El 21 de septiembre, en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo, la subcomisión encargada de poner en marcha la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Panamá celebró su segunda sesión. Se presentó la metodología para elaborar el plan de implementación, se habló de la conformación de mesas de trabajo y se expuso el Proyecto de Ley 588 sobre gobernanza adaptativa de la inteligencia artificial. Panamá, en otras palabras, está decidiendo cómo va a convivir con esta tecnología.

La pregunta que quiero hacer hoy es más pequeña y más urgente: ¿lo está decidiendo su organización?

Digo urgente porque la decisión ya se está tomando sin ella. Un sondeo de SocialTIC entre organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas encontró que el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa ya existe en el sector, sobre todo para redactar textos, pero que rara vez es promovido o acompañado por las propias organizaciones. Traducido a la vida diaria: la coordinadora ya le pide a un asistente de IA que le ayude con la propuesta; el contador ya sube la hoja de cálculo para que se la resuma; y es muy posible que alguien ya haya pegado en una ventana de chat una lista de beneficiarias con nombres y cédulas. Nadie lo aprobó. Nadie lo prohibió. Nadie preguntó.

No es un problema exclusivo de nuestra región. En Estados Unidos, un estudio de 346 organizaciones sin fines de lucro publicado este año encontró que el 92% ya usa inteligencia artificial, pero casi la mitad no tiene ninguna política sobre cómo hacerlo y apenas el 7% reporta una mejora importante en lo que su equipo logra. En América Latina, el estudio fAIr Tech Radar del BID Lab, NTT DATA y la Universidad de los Andes llega a una conclusión parecida sobre las organizaciones de la región en general: adoptamos la inteligencia artificial más rápido de lo que desarrollamos la capacidad de gobernarla.

Ahí está, creo, la respuesta a una pregunta que escucho con frecuencia entre directores ejecutivos: ¿nos estamos quedando atrás? Sí y no. Nos estamos quedando atrás si la medida es cuántas herramientas usamos. Pero el resto del mundo tampoco ha resuelto lo importante. La mayoría de las organizaciones está usando inteligencia artificial persona por persona, sin reglas y sin resultados que se acumulen. La ventaja no la tendrá quien adopte primero, sino quien decida primero.

Esa decisión le corresponde a la junta directiva. No porque sus miembros deban entender cómo funciona un modelo de lenguaje, sino porque la inteligencia artificial toca exactamente las tres cosas que una junta existe para proteger: los datos de quienes reciben el servicio, la confianza de quienes donan y la misión de la organización.

La primera decisión es qué información nunca entra en una herramienta externa. Muchas de nuestras organizaciones atienden a menores, a víctimas, a migrantes, a personas con enfermedades. Panamá tiene una ley de protección de datos personales desde 2019. Una junta no necesita tener conocimientos jurídicos para establecer, por escrito, que los datos de las personas que atendemos no se pegan en una aplicación gratuita.

La segunda es qué se le dice al donante. Chequeado, la organización argentina de verificación de datos que experimenta con inteligencia artificial desde 2016, publicó una política de uso en la que se compromete a comunicar con claridad cuándo y cómo usa esta tecnología en sus contenidos y productos. Una organización panameña no necesita un laboratorio de innovación para hacer lo mismo. Necesita una página, aprobada por su junta, y la disciplina de cumplirla.

La tercera es para qué la vamos a usar y quién responde por el resultado. Aquí está la oportunidad real. Organizaciones con equipos de tres o cuatro personas pueden, por primera vez, ordenar sus bases de donantes, preparar informes, redactar primeros borradores de propuestas y analizar datos que antes nadie tenía tiempo de mirar. Pero una propuesta escrita por una máquina y no revisada por una persona es un riesgo para la credibilidad que tanto cuesta construir. La herramienta puede redactar; la responsabilidad no se delega.

Y hay una razón más para que esta decisión no se deje al azar. En estas páginas he insistido en que depender de una sola fuente de financiamiento extranjero es un riesgo que nuestras organizaciones ya pagaron caro. La inteligencia artificial plantea una versión nueva del mismo problema: organizaciones que depositan su memoria institucional, es decir, la información sobre sus donantes, sus informes y otros datos, en plataformas que no controlan, cuyas condiciones y precios cambian sin consultar a nadie. Una buena política no rechaza esas herramientas. Decide qué se guarda dentro de casa.

Vuelvo, para terminar, a la sesión del 21 de septiembre. La nota oficial sobre esa reunión menciona al BID, a la Asamblea Nacional, a la Unión Internacional de Telecomunicaciones y a los miembros de la subcomisión. No menciona a la sociedad civil. Quizás esté presente; si es así, conviene que se note. Si no lo está, las organizaciones que atienden a los panameños más vulnerables deberían pedir un asiento en las mesas de trabajo que ahora se conforman, porque serán sus beneficiarios quienes vivan con las consecuencias de lo que ahí se decida.

Volveré en otra ocasión sobre lo que la inteligencia artificial puede y no puede hacer para conseguir recursos, y sobre las preguntas éticas que ninguna política resuelve por sí sola. Pero el primer paso no requiere esperar. Requiere que, en la próxima sesión de la junta, alguien ponga el tema en la agenda y que la organización, por fin, decida.

La autora es consultora en filantropía y desarrollo institucional, y columnista sobre la gobernanza y sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil.