La célebre frase atribuida al monarca Luis XIV de Francia parece haberse instalado en el Palacio de las Garzas. José Raúl Mulino habla de las decisiones del Estado como si dependieran exclusivamente de su voluntad y se refiere a los recursos públicos como si fueran su patrimonio. “Yo compré todas las carpas que había en la ciudad capital”, anunció en San Miguelito.

¿Las pagó de su bolsillo? ¿O con los recursos de la Presidencia, provenientes de los impuestos de todos los ciudadanos? Igualmente, sentenció: “Yo no voy a parar el país”, como si Panamá necesitara de su autorización para seguir funcionando. Esta emergencia ha demostrado todo lo contrario. El país sigue adelante gracias a su gente.

Pero la creciente personalización del poder no es solo un problema semántico. Mulino quiere atribuirse incluso la facultad de decidir quién tiene derecho a cuestionarlo. Desde Chiriquí, reprochó a quienes, según él, “critican y no dan nada”: “Si por lo menos me parquearan cuatro o cinco contenedores de ayuda”. La generosidad ciudadana es digna de aplausos, pero no sustituye las obligaciones del Estado ni es un requisito para fiscalizar al gobierno. Mulino parece haber invertido los papeles: ahora es el presidente quien pretende fiscalizar a los ciudadanos y decidir quién tiene derecho a cuestionarlo.

Su visión del poder trastoca también la institucionalidad del Estado. “Por suerte no tengo vicepresidente, que para lo único que sirven es para conspirar”, declaró quien fue candidato a conspirador al aspirar a ocupar precisamente ese cargo junto a Ricardo Martinelli, antes de su condena e inhabilitación. El cargo de vicepresidente y sus funciones están expresamente establecidos en la Constitución que Mulino juró respetar. ¿No entra su interpretación personal en clara colisión con el mandato constitucional?

Eso sí, la Vicepresidencia, vacante y despreciada, tiene $145,936 presupuestados para el próximo año. ¿No podríamos convertir ese desprecio en un ahorro para el Estado y “parquearle” esos fondos a los damnificados? Me imagino que tendría que decidirlo su majestad Mulino, como aspira a decidir casi todo: el futuro de la mina, el de los puertos, la villa diplomática o el hospital de mascotas, y como decidió impulsar el tren a Chiriquí porque es “su idea”, aunque, después de $11.8 millones en estudios, todavía no se haya confirmado su viabilidad financiera.

La confusión entre lo personal y lo público alcanza hasta la salud. Mulino no ha considerado necesario justificar por qué el nuevo hospital oncológico de Bugaba debe llevar el nombre de su padre. Más allá de sus méritos, resulta cuestionable que, en plena emergencia nacional, el presidente inaugure un hospital dedicado a su progenitor y pretenda despachar las críticas como “morbo”. Asegura que no fue iniciativa suya, pero cuesta creer que alguien tan dispuesto a imponer sus decisiones no hubiese podido impedir el homenaje si lo consideraba inapropiado. En su concepción del poder, hasta sus afectos personales parecen convertirse en asuntos de Estado.

El jueves, en la carretera a Santiago, mientras Mulino se dirigía a Veraguas, unos ciudadanos sostenían pacíficamente un cartel que decía “Te tengo un bochinche”. La Policía les exigió retirarse por “órdenes superiores”, alegando una supuesta alteración del orden público. ¿Quién es ese superior cuya orden está por encima del derecho constitucional a la protesta? ¿Sería Mulino? El incidente revela hasta dónde puede llegar el abuso de poder cuando se pretende acallar hasta la crítica más inofensiva.

Mientras tanto, el monarca también decide dejar sin explicaciones asuntos que exigen escrutinio y rendición de cuentas. El IMA compra más de $300 mil en quesos a una asociación a la que pertenece la empresa del director, Nilo Murillo, sin descartar un conflicto de interés. Tres días después del terremoto, el Ministerio de Salud vuelve a prorrogar el cuestionado contrato de Hombres de Blanco, que venció sin refrendo de la Contraloría, elevando su monto a $24.1 millones. Y Roxana Méndez sale de la Autoridad Nacional de Descentralización en medio de versiones sobre irregularidades y/o diferencias con el contralor (Lucy 2.0), dejando descabezada a la institución que más necesita el gobierno para gestionar las respuestas al terremoto.

Por un lado, está el ímpetu represor de la Policía ante una expresión que surgió espontáneamente como reacción a quien considera que la única verdad es la que sale de su boca; los demás son bochinchosos. Por el otro, el vacío de controles y explicaciones sobre el uso de los recursos de todos, en plena emergencia nacional.

Mulino podrá seguir personalizando y concentrando el poder, ignorando que, en democracia, este descansa en la voluntad popular. Gobernar no es imponer la voluntad presidencial, sino consultar y construir consensos. Su autoridad termina donde comienzan los derechos de los ciudadanos. La Constitución está por encima de los afectos y odios presidenciales. Panamá no tiene reyes y ningún mandatario tiene derecho a comportarse como si el Estado le perteneciera.