Las recientes expresiones del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de anexar la isla de Groenlandia al territorio de Estados Unidos han reavivado un debate que parecía superado en el orden internacional contemporáneo: la pretensión de adquirir territorios ajenos como si se tratara de bienes negociables. Más allá de si tales declaraciones se concretan o no en una política formal, su sola formulación representa un retroceso conceptual y político, incompatible con el derecho internacional vigente y con el principio de libre determinación de los pueblos.
Groenlandia es un territorio autónomo bajo soberanía del Reino de Dinamarca, con instituciones propias y un proceso político interno que, desde hace décadas, discute su futuro con creciente énfasis en la autodeterminación. No se trata, por tanto, de una tierra sin dueño ni de un espacio disponible para la expansión geopolítica de una potencia extranjera. Cualquier intento de anexión, compra o apropiación forzada violaría abiertamente la Carta de las Naciones Unidas, en particular los principios de igualdad soberana de los Estados y de prohibición del uso de la fuerza o de la coacción para alterar fronteras.
El derecho de los pueblos a decidir libremente su estatus político es uno de los pilares del sistema internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este principio no solo protege a los Estados, sino también a las comunidades humanas que los habitan, con su identidad, cultura e historia propias. Ignorarlo equivale a negar siglos de evolución jurídica y moral que buscaron, precisamente, desterrar las prácticas imperialistas que marcaron algunos de los capítulos más oscuros de la historia.
Las declaraciones de Trump evocan, inevitablemente, la lógica del colonialismo de los siglos XV al XVIII, cuando las potencias europeas se repartían territorios en mapas trazados a miles de kilómetros de distancia, sin consulta alguna a los pueblos originarios. En aquella época, la expansión territorial se justificaba en nombre de la civilización, la seguridad o el interés estratégico, argumentos que hoy resurgen con un lenguaje distinto, pero con el mismo trasfondo de dominación.
El colonialismo no solo implicó la ocupación de tierras, sino también la explotación de recursos, la imposición cultural y la negación sistemática de la dignidad de pueblos enteros. Que en pleno siglo XXI se sugiera la anexión de un territorio habitado, con instituciones propias y reconocimiento internacional, revela una preocupante normalización de discursos que creíamos superados. No es casual que estos planteamientos surjan en un contexto de creciente competencia por recursos estratégicos, rutas comerciales y control geopolítico del Ártico, una región cada vez más codiciada por el cambio climático y la apertura de nuevas vías marítimas.
Aceptar, aunque sea retóricamente, la idea de que una potencia puede adquirir un territorio por conveniencia estratégica sienta un precedente peligroso. Si se legitima esa lógica, ¿qué impediría que otros Estados intenten lo mismo en distintas regiones del mundo? El orden internacional se basa, precisamente, en la previsibilidad de las normas y en el respeto a límites claros.
Groenlandia no es una mercancía ni una ficha en un tablero geopolítico. Es un pueblo con derecho a decidir su destino. Cualquier intento de desconocer esa realidad no solo vulnera el derecho internacional, sino que nos devuelve a una época en la que la fuerza y la ambición se imponían sobre la justicia y la dignidad humana. Defender la autodeterminación de Groenlandia es, en última instancia, defender la vigencia de un mundo regido por reglas y no por impulsos imperiales.
La autora es abogada.
