Cada vez que un país introduce una reforma tributaria o incorpora nuevas obligaciones para las empresas, surge inevitablemente la misma pregunta: ¿seguiremos siendo competitivos? Es una inquietud válida. Durante muchos años, la competitividad internacional se analizó casi exclusivamente desde una perspectiva fiscal. Parecía que el país con impuestos más bajos, menos requisitos regulatorios o mayores beneficios tenía automáticamente una ventaja frente a los demás.
Sin embargo, el mundo funciona hoy de manera muy distinta. Las empresas multinacionales ya no toman sus decisiones considerando únicamente la carga tributaria. Evalúan la estabilidad política, la seguridad jurídica, la calidad del talento, la conectividad, la infraestructura, la eficiencia institucional, la transparencia y la capacidad de un país para ofrecer un entorno donde sea posible desarrollar operaciones sostenibles durante muchos años.
En otras palabras, la competitividad dejó de medirse únicamente por lo que cuesta hacer negocios. Hoy también se mide por la confianza que un país inspira.
Ese cambio explica, en buena medida, por qué Panamá decidió aprobar la Ley 526 sobre sustancia económica. La norma no pretende modificar el sistema de renta territorial que históricamente ha caracterizado al país ni convertir a Panamá en una jurisdicción de tributación mundial. Su objetivo es distinto: responder a estándares internacionales que exigen que determinadas rentas pasivas de fuente extranjera estén respaldadas por una actividad económica real.
Esto significa que, para un grupo específico de entidades, ya no será suficiente mantener una presencia exclusivamente formal. Será necesario demostrar que existe una estructura empresarial coherente con las actividades que generan esos ingresos.
Hablamos, por ejemplo, de contar con recursos, dirección, personal o funciones reales acordes con la naturaleza de las operaciones desarrolladas.
Algunas personas interpretan esta evolución como una pérdida de competitividad. Yo considero que representa exactamente lo contrario.
Las empresas más importantes del mundo buscan cada vez más jurisdicciones estables, transparentes y alineadas con las mejores prácticas internacionales. Necesitan ofrecer esa tranquilidad a sus accionistas, inversionistas, entidades financieras, casas matrices y mercados donde operan. Para muchas de ellas, no basta con estar en un país atractivo desde el punto de vista fiscal. También necesitan estar en un país aceptado, respetado y comprendido dentro del nuevo entorno internacional.
Desde esa perspectiva, un país que demuestra compromiso con los estándares internacionales fortalece su credibilidad y amplía sus oportunidades para atraer inversiones de mayor calidad. No se trata de atraer cualquier estructura, sino de promover aquellas que generan actividad económica, empleo, servicios profesionales, conocimiento y valor agregado.
Naturalmente, el éxito dependerá de cómo se implemente la ley. La reglamentación deberá ofrecer seguridad jurídica, reglas claras y procedimientos sencillos que permitan cumplir los nuevos requisitos sin generar cargas innecesarias. Una norma bien diseñada puede fortalecer la reputación del país. Una implementación confusa, en cambio, podría generar incertidumbre y afectar precisamente aquello que se busca proteger. Ese equilibrio será determinante.
Panamá siempre ha sabido adaptarse a los cambios del entorno internacional. Lo hizo con el desarrollo del Canal, con la consolidación de su plataforma logística, con el crecimiento de su centro financiero y con la creación de regímenes especiales que impulsaron nuevas inversiones. Cada etapa exigió ajustes, decisiones y capacidad de evolución.
La Ley 526 representa un nuevo paso dentro de esa misma historia. La competitividad del siglo XXI ya no depende únicamente de ofrecer ventajas fiscales. Depende de generar confianza, atraer talento, ofrecer seguridad jurídica, facilitar operaciones reales y demostrar que el país puede participar en la economía global con reglas claras y estándares reconocidos.
Panamá tiene muchas fortalezas para competir en ese nuevo escenario: ubicación estratégica, economía dolarizada, conectividad internacional, experiencia en servicios globales y una plataforma empresarial construida durante décadas.
El reto ahora es convertir esas fortalezas en una propuesta de valor más sólida, moderna y sostenible. Si logramos implementar la Ley de Sustancia Económica con claridad, equilibrio y visión de largo plazo, Panamá no perderá competitividad. La fortalecerá. Ese es, probablemente, el verdadero desafío y también una de sus mayores oportunidades.
El autor es socio líder de Deloitte Panamá.
