Existe una frontera invisible pero palpable en nuestra ciudad. Cruzarla toma apenas un segundo: es el instante en que salimos de la seguridad, la limpieza y el orden de un edificio o urbanización de propiedad horizontal (PH) y ponemos un pie en la acera pública. En ese preciso momento, pasamos de una “ciudad con dueño” a una “ciudad huérfana”.
Esta desconexión no es casual; es un fallo de diseño de nuestra legislación urbana. Panamá sufre, en la práctica, una polarización urbana extrema: o vivimos bajo el régimen privado estricto de un PH, o quedamos a merced de un Estado central y de municipios que, por falta de presupuesto o de capacidad operativa, no logran frenar el deterioro de la ciudad.
El resultado lo vemos a diario. Zonas recientemente renovadas con inversiones millonarias, como Vía Argentina, Calle Uruguay, avenida Central o Vía España, empiezan a mostrar signos de decadencia prematura. ¿Por qué? Porque el municipio no tiene la agilidad para cambiar una luminaria o reparar una baldosa con la velocidad que exige una zona comercial activa. Mientras tanto, en barrios históricos y asentamientos informales consolidados como Boca La Caja, la comunidad vive con el temor de que la “renovación” sea sinónimo de expulsión, como ocurrió con el intento fallido de zonificación.
Es urgente admitir que las herramientas actuales —la zonificación rígida y la dependencia casi exclusiva del presupuesto estatal— están agotadas. Panamá necesita abrir un debate serio sobre la creación de nuevos regímenes de gestión urbana que llenen el vacío entre lo público y lo privado.
Necesitamos legislar para crear figuras intermedias. Imaginemos, por ejemplo, que los vecinos y comerciantes de una calle turística deteriorada pudieran asociarse legalmente para autogestionar su seguridad y mantenimiento, complementando la labor municipal sin privatizar el espacio, mediante un Área de Mejoramiento Comercial (Business Improvement District). O pensemos en zonas urbanizadas o turísticas como Coronado o Cerro Azul, que no desean un régimen estricto de propiedad horizontal ni un proyecto de posicionamiento inmobiliario común —como ocurre en un AMC—, pero que sí necesitan organizarse para dar mantenimiento básico a sus áreas públicas y de servicios, a través de una Asociación de Mantenimiento Residencial, figura conocida técnicamente como entidades urbanísticas de conservación.
Imaginemos también un marco legal que proteja a las comunidades vulnerables del centro de la ciudad, permitiéndoles constituir fideicomisos sobre sus tierras. De este modo, podrían regularizar sus viviendas y acceder a crédito sin el riesgo de que la especulación inmobiliaria compre el barrio lote a lote y los desplace. Este modelo, conocido internacionalmente como Community Land Trust, separa la propiedad del suelo —comunal— de la vivienda —individual—, asegurando que la plusvalía urbana beneficie a quienes han vivido allí por generaciones y no solo a actores externos.
Pensemos, además, en nuestros activos públicos deteriorados. Contamos con escuelas y edificios institucionales ubicados en terrenos de altísimo valor, cerca del Metro, que se deterioran por falta de recursos. Necesitamos una ley que faculte —y no penalice— a las instituciones públicas o sin fines de lucro titulares de estos activos inmobiliarios a generar ingresos propios, alquilando espacios para comercios o servicios en sus plantas bajas, con el fin de financiar su mantenimiento sin depender de la burocracia central. Esto resulta especialmente crítico en proyectos de vivienda pública del Miviot, así como en escuelas, centros de salud, hospitales o iglesias cercanos a estaciones del Metro, zonas pagas o terminales de transporte.
No se trata de inventar la rueda. Estas figuras —áreas de mejoramiento, entidades de conservación y zonas de gestión mixta— ya funcionan con éxito en ciudades que van desde Medellín hasta Londres. Se trata de modernizar nuestro “software” legal para mejorar el “hardware” urbano.
Mientras sigamos intentando gestionar la ciudad del siglo XXI con leyes del siglo XX, seguiremos atrapados en la queja constante. Es momento de proponer un nuevo pacto urbano que otorgue a ciudadanos y comunidades las herramientas legales para cuidar y transformar su entorno, sin sustituir al Estado, sino complementándolo. La ciudad no puede esperar más.
El autor es arquitecto y urbanista.
