Fuente Ovejuna es el título de una inmortal obra del Siglo de Oro español escrita por Lope de Vega, basada en un hecho histórico real ocurrido en el pueblo de Fuente Ovejuna, en la provincia de Córdoba, España, en 1476. La trama narra la rebelión de los habitantes contra los abusos del tiránico Comendador, quien termina linchado en la plaza pública como resultado del hastío popular ante sus actos de injusticia y corrupción.
Durante la investigación posterior, los habitantes declararon colectivamente que fue “Fuente Ovejuna” quien lo mató, lo que llevó a los Reyes Católicos a perdonarlos por falta de culpables individuales. A la vez, adoptaron al pueblo bajo su protección directa, reconociendo así la validez de la justicia popular ante la tiranía del Comendador y su distorsión aberrante de la ley.
Este lejano episodio literario no solo ilustra el comportamiento humano, sino que también refleja —guardadas las proporciones— la sensación de hartazgo y repugnancia que los actos de la justicia panameña generan, de manera acumulativa, en la población. Me refiero, específicamente, al inexplicable anuncio de la suspensión del emblemático juicio del caso Odebrecht por corrupción y blanqueo de capitales, previsto para el pasado 11 de noviembre, luego de una década de demoras e innumerables posposiciones previas.
La decisión fue comunicada por la jueza Baloisa Marquínez, quien alegó que la audiencia debía suspenderse hasta enero del próximo año porque “no se ha podido ubicar la dirección ni notificar la fecha de audiencia al expresidente Ricardo Martinelli”.
Hasta ahora, la jueza Marquínez, tras el llamamiento a juicio del 7 de noviembre de 2022, había fijado tres fechas distintas para el inicio del proceso: primero el 15 de julio de 2024, luego el 12 de noviembre de 2024, y finalmente el 11 de noviembre de 2025. De todas las razones expuestas para justificar las suspensiones, esta última es la más desconcertante: una excusa que raya en lo inverosímil, pues el acusado es, a todas luces, una figura pública que no se esconde.
Es difícil no interpretar esta maniobra como un insulto a la inteligencia colectiva. Parece que, para la jueza Marquínez, el pueblo panameño es una masa amorfa de ingenuos pendiente de los carnavales. Solo así se explica que se atreva a presentar semejante excusa, cuando todo el país —incluso el embajador panameño en Colombia, Mario Boyd, y el diputado Jamis Acosta, quien se ofreció públicamente a gestionar visitas— sabe dónde se encuentra el expresidente. El propio Martinelli, burlonamente, admitió en redes sociales que sí fue notificado.
Mientras tanto, ni la Cancillería panameña ni la jueza Marquínez parecen haberse planteado denunciar el hecho de que Martinelli, pese a su condición de asilado, sigue opinando sobre la política nacional, asesorando al presidente y participando activamente en la vida pública, en abierta violación a las normas internacionales sobre asilo político.
Quien sin duda debe sentirse complacido con esta complacencia institucional es el diputado Luis Eduardo Camacho, que ve fortalecido su empeño de promover una ley del perdón o de impunidad en favor de su amigo, condenado por blanqueo y prófugo de la justicia, fácilmente localizable en Colombia por cualquier ciudadano o periodista.
El caso Odebrecht no es un juicio más ni un episodio aislado de corrupción. Es el símbolo máximo de la impunidad y del desprecio institucional por la justicia. Un reflejo del colapso moral del sistema judicial panameño.
Como en Fuente Ovejuna, el pueblo observa, acumula su indignación y, llegado el momento, responde. Fuente Ovejuna está avisada.
El autor es pintor y escritor.
