienen derecho a plantear sus inquietudes sin ser tratadas como alarmistas.

También debemos preguntarnos cómo se recuperará el aprendizaje. Este 21 de octubre comenzó el retorno progresivo a clases presenciales en los planteles habilitados de 12 regiones educativas, mientras que en Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas continuaba la suspensión. Para las escuelas que no puedan reabrir, se contemplan modalidades virtuales, guías y atención no presencial. Estas alternativas no tienen el mismo alcance para todos. La conectividad, el acceso a dispositivos, el transporte y las condiciones de cada comunidad pueden ampliar las desigualdades si no se consideran al diseñar la respuesta.

Los estudiantes de las zonas más afectadas no deberían cargar con una desventaja adicional. La recuperación debe contemplar ajustes realistas al calendario, apoyo para retomar los contenidos y atención a quienes hayan perdido tiempo de enseñanza. Cumplir con las fechas no puede convertirse en una carrera que termine sacrificando la comprensión y el bienestar de los alumnos.

No se trata de buscar culpables antes de conocer los hechos, ni de olvidar las preguntas cuando pase la urgencia. Se trata de aprovechar esta experiencia para fortalecer las inspecciones, el mantenimiento preventivo, la transparencia y los protocolos de actuación ante emergencias. La prevención no puede comenzar después del desastre.

Esta semana conviene detenernos a mirar lo ocurrido antes de seguir hablando únicamente de notas, repitencia y resultados de pruebas. Aprender también exige seguridad, confianza y acompañamiento. La escuela no puede impedir que la tierra tiemble, pero el sistema educativo sí tiene la responsabilidad de prepararse para proteger a quienes la habitan y ayudarles a reconstruir su rutina.

Volver a clases no significa necesariamente volver a la normalidad. La pregunta no es solo cuándo abrirán las puertas, sino con qué garantías, apoyos y responsabilidad. Porque ningún aprendizaje debería ponerse por encima de la seguridad de quienes tienen derecho a recibirlo.

La autora es maestra y escritora.