En Panamá, la prueba de hermeticidad se ha convertido en uno de los temas más polémicos dentro de los edificios residenciales y comerciales, debido a los largos períodos en que se suspende el suministro de gas mientras se realizan inspecciones, reparaciones y certificaciones. Muchos expertos consideran que Panamá es uno de los pocos países donde un edificio puede permanecer semanas o incluso meses sin servicio de gas, generando incomodidades, gastos adicionales y afectaciones a la calidad de vida de miles de familias.
Las pruebas de hermeticidad forman parte de las normas de seguridad utilizadas para detectar fugas en sistemas de gas. Estas inspecciones están relacionadas con estándares internacionales como los establecidos por la National Fire Protection Association, específicamente las normas NFPA 54 y NFPA 58, que regulan instalaciones de gas combustible y gas licuado de petróleo. El objetivo principal de estas normas es prevenir accidentes, explosiones e incendios ocasionados por fugas o instalaciones defectuosas.
La prueba de hermeticidad consiste en verificar que una tubería o sistema de gas no presente pérdidas. Para ello, se introduce presión en las líneas y se monitorea durante un tiempo determinado. Si la presión disminuye, se presume la existencia de una fuga. Por otro lado, la prueba de presión se enfoca en determinar si las tuberías soportan correctamente niveles específicos de presión sin deformarse ni fallar estructuralmente. También existe la llamada prueba de fuga de gas, que utiliza equipos especializados para localizar exactamente el punto donde se escapa el combustible.
Aunque estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad, el problema en Panamá radica en los tiempos de respuesta y en la forma en que se manejan las suspensiones del servicio. En otros países de América Latina, Europa o Estados Unidos, cuando se detecta una fuga, las reparaciones suelen ejecutarse en períodos mucho más cortos, gracias a protocolos ágiles, mayor disponibilidad de técnicos certificados y coordinación inmediata entre administraciones, empresas gasistas y autoridades competentes.
En Panamá, sin embargo, es frecuente que un edificio permanezca semanas o meses sin gas debido a procesos burocráticos, la espera de permisos, la falta de materiales o retrasos en certificaciones. Durante ese tiempo, los residentes deben recurrir a estufas eléctricas, restaurantes o equipos improvisados para cocinar. Esto genera un aumento considerable en el consumo eléctrico y en los gastos familiares.
Además, muchas personas mayores, familias con niños pequeños y comercios que dependen del gas se ven seriamente afectados.
Nadie discute la importancia de cumplir con las normas NFPA ni la necesidad de realizar pruebas de hermeticidad para proteger vidas. Sin embargo, consideramos que Panamá necesita una nueva reglamentación para adecuar los procedimientos a los utilizados internacionalmente, acelerar los procesos de inspección y establecer tiempos máximos de respuesta para evitar que miles de personas queden sin un servicio esencial durante períodos excesivamente largos.
La seguridad debe ser una prioridad, pero también debe existir eficiencia, planificación y sentido común en la atención de este tipo de situaciones.
El autor ha sido profesor universitario, jefe de Distribución Eléctrica, director de Ingeniería en la Contraloría General de la República y diputado suplente en el período 2019-2024.
