América Latina tiene la costumbre de cambiar de piel sin terminar de sanar. Cada generación cree que vive un momento único, y en parte es verdad: los tiempos cambian, los liderazgos cambian, las ideologías que dominan el continente cambian. Pero si uno mira con atención, la historia de nuestra región parece moverse como un péndulo que oscila de un extremo a otro, mientras la herida de fondo sigue abierta.

El siglo XX fue el siglo de las dictaduras, y tuvieron todos los colores. En el Caribe y Centroamérica gobernaron las dinastías personalistas: Trujillo en República Dominicana, los Somoza en Nicaragua, Duvalier en Haití, Batista en Cuba. En el Cono Sur llegaron las juntas militares de Pinochet, Videla y Stroessner. En 1959 triunfó la revolución cubana, que prometió elecciones y justicia social y entregó más de seis décadas de partido único, presos políticos y miseria compartida. Hubo también militares de discurso nacionalista, como en el Perú de Velasco o en nuestro propio Panamá, que gobernaron en nombre del pueblo sin preguntarle al pueblo.

La lección es clara: la dictadura no tiene dueño ideológico. Pero el siglo XX dejó una enseñanza adicional. Los modelos que prometieron igualdad concentrando todo en manos del Estado terminaron igualando a sus pueblos en la pobreza y en el miedo. Cuba, Venezuela y Nicaragua no son accidentes; son el resultado previsible de un sistema que desconfía del individuo y lo convierte en súbdito.

Hacia finales del siglo, la región pareció aprender. Volvieron las urnas y casi toda América Latina pasó a vivir en democracia. Pero el péndulo no se detuvo. A comienzos de este siglo, una ola de gobiernos de izquierda recorrió el continente y, en varios países, degeneró en autoritarismo. Venezuela es el ejemplo más doloroso: aun después de la caída de Nicolás Maduro, el régimen sigue en pie, y una dirigente como María Corina Machado, reconocida con el Premio Nobel de la Paz por su lucha pacífica, no puede siquiera regresar a su país.

Hoy una nueva generación de votantes empuja el péndulo en la dirección contraria, y en Argentina, Chile o Bolivia los ciudadanos han castigado en las urnas a gobiernos que no supieron responderles. Esa alternancia es sana; es la democracia funcionando. Los tiempos cambian, como cambiaron en el siglo XX, y la región debe cuidar que el nuevo giro no repita los errores del anterior.

Pero hay algo que el péndulo no corrige. La mayoría de nuestros países viven hoy en democracia y, sin embargo, sus ciudadanos siguen esperando horas en un hospital sin medicinas, enviando a sus hijos a escuelas que se caen a pedazos y viendo cómo el agua no llega a sus casas mientras los presupuestos públicos crecen año tras año. La democracia nos devolvió el voto, pero no siempre nos ha devuelto la calidad de vida.

Y no hablo del Estado que lo controla todo, ese que el socialismo vendió como solución y que solo produjo dependencia. Tampoco del Estado ausente que abandona a su suerte a quien nació sin oportunidades. Hablo del Estado que da herramientas: educación que abra puertas, salud que funcione, seguridad que proteja, reglas claras que permitan emprender, trabajar y progresar. Un Estado que no sustituye al individuo, sino que crea las condiciones para que cada persona desarrolle su talento en sociedad.

Ese Estado tiene un enemigo que sobrevive a todos los cambios de gobierno: la corrupción. Es el peor mal de nuestra región porque se acomoda en cualquier ideología con la misma facilidad. Roba a las dictaduras y roba a las democracias. Cada dólar desviado es una medicina que no llega, un aula que no se construye, una oportunidad que se le niega a un joven. Y tiene un efecto aún más peligroso: le quita al ciudadano la fe en que la democracia sirve para algo. Cuando la gente deja de creer, empieza a mirar con nostalgia a los hombres fuertes, y la historia vuelve a empezar.

Por eso la lucha de esta generación es distinta. Ya no se trata solo de sacar a un dictador, sino de impedir que la democracia se vacíe por dentro. La trinchera de hoy es la transparencia en el gasto público, la fiscalización de cada contrato, la carrera pública basada en el mérito y no en el padrinazgo, y la justicia que alcance a todos por igual. Es saber transmitir que la democracia no es únicamente salir a votar, sino ejercer la ciudadanía fiscalizando la gestión pública, para que las nuevas generaciones lo entiendan.

Hay pueblos en nuestra región que todavía luchan por el derecho a elegir. Los que ya podemos hacerlo tenemos una tarea igual de urgente: demostrar que elegir vale la pena. Esa es la única forma de que el péndulo de nuestra historia deje de oscilar entre la esperanza y la decepción, y de que la próxima generación no tenga que leer en este siglo lo mismo que nosotros leímos en el anterior.

El autor es diputado de la República.