En el año 2024 se promulgó una ley que otorga el pago de un bono de 140 balboas a los jubilados en Panamá, repartidos en tres desembolsos: abril, agosto y diciembre.
Sin embargo, dicho beneficio no es para todos los jubilados, ya que solo gozarán del mismo quienes estuvieron en la planilla de la Caja de Seguro Social hasta junio de 2024, fecha de aprobación de la ley.
El resto de las personas que se jubilaron posterior a la fecha antes descrita no tendrán derecho a la ayuda, lo cual, a mi juicio, constituye un acto discriminatorio, tomando en cuenta que el fondo para dichos pagos proviene de un impuesto aplicado a las bebidas alcohólicas que genera un caudal monetario bastante significativo.
Todavía me extraña que ningún gremio de jubilados o algún diputado en la Asamblea se haya pronunciado sobre este acto excluyente hacia miles de panameños que también dieron su cuota de sacrificio para este país durante casi toda una vida.
Panamá es uno de los países, de acuerdo con lo que he investigado, donde peor se trata al adulto mayor, ya que los supuestos beneficios que se les otorgan muchas veces son ignorados.
De acuerdo con la Ley 6 de 1987, el adulto mayor debe disfrutar de varios descuentos en diferentes rubros de servicios; no obstante, en la práctica esto se pasa por alto sin que exista una inspección rutinaria por parte de las autoridades que deben velar por su cumplimiento.
La ley establece, por ejemplo, que los hoteles cobrarán un 50% del hospedaje de lunes a jueves y un 30% los viernes, sábado y domingos, pero existen muchos hoteles que solo aplican el 30% todos los días. Lo digo porque me ha tocado investigar en muchos de estos establecimientos donde no se cumple a cabalidad con la norma de descuento.
En cuanto a los medicamentos, la ley establece un descuento del 15%, cifra que me parece irrisoria, tomando en cuenta que hay adultos mayores que padecen enfermedades crónicas y necesitan medicamentos que el seguro social no tiene.
La mayoría de los jubilados prácticamente se ven obligados a comprar en farmacias particulares, ya que, para variar, la Caja de Seguro Social enfrenta constantes desabastecimientos de medicamentos para la presión o la diabetes, entre otros.
Por otra parte, existen algunas farmacias que aumentan el costo de los medicamentos para que el descuento al adulto mayor no les afecte, como si la vida de un jubilado fuera un tema de “libre oferta y demanda”.
Algunos restaurantes de comida rápida no aplican el descuento del 25%, con el argumento de sus ofertas y combos familiares, donde alegan que el descuento ya está implícito.
En un restaurante regular, al adulto mayor se le descuenta solo una comida; si pide otra para llevar, no aplica el beneficio. Hasta la comida se les regatea.
Se busca la mínima excusa para no brindar el beneficio al adulto mayor, ni siquiera por humanidad o solidaridad, como si se tratara de seres de tercera categoría.
Casi dos meses antes de mi jubilación, ya había varios bancos llamándome para ofrecerme sus tentadores préstamos, pagaderos en más de una década: los conocidos “préstamos de la muerte”, en los que muchos sucumben.
Hasta la fecha no sé de dónde provino la fuga de información sobre mi dirección y teléfono, pero es casi seguro que se originó en algún departamento de la Caja de Seguro Social relacionado con montos y planillas.
Este tema lleva años sin poder resolverse y no ha existido gobierno ni director de la entidad mencionada que haya podido ponerle el “cascabel al gato”.
El autor es sociólogo y jubilado.
