La plataforma de servicios que Panamá ofrecía al mundo —basada principalmente en una economía centrada en servicios internacionales, logística global y captación de capital extranjero— nunca volvió a ser igual de atractiva para el mercado internacional desde los mal llamados Panama Papers. Pero, más que por el supuesto escándalo que estas publicaciones generaron, la caída de los servicios que esta plataforma ofrecía no se explica por una supuesta “mala reputación”. La verdadera razón han sido las regulaciones que, año tras año y administración tras administración, se han venido implementando con la excusa de que Panamá debe hacer lo que sea necesario para salir de las listas negras y grises.
Llevamos diez años modificando o aprobando leyes para quedar bien con quienes, en realidad, poco o nada les interesa el bienestar económico de Panamá. Como consecuencia, paulatinamente nos hemos vuelto menos competitivos frente a otras jurisdicciones que antes ni siquiera soñaban con superarnos.
Sin embargo, pese a todas estas modificaciones, los abogados que trabajamos estos temas seguimos luchando para que Panamá continúe generando divisas que ingresen a nuestra maltrecha economía. La última herramienta que aún nos queda para seguir en este bregar es que Panamá todavía mantiene el principio de territorialidad en materia fiscal.
En ese contexto, tanto la Inversión Extranjera Directa (IED) como los depósitos internacionales colocados en el Centro Bancario Internacional siguen desempeñando un papel decisivo en la estabilidad y expansión del PIB panameño, aunque de maneras distintas.
La IED representa capital extranjero destinado a actividades productivas de largo plazo: bancos, puertos, sedes regionales, telecomunicaciones, energía, bienes raíces o infraestructura. Esta inversión impacta directamente el PIB porque crea activos, empleo, construcción, consumo y producción de servicios. Aunque en 2025 el flujo anual de IED se redujo significativamente, el “stock” acumulado de inversión extranjera en Panamá continúa siendo sumamente alto en proporción al tamaño de la economía nacional, reflejando décadas de confianza internacional en la plataforma panameña.
Distinto es el caso de los depósitos extranjeros. Técnicamente, el dinero que personas naturales o jurídicas extranjeras transfieren a cuentas bancarias o de inversión en Panamá no constituye IED ni forma parte directa del PIB. Un depósito, por sí solo, no produce bienes ni servicios. Ahora bien, esa conclusión sería superficial si no se comprende el verdadero funcionamiento del modelo financiero panameño, cuyo principal soporte es el principio de renta territorial.
En Panamá, los depósitos internacionales son el combustible del sistema financiero. Alimentan la liquidez bancaria, fortalecen la capacidad crediticia y sostienen una industria completa de servicios financieros internacionales. El banco que recibe esos fondos genera comisiones, márgenes de intermediación, administración patrimonial, custodia de valores, financiamiento comercial y estructuración corporativa. Todo ello sí constituye producción económica y, por tanto, sí se incorpora indirectamente al PIB.
Más aún, esos capitales extranjeros generan un poderoso efecto multiplicador sobre el ecosistema profesional panameño. Además de abogados, participan fiduciarias, contadores, asesores patrimoniales, casas de valores y agentes corporativos en la estructuración y administración de vehículos legales utilizados por clientes internacionales. En particular, los abogados panameños, actuando como agentes residentes de sociedades anónimas y fundaciones de interés privado, ocupan una posición estratégica dentro del flujo global de capitales hacia Panamá.
Al cierre de 2025, el Centro Bancario Internacional registró US$116,800 millones en depósitos. De esa cifra, US$46,600 millones —equivalentes al 40%— correspondían a depósitos de extranjeros. Por su parte, el mercado de valores de Panamá mantiene US$44,000 millones en custodia y US$80,600 millones en administración. Este mercado está compuesto, predominantemente, por clientes extranjeros o regionales, en una proporción conservadora de entre 85% y 90%.
Es difícil determinar cifras exactas porque, aunque los depósitos bancarios y las cuentas de valores de extranjeros sí forman parte de las estadísticas oficiales, no existe un recuento detallado en las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) sobre los recursos vinculados a sociedades, fundaciones de interés privado y fideicomisos administrados o referenciados por agentes residentes. Estimamos que esos activos podrían oscilar entre US$30,000 millones y US$40,000 millones.
El sector legal de abogados agentes residentes ha sido históricamente uno de los grandes catalizadores indirectos del crecimiento financiero de Panamá, desempeñando un rol esencial como arquitectos jurídicos del flujo internacional de capitales hacia el país.
La relación es evidente: el abogado estructura la entidad jurídica, asesora al cliente sobre protección patrimonial y planificación transfronteriza y, frecuentemente, facilita la vinculación con bancos, fiduciarias y entidades financieras locales. Existe, además, un número importante de abogados agentes residentes que cuentan con sus propias fiduciarias. Esa interacción termina incentivando la apertura y mantenimiento de cuentas bancarias y de inversión en Panamá, introduciendo divisas al sistema financiero nacional.
Aunque esos fondos no se registren estadísticamente como IED, sí expanden la profundidad financiera del país y fortalecen sectores altamente productivos de servicios internacionales.
La propuesta de ley de sustancia económica constituye otro conjunto de disposiciones orientadas a seguir las mismas prácticas de administraciones anteriores, bajo el objetivo de salir de listas negras y grises. Este cuerpo legal representa el primer ataque directo al principio de territorialidad. Si bien no lo elimina formalmente, sí marca el inicio de una serie de cortapisas que generan una profunda preocupación sobre el eventual debilitamiento —o incluso desaparición— de este principio.
Es necesario enfatizar que, según cifras del Registro Público de Panamá, actualmente existen unas 222,975 sociedades anónimas vigentes y 39,188 fundaciones de interés privado, sin contar otros instrumentos societarios. Estas estructuras generan más de US$500 millones anuales para la economía panameña en tasas y servicios, además de decenas de miles de millones de dólares en depósitos y cuentas. También sostienen entre 4,500 y 7,000 empleos vinculados a actividades legales, societarias y marítimas.
Los requisitos excesivos de sustancia económica podrían poner en riesgo buena parte de este inventario corporativo y financiero.
En otras palabras, Panamá no solo exporta logística o servicios canaleros; también exporta arquitectura financiera, legal y corporativa. Y es precisamente esa convergencia entre capital extranjero, banca internacional y servicios profesionales especializados lo que convierte al país en uno de los hubs financieros más relevantes del hemisferio occidental.
El autor es abogado.
