Nos levantamos con la noticia de que la vivienda de Rolando Rodríguez, periodista vinculado a investigaciones sobre corrupción de alto perfil, sufrió un ataque con un artefacto explosivo, el 14 de noviembre. Si bien el incidente no dejó personas heridas, lastimó profundamente la libertad de prensa y de expresión en Panamá.

Y es que, aunque las autoridades hayan asegurado que realizarán las investigaciones correspondientes e, incluso, notificaron que existe un aprehendido, producto de estas pesquisas, el daño ya está hecho y no es solo material. Hay una afectación colectiva y un claro mensaje para los periodistas y aquellas personas que, a diario, ponen su vida al servicio de la transparencia institucional y de la rendición de cuentas. Quien cuestiona puede ser perseguido.

¿Por qué esto debería ser preocupante para toda la ciudadanía? Aunque los medios lo hayan catalogado como el primer ataque de esta índole desde la dictadura de Noriega, no podemos ignorar que se suma a una serie de atentados que ha sufrido nuestra democracia en los últimos años. Basta mirar unos meses atrás, cuando múltiples organizaciones denunciaron la presencia de infiltrados de la Policía Nacional en las protestas pacíficas; recordar las agresiones físicas contra reporteros que documentaron las manifestaciones en las calles; o señalar las amenazas verbales que viven los periodistas que se atreven a cuestionar a quienes ostentan el poder político y económico en nuestro país. Aunque parezcan situaciones aisladas, cada episodio sin consecuencias y sanciones ejemplares va erosionando las garantías ciudadanas y, además, normaliza la hostilidad contra quienes informan, cuestionan o se organizan para exigir rendición de cuentas.

Cualquier atentado contra la libertad de prensa y la libertad de expresión tiene efectos mucho más profundos que el perjuicio personal que pueda sufrir la víctima. Bien lo explicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante su Opinión Consultiva OC-5/85 (13 de noviembre de 1985), que subraya la doble dimensión de la libertad de expresión. Por un lado, este derecho es individual: está vinculado a nuestra facultad de expresar ideas y cuestionamientos. Por otro lado, se trata de un derecho colectivo, clave para el acceso a la información y para la formación de una opinión pública libre. Asimismo, la libertad de prensa es un medio para fiscalizar al poder público y poner información relevante a disposición de la ciudadanía, para que genere sus propios cuestionamientos. Ambas dimensiones están profundamente ligadas. Constituyen la piedra angular de una democracia.

Las consecuencias de un atentado como este no se perciben de inmediato. Suelen generar un deterioro silencioso a largo plazo. Pueden traer como consecuencia autocensura. Las fuentes dejan de hablar por miedo a represalias y las nuevas generaciones de periodistas viven con el temor de que investigar al poder conlleva un riesgo personal y familiar inasumible. Por otro lado, profundizan la sensación de inseguridad e indefensión ante el crimen y la corrupción que ya está latente en la población. Para cualquier persona, el hogar representa el último refugio de seguridad personal. Cuando la violencia cruza el umbral de la casa de un periodista reconocido, resulta inevitable sentir que no existen límites para el crimen organizado y la corrupción que tiñe nuestro sistema, lo que erosiona aún más la credibilidad de nuestras instituciones judiciales.

En el caso de Rolando Rodríguez, aunque todavía no sepamos quiénes estuvieron detrás del atentado ni si hay vínculos con sectores del poder político o estatal, el Estado tiene una responsabilidad urgente e ineludible con la población: demostrar que hechos como este no quedarán en la impunidad. No basta con detener únicamente a quienes ejecutaron el ataque material. Las autoridades deben garantizar una investigación exhaustiva que identifique a los autores intelectuales y determine si la agresión responde a su labor periodística. Porque cuando se ataca la casa de un periodista, no solo se intenta silenciar una voz: se busca intimidar a toda una sociedad para que deje de hacer preguntas.

La autora es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.