Finalmente, el próximo 2 de diciembre serán enjuiciados dos hijos de un expresidente de la República por (presuntamente) blanquear coimas en el caso Blue Apple. Ya fue condenado el padre de estos por el caso New Business. Por estos hechos ya hubo un juicio en 2023, pero los hermanos evitaron comparecer con el resto de los imputados porque apenas días antes de su celebración lograron ser juramentados como parlamentarios centroamericanos. El propósito de esa investidura era eludir la comparecencia, porque su ejecutoria como miembros del Parlacen es insignificante: no representan nada, prácticamente no participan y no han ejecutado ni una tarea que justifique el apuro por ingresar a ese foro. Ha sido una constante de estas personas intentar eludir la justicia. Prueba de esto fue el episodio de su captura en Guatemala y posterior extradición a Estados Unidos. Es común que los defensores técnicos intenten dilatar los procesos penales con cambios repentinos de abogados, un certificado de incapacidad médica o el uso de un rosario de maniobras y recursos (de casación, de nulidad, de inconstitucionalidad, entre otros), todos destinados a consumir tiempo en forma innecesaria, con el ánimo de postergar o impedir la resolución judicial del conflicto. Pero la justicia no puede convertirse en una carrera de resistencia en la que gana quien tiene más recursos para esquivarla. Y mucho menos cuando esos recursos se disfrazan de inmunidad parlamentaria. Conviene recordar que estos mismos imputados le dijeron a un juez de Nueva York que estaban arrepentidos de sus actuaciones e incluso pidieron disculpas al pueblo de Panamá. En tres semanas sabremos si, como la población sospechaba, este era otro cuento más y si, en efecto, no se les puede creer nada de lo que dicen. Ahora le toca a la Corte Suprema de Justicia demostrar si la rapiña contra el Estado se castiga como establecen las leyes o si otros intereses reemplazan la ley.