El conocimiento debe seguir siendo el motor de la justicia social y el desarrollo de nuestros pueblos. Es importante tomar el ejemplo de países que privilegian sus presupuestos de educación, salud, vías y medios de comunicación frente a estructuras político-partidistas, como ocurre con el alto e injusto presupuesto estatal destinado a las campañas electorales y al sostenimiento de partidos políticos, así como con los fondos utilizados para publicidad, licitaciones superinfladas, viajes continuos de la pareja presidencial y participación en diversos eventos por parte de los gobiernos de turno, entre muchos otros gastos superfluos.
La educación superior en América Latina y el Caribe vive una transformación histórica. Las aulas albergan a más estudiantes que nunca, pero detrás de las cifras alentadoras se esconde una realidad dolorosa: la masificación no ha traído la igualdad que promete nuestra Constitución. Ningún gobierno de la República ha garantizado un verdadero derecho a la educación universitaria para todos. Hoy, el ingreso a la universidad es un camino lleno de obstáculos para los más vulnerables.
Aunque nuestra Constitución Política establece que la educación es un derecho, el sistema funciona como un filtro social. Jóvenes de sectores pobres, indígenas o afrodescendientes ingresan en desventaja y abandonan sus estudios por falta de recursos o por las enormes distancias geográficas.
Según informes del IESALC-UNESCO, en América Latina y el Caribe la matrícula bruta alcanza el 53%, pero la tasa de graduación real es de apenas el 24%, lo que indica que abrir las aulas no garantiza equidad. No basta con matricular a los jóvenes si los dejamos solos a mitad del camino.
El IESALC señala que los exámenes de admisión estandarizados funcionan como filtros sociales, profundizan la desigualdad y no valoran adecuadamente el talento real. Al igual que los exámenes de admisión tradicionales, no son neutrales, sino mecanismos que reproducen las desigualdades existentes. Los egresados de escuelas públicas, con carencias estructurales, no compiten en igualdad de condiciones con quienes provienen de centros privados. A ello se suman las limitaciones económicas y la desconexión entre algunas carreras y las oportunidades laborales, así como programas académicos tradicionales de cinco o seis años basados, en ocasiones, en la memorización de teorías que no responden plenamente a las necesidades actuales.
El mundo actual exige profesionales flexibles, capaces de resolver problemas y trabajar en equipo.
UNESCO-IESALC (2026) recomienda que las universidades rompan moldes rígidos y eviten la hiperespecialización técnica para desarrollar empatía, pensamiento crítico y ética.
La educación superior en Panamá es un derecho público, no un negocio, y como ciudadanos exigimos acciones urgentes:
• Presupuesto digno para las universidades estatales y mayor control de calidad sobre la oferta privada.
• Permanencia estudiantil: crear becas reales de transporte, alimentación y tutorías para frenar la deserción.
• Conectividad total: garantizar internet e inteligencia artificial como servicios básicos en cada región.
• Carreras modernas: ofrecer cursos cortos, flexibles y enfocados en resolver crisis sociales y ambientales.
• Sedes compartidas: utilizar laboratorios e instalaciones de escuelas medias para impartir clases universitarias en distritos distantes.
En conclusión, es tiempo de que todos los panameños exijamos a quienes administran el Estado nacional una visión de país que garantice calidad de vida para la población. El futuro de nuestra juventud y la patria soñada por sus precursores deben ser rescatados mediante políticas públicas que prioricen la educación, la innovación y el desarrollo humano.
Panamá es una república con condiciones privilegiadas para el desarrollo humano y la calidad de vida en América Latina. Su sólida economía, basada en servicios globales y en el Canal de Panamá, le permite ofrecer infraestructura moderna y condiciones favorables para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, compromisos que también deberían formar parte de la visión de quienes aspiren a dirigir el país en los próximos años..
El autor es docente universitario.
