El historiador Fernando Aparicio me señaló recientemente: “Viene el segundo asalto”, y este será más de “resistencia” que de “rebelión”. Estamos entrando en una nueva fase del conflicto en torno al extractivismo minero metálico a cielo abierto en Panamá. Ya no estamos ante las circunstancias que produjeron las movilizaciones de 2023. El escenario cambió.

Sobre el primer asalto, escribí El despertar de un pueblo. Ensayo sobre cómo un pequeño país se enfrentó y ganó a una gran transnacional. Aquel momento estuvo marcado por una movilización contra la Ley 406. Sindicatos, jóvenes, organizaciones ambientalistas, pueblos aurorales y ciudadanía salieron a las calles. Ese asalto culminó con la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 406 por la Corte Suprema de Justicia. Pero la derrota jurídica del contrato no hizo desaparecer el extractivismo metálico a cielo abierto.

El verdadero dilema está en cómo posibilitar la sostenibilidad de la vida. El conflicto de 2023 puso en discusión nuestra relación con la naturaleza, la soberanía sobre los recursos y el derecho de la ciudadanía a participar en decisiones que comprometen el futuro del país.

Desde esa perspectiva hay que leer el informe entregado al presidente José Raúl Mulino. El documento recomienda “evaluar la viabilidad de entrar en una nueva relación con Cobre Panamá/Firs Quantum Minerals LTD” y establecer condiciones para “una puesta en marcha que permita lograr un cierre ordenado”. Aquí comienza el segundo asalto. No se propone volver al contrato declarado inconstitucional, sino estudiar una nueva relación con la empresa bajo otra fórmula jurídica.

Las intervenciones de los ministros ayudan a construir una narrativa dominante: “abrir para cerrar”. Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias, colocó el énfasis en las consecuencias económicas y sociales. Afirma que, mientras el país continúa discutiendo, “una economía regional se desarmó” y miles de panameños quedaron afectados.

Felipe Chapman, jefe de la cartera económica, desarrolló su argumento: “Cero es lo que debe costar al Presupuesto General del Estado una solución al tema de la mina de cobre. El sitio paga su propio cierre, o no hay arreglo”. El mensaje es sencillo: si el Estado asume el cierre, tendrán que pagarlo los panameños; si la mina genera los recursos, el país no tendrá que hacerlo.

Pero allí aparece una pregunta fundamental: ¿qué significa que la mina pague su propio cierre? El informe responde que “la actividad del sitio paga su propio cierre” y contempla un cierre progresivo mientras el sitio mantiene actividad. La cuestión deja entonces de ser solamente cómo cerrar la mina. También tenemos que preguntarnos qué actividad se realizará para financiar ese cierre, cuánto durará y cuáles serán sus límites.

Recordemos la duración del contrato según la Ley 406: “tendrá una duración inicial de veinte (20) años”, prorrogables. En cambio, el informe de la Comisión Interministerial no establece una fecha concreta de cierre.

Juan Carlos Navarro introduce otro elemento. El ministro de Ambiente afirmó: “La mina de Donoso jamás se debió haber construido. Panamá no estaba preparada. Las cosas no se hicieron bien”. Sin embargo, el informe en el que participa su ministerio contempla una puesta en marcha para alcanzar posteriormente el cierre.

Aquí reaparece la perspectiva crítica que planteamos en nuestro artículo publicado en Geografares. Desde una lectura del extractivismo, el problema no consiste únicamente en conseguir mejores condiciones económicas. Se trata de preguntarnos qué modelo de “desarrollo” queremos. El extractivismo convierte la naturaleza principalmente en un recurso destinado a generar valor económico, mientras sus costos ambientales y sociales son altísimos.

También advertimos que, ante una eventual reapertura, podían aparecer dos posiciones. Una buscaría imponer condiciones más estrictas, mayores beneficios para el país, compensaciones ambientales y participación ciudadana. Otra cuestionaría el extractivismo metálico a cielo abierto en sí mismo y defendería un modelo económico menos dependiente de la explotación intensiva de la naturaleza. El nuevo informe no elimina este dilema. Lo vuelve a colocar frente a nosotros.

El presidente Mulino ha dicho que estudiará el documento antes de tomar una decisión. También afirmó que no decidirá “a la carrera”. Pero el lenguaje utilizado por el Gobierno también debe ser objeto de análisis. Presentar el problema como una elección entre seguir perdiendo dinero o permitir que “el sitio pague su propio cierre” puede simplificar una discusión mucho más profunda.

El segundo asalto será diferente al primero. En 2023 había un contrato ley contra el cual rebelarse. Ahora tendremos delante conceptos como “cierre ordenado”, “puesta en marcha”, “autofinanciamiento” y una fuerte política represora. Por eso, la resistencia tendrá que ser fundamental. La pregunta sigue siendo la misma que planteamos al discutir el extractivismo: ¿qué lugar ocupa la vida frente a la explotación de la naturaleza? Y ahora debemos agregar otra: si para cerrar Minera Panamá hay que ponerla nuevamente en marcha, ¿qué significa realmente cerrar?

El autor es docente de la Universidad de Panamá.