Desde hace más de dos décadas se desarrollan negociaciones interminables entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) para alcanzar un Acuerdo de Asociación. Una y otra vez, cuando parece lograrse un cierre definitivo, surgen nuevos obstáculos que reabren el debate.
Si bien los vínculos formales entre ambos bloques se establecieron apenas creado el Mercosur en 1991, las negociaciones para un acuerdo de asociación comenzaron en 1999. Tras veinte años de avances y retrocesos, en junio de 2019 se proclamó que habían concluido. Sin embargo, el proteccionismo europeo solapado y las demandas medioambientales más estrictas frenaron el proceso de ratificación. En un escenario internacional más fluido y desafiante, en diciembre de 2024 se anunció un nuevo entendimiento que se tradujo, esta vez sí, en la presentación formal del acuerdo por parte de la Comisión Europea, aunque dividido en dos textos.
La separación entre un Acuerdo Comercial provisional y un Acuerdo de Asociación —una alternativa que facilita la aprobación del componente comercial por parte de las instituciones europeas— constituye una señal clara de la voluntad de la Comisión de avanzar y evitar bloqueos derivados de eventuales vetos. La pregunta que se impone ahora es si esta vez se alcanzará efectivamente el desenlace o si el proceso volverá a quedar abierto. Por ahora, son los países del Mercosur quienes aguardan a que los europeos terminen de definir su postura.
Cómo se vota el Acuerdo Comercial en la UE
En el Consejo, los acuerdos internacionales de carácter comercial requieren mayoría cualificada: al menos el 55% de los Estados miembros (15 de 27) que representen como mínimo el 65% de la población de la UE. Si bien no es necesaria la unanimidad, el peso relativo de Francia y otros Estados con sensibilidad agraria constituye un riesgo real, ya que la oposición de un solo actor relevante puede complicar seriamente la dinámica. En el Parlamento Europeo, la aprobación requiere una mayoría simple de votos. Esta condición, aparentemente favorable, tiene un doble filo: puede facilitar tanto la aprobación como el rechazo.
La correlación de fuerzas en el Consejo y el Parlamento
La Comisión Europea intenta persuadir a los Estados reacios mediante la incorporación de salvaguardias adicionales —presentadas el 7 de octubre pasado— destinadas a reforzar la protección de los agricultores europeos. Al parecer, Italia ya habría sido convencida. Polonia, en cambio, mantiene su descontento, aunque su ministro de Agricultura señaló que se trabajan mecanismos de protección a los productores, lo que generó críticas opositoras por una supuesta cesión frente a Bruselas.
En este contexto, el “factor Francia” continúa siendo decisivo. La presión del influyente lobby rural y el consenso político sobre la defensa de los intereses agrícolas explican la resistencia francesa. Las declaraciones más recientes de Emmanuel Macron —en medio de una prolongada crisis política interna— parecían sugerir cierta disposición a reconsiderar el veto. Sin embargo, mientras el canciller alemán Friedrich Merz generó confusión al afirmar —erróneamente— que en el Consejo Europeo del 23 de octubre los Estados miembros habían respaldado por unanimidad la firma del acuerdo, Macron aseguró que “el trabajo continúa” para concluir las cláusulas de salvaguardia introducidas por la Comisión Europea, consideradas por París “imprescindibles” para mejorar el texto.
También expresó su deseo de que el proceso finalice pronto y de que los países del Mercosur reciban la notificación correspondiente para formalizar el acompañamiento solicitado por Francia. El deseo de avanzar rápidamente de países como Alemania o España vuelve a toparse con las demandas de protección planteadas por Francia. En días recientes, el reelegido primer ministro Sébastien Lecornu reafirmó ante la Comisión Europea la disconformidad francesa con el acuerdo y exigió medidas para evitar competencia desleal por parte de los agricultores sudamericanos. Lecornu envió una carta a la Comisión: una precaución sensata, tras la misteriosa desaparición de los correos de Macron a Ursula von der Leyen reiterando la oposición francesa al acuerdo. Von der Leyen actualmente se encuentra bajo investigación por estos hechos.
En el Parlamento Europeo también se observan tensiones. Las líneas de fractura son principalmente nacionales: los eurodiputados franceses, polacos e irlandeses, de casi todo el espectro político, se oponen al acuerdo, mientras que los de Alemania, España y Portugal se cuentan entre sus defensores más firmes. En los Países Bajos y Austria las críticas son generalizadas, pero los eurodiputados están divididos. Ideológicamente también hay diferencias: un sector de izquierda impulsa una resolución para cuestionar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la UE. Aunque el Partido Popular Europeo (PPE), el grupo más numeroso, respalda la ratificación, cuarenta eurodiputados —incluidos catorce del propio PPE— enviaron una carta a la Comisión expresando sus reservas. Otros viajan a Brasil en misión de evaluación parlamentaria.
Un acuerdo histórico... si se concreta
El acuerdo entre la UE y el Mercosur constituiría el mayor pacto comercial en la historia de ambos bloques. Pero, parafraseando a Borges, “no es el amor lo que los une, sino el espanto”. A la sombra de flujos comerciales asimétricos e intereses opuestos, la política proteccionista de la administración Trump funcionó como un factor externo determinante, impulsando un acercamiento que de otro modo habría sido más difícil de concretar. Mientras el Mercosur busca consolidarse ante la UE como socio estratégico y muestra mayor flexibilidad, Europa sigue limitada por la necesidad de proteger sectores sensibles de su economía y de reafirmar su papel en un sistema multilateral de comercio basado en reglas.
Y si no se concreta, tampoco sería necesariamente catastrófico. Los vínculos Mercosur–UE acumulan más de treinta años de historia sin un acuerdo formal. De no firmarse y ratificarse, simplemente estaríamos ante un nuevo episodio de una relación acostumbrada a los avances parciales, los retrocesos y la resiliencia.
La autora es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Directora del Grupo de Estudio sobre la Unión Europea en la UNR.
