La célebre obra de Lope de Vega retrata a un pueblo entero que, cansado de los abusos del poder, decide actuar colectivamente y luego asumir, también colectivamente, la responsabilidad de sus actos. Durante siglos, la historia ha sido interpretada como una reivindicación de la justicia popular frente a la tiranía.
Pero en Panamá pareciera que hemos construido una versión invertida de Fuenteovejuna.
Aquí no estamos ante un pueblo que se une para enfrentar el abuso, sino ante sistemas institucionales donde la responsabilidad se diluye entre grupos de poder, clientelas políticas y estructuras corporativas que terminan protegiéndose mutuamente. Y quizá ningún caso ilustra mejor esta deformación institucional que la crisis recurrente de nuestras universidades públicas.
La situación de la Universidad Autónoma de Chiriquí no es un fenómeno aislado. Es apenas el síntoma más visible de un problema mucho más profundo: un modelo de gobernanza universitaria que ha terminado politizando, clientelizando y degradando progresivamente la educación superior pública en Panamá.
El problema comienza con el propio sistema electoral universitario.
En teoría, la elección democrática de autoridades parecería un mecanismo legítimo y participativo. En la práctica, sin embargo, el modelo ha derivado en campañas internas permanentes, pactos políticos, intercambio de favores, estructuras clientelares y decisiones orientadas más a preservar apoyos electorales que a elevar la calidad académica.
Cuando quienes administran universidades dependen electoralmente de los mismos grupos internos que luego deben supervisar, evaluar o disciplinar, la institucionalidad se debilita peligrosamente. La prioridad deja de ser la excelencia académica y pasa a ser la gobernabilidad política interna.
Así, las universidades corren el riesgo de convertirse en pequeños sistemas políticos cerrados, donde la permanencia en el poder depende más de redes de lealtad que de resultados verificables en investigación, acreditación, innovación o calidad docente.
El daño que esto produce es enorme.
Se deterioran los estándares académicos. Se desincentiva la meritocracia. Se burocratiza la educación superior. Y se envía un mensaje devastador a buenos docentes y estudiantes: que el esfuerzo intelectual pesa menos que las alianzas políticas internas.
Lo más grave es que el país entero termina pagando las consecuencias.
Una nación que aspire a competir en una economía basada en conocimiento, tecnología e innovación no puede darse el lujo de tener universidades capturadas por dinámicas político-electorales internas. Mucho menos en momentos en que Panamá enfrenta enormes desafíos estructurales: transformación productiva, digitalización, gestión hídrica, cambio climático, logística avanzada, inteligencia artificial y formación de capital humano especializado.
Las universidades públicas deberían ser el principal motor de pensamiento crítico, investigación aplicada y movilidad social del país. Deberían ser espacios de excelencia intelectual y libertad académica. Pero para lograrlo necesitan sistemas de gobernanza modernos, transparentes y centrados en resultados.
Esto obliga a abrir un debate nacional serio y sin tabúes.
¿Tiene sentido que universidades complejas y estratégicas para el futuro nacional funcionen bajo esquemas electorales que incentivan el clientelismo interno? ¿Debe el país seguir confundiendo autonomía universitaria con ausencia de rendición de cuentas? ¿No ha llegado el momento de discutir modelos híbridos donde exista participación universitaria, sí, pero también estándares externos rigurosos de desempeño académico, investigación y gestión institucional?
Muchos de los sistemas universitarios más prestigiosos del mundo combinan autonomía con fuertes mecanismos de evaluación, juntas directivas independientes, exigencias de productividad académica y procesos de selección basados en trayectoria y capacidad gerencial, no únicamente en popularidad electoral interna.
Panamá necesita evolucionar hacia algo similar.
Porque cuando todo el sistema termina justificando sus propias deformaciones, cuando nadie asume responsabilidad institucional y cuando todos se protegen mutuamente mientras la calidad educativa se deteriora, volvemos inevitablemente a la pregunta de Fuenteovejuna:
¿Quién mató la excelencia universitaria?
Y la respuesta pareciera ser la misma:
“Fuenteovejuna, señor”.
El autor es exdirector de La Prensa
