La madrugada del sábado 14 de noviembre, el estallido y el incendio que destruyeron dos vehículos en el garaje de la residencia de Rolando Rodríguez, subdirector asociado de este diario, pusieron en riesgo la vida de su esposa, Nadia de Rodríguez, quien alcanzó a salir ilesa. Aquel ataque en Brisas del Golf marca un punto de quiebre para el ejercicio periodístico en Panamá. Como señaló el propio Rodríguez tras lo ocurrido, se han alterado las reglas del juego en el país. Ante la gravedad de los hechos y tras las declaraciones del presidente y director de La Prensa, Jorge Molina, quien calificó la agresión como un acto de terrorismo, conviene examinar el suceso desde el rigor conceptual y analizar sus consecuencias políticas e institucionales.

El efecto y el método

Para evaluar con precisión lo sucedido, es necesario distinguir entre dos categorías que operan de forma conjunta, pero poseen naturalezas distintas: el terror y el terrorismo.

El terror es el efecto psicológico, la reacción primaria de miedo extremo que se busca provocar en las víctimas y en un colectivo social ante una amenaza destructiva. En este caso, el terror fue el resultado inmediato perseguido por los responsables, que buscaron vulnerar el espacio privado de un periodista de investigación con más de cuatro décadas de oficio, intimidar a su familia y lanzar una advertencia a los reporteros, editores y ciudadanos que fiscalizan el ejercicio del poder público en Panamá.

La triangulación de la violencia

Sin embargo, el método empleado para producir ese efecto responde a la estructura del terrorismo. El terrorismo no es una ideología, sino una táctica de violencia premeditada que emplea la fuerza contra objetivos civiles o no combatientes con el fin de coaccionar, intimidar y condicionar el funcionamiento de las instituciones. En el atentado contra la vivienda de Rodríguez concurren los elementos propios de esta práctica, en particular lo que en teoría política se conoce como la triangulación de la violencia. La destrucción del patrimonio y la puesta en peligro de la familia del periodista constituyen apenas el blanco táctico; el objetivo estratégico es una audiencia más amplia: el gremio periodístico en su conjunto, las autoridades encargadas de administrar justicia y la sociedad panameña que exige transparencia.

Al margen de las calificaciones penales que determine el Ministerio Público —que ya formuló cargos contra el conductor del vehículo registrado en las cámaras de videovigilancia mientras prosigue la búsqueda de los autores intelectuales—, la lectura política del hecho obliga a definirlo con exactitud. Cuando se recurre a explosivos y fuego de manera selectiva para frenar investigaciones sobre presunta corrupción o castigar a quienes publican información incómoda para determinados sectores, estamos ante un acto de terrorismo dirigido contra la libertad de expresión.

De los tribunales a los explosivos

Este ataque tampoco es un episodio aislado. Representa el punto más grave de una progresiva escalada de hostigamiento contra la prensa independiente en Panamá. Durante años, grupos contrarios al escrutinio público han intentado neutralizar las investigaciones periodísticas mediante querellas penales, demandas civiles por sumas millonarias, secuestros judiciales de bienes y campañas coordinadas de desinformación en redes sociales. El paso de los litigios a los artefactos incendiarios en la madrugada evidencia que, ante la resistencia de un periodismo que no cede frente a la asfixia financiera o legal, los instigadores han optado por métodos propios de la delincuencia organizada.

El riesgo de la autocensura

Las repercusiones de este hecho exceden el ámbito estrictamente policial y comprometen la estabilidad democrática del país. En primer término, el ataque busca inducir la autocensura. Si fiscalizar el manejo de los recursos del Estado pasa de acarrear litigios a poner en riesgo la integridad física del núcleo familiar del periodista, existe el peligro real de que el silencio se imponga como medida de autoprotección. Una prensa condicionada por la amenaza deja a la ciudadanía a ciegas frente al abuso y la impunidad. En segundo término, aceptar como normal que un periodista requiera custodia policial permanente para resguardar su domicilio supondría admitir un deterioro severo de nuestra convivencia civil y proyectar una imagen de debilidad institucional ante las redes criminales que operan en la región.

La respuesta de las instituciones del Estado y de la sociedad civil debe corresponder a la magnitud de esta agresión. No basta con procesar al ejecutor material que descendió de un taxi a las 2:18 de la madrugada; la institucionalidad panameña está obligada a identificar, capturar y juzgar a quienes financiaron, planificaron y ordenaron el atentado. Frente al uso del terrorismo como herramienta de intimidación política, la única respuesta válida es la aplicación rigurosa de la ley y la continuidad del trabajo periodístico sin concesiones.

El autor es analista de relaciones internacionales y seguridad multidimensional.