Cada vez que se habla de una reforma constitucional o de un proceso constituyente, muchas personas sienten que se trata de un debate reservado para juristas, políticos o académicos. Sin embargo, la Constitución es mucho más que un documento legal: es el acuerdo fundamental que define cómo se organiza el Estado, cuáles son nuestros derechos y cuáles son los límites del poder público.
Por eso, la educación constitucional no debería ser un privilegio de unos pocos, sino una herramienta al alcance de todos los ciudadanos.
Una democracia se fortalece cuando las personas conocen sus derechos, comprenden el funcionamiento de las instituciones y participan de manera informada en los asuntos que afectan al país. Cuando ese conocimiento no existe, el espacio lo ocupan la desinformación, la polarización y los intereses particulares.
Panamá enfrenta importantes desafíos institucionales que exigen una ciudadanía cada vez más preparada para participar en los debates nacionales con argumentos y no únicamente con emociones. Hablar de la Constitución no significa promover una posición política específica; significa fomentar una cultura cívica basada en el conocimiento y el respeto por el Estado de derecho.
La alfabetización constitucional busca, precisamente, acercar estos temas a la población mediante un lenguaje sencillo, comprensible y útil para la vida cotidiana. Comprender qué hace cada órgano del Estado, cómo funcionan los mecanismos de control o cuáles son los derechos y deberes de los ciudadanos permite una participación más responsable en la construcción del país.
Los grandes cambios comienzan con ciudadanos informados. Ninguna reforma institucional será suficiente si la sociedad desconoce el alcance de las normas que la rigen.
Como abogado, considero que tenemos la responsabilidad de contribuir a ese proceso de educación cívica, promoviendo espacios de diálogo abiertos, plurales y respetuosos, donde las distintas visiones puedan expresarse con fundamento y donde el interés nacional prevalezca sobre las diferencias.
El futuro de Panamá dependerá, en buena medida, de la calidad de sus instituciones, pero también del compromiso de sus ciudadanos por comprenderlas, defenderlas y fortalecerlas.
Porque una Constitución no cobra vida únicamente en los tribunales; cobra vida cuando cada ciudadano conoce sus derechos, entiende sus responsabilidades y participa activamente en la construcción de una democracia más sólida.
El autor es abogado.
