Existe una parte de la sociedad disconforme que encontrará cauce para su descontento depositando o no su voto alternativo en las urnas el próximo 29 de noviembre; hay otra ciudadanía que reivindica, con toda legitimidad, el acceso a la vivienda o unos salarios dignos; y no faltan sectores empresariales que reclaman un mayor control de las bajas laborales, mejor formación y una fiscalidad más competitiva. Algunos coincidirán en lo más, otros en nada. Todo ello es plenamente legítimo en un marco democrático y respetuoso donde pensar, exigir mejores servicios públicos, garantizar el derecho a la seguridad, a la educación, a la sanidad, a la posibilidad de adquirir una vivienda o a la de combatir el maltrato, esquivar desigualdades y promover alternativas de ocio sano son vías que hacen posible convivir, dialogar, disentir y, por encima de todo, acordar lo esencial.
Al fin y al cabo, esa base de convivencia se cimenta en una Constitución que dibuja un horizonte amplio para acoger a todos —piensen como piensen y sea cual sea su condición—, capaz de tejer un auténtico bienestar social que proteja a los más vulnerables y que garantice, al mismo tiempo, el firme ejercicio de la Justicia frente a quienes, sean quienes fueren, quebrantan las reglas.
El conformismo es una opción; la búsqueda de alternativas a través de la vía democrática, otra. Por supuesto, también son imprescindibles la libertad de expresión y el derecho de manifestación o huelga utilizando cauces legales. Mucho más dudosa parece la ocupación por la fuerza de espacios públicos mediante acampadas ilegales; e intolerable, la coacción: desde el uso de piquetes encapuchados para forzar el cierre de establecimientos hasta el saqueo de comercios o la imposición de fines espurios.
Hay que empezar por preguntarse si, sin exclusiones, seremos capaces de reconocer los derechos del otro antes de reivindicar los nuestros; de respetar nuestra cultura y valores, o de proponer alternativas razonables, y también otras; de concebir que la propia libertad termina donde empieza la de los demás; y de admitir que, en lo fundamental, las demandas sociales convergen. La única forma de avanzar como una sociedad moderna pasa por consensuar, exigir y fiscalizar el cumplimiento, en el marco de la legalidad, de los compromisos adquiridos por los dirigentes políticos, sociales y económicos.
Hace falta una ciudadanía proactiva, capaz de leer unos tiempos convulsos, cambiantes, acelerados y desiguales, donde las distintas expresiones sociales encuentren cauces de respuesta justa, evaluación imparcial y, de igual modo, el riguroso sometimiento a la ley de cualquier conducta al margen de la norma democrática. Una sociedad comprometida, libre, solidaria, acogedora.
No queremos más piquetes enmascarados ni amedrentamientos; tampoco mafias, corrupción, incompetencia política, instituciones inútiles o colectivos subvencionados para imponer una determinada visión ideológica excluyente, sea la que fuere. Tampoco debería caber el espacio para impostores disfrazados de un falso buenismo ni para la falta de ética en las comunicaciones públicas y privadas. Con careta o sin ella, todo exceso erosiona la convivencia.
Urge desenmascarar a quienes ignoran otra forma de diálogo que no sea el insulto, la agresión o el destrozo de lo común, y urge blindar la libertad de quien piensa diferente. Nos queda mucho por hacer, por respetar y por trabajar para competir en un mundo global y exigente. Dar la cara es de valientes; destruir mobiliario urbano, amenazar a un comerciante o amedrentar al adversario, manipular la información o intentar alterar las campañas electorales y el voto es, sencillamente, la vía de quienes reniegan de la convivencia.
Soluciones: lo primero, votar. Es el mayor ejercicio de libertad y la posibilidad más legítima de protestar o premiar.
Y en el horizonte Europa e Iberoamérica. Eso siempre.
El autor es periodista
