En los últimos años hemos visto cómo el Estado se comporta como si fuera una gran organización no gubernamental. Con esto no pretendo restarle méritos a la sociedad civil, que día a día hace esfuerzos sobre el terreno para aliviar el dolor humano. Sin embargo, el Estado tiene la obligación de resolver de raíz los problemas sociales del país. Esto significa que sus intervenciones, es decir, sus políticas públicas, deben generar un impacto significativo, tanto cuantitativo como cualitativo.
Lo que vemos por parte de los gobiernos de turno es un asistencialismo social que sirve para la foto y los flashes mediáticos, pero que está lejos de ofrecer una solución real, significativa y duradera. Esto no quiere decir que el asistencialismo sea malo en sí mismo: entregar un bono o un paquete alimentario puede aliviar una urgencia inmediata. El problema surge cuando ese alivio sustituye a la política estructural en lugar de complementarla. Ocurre cuando la foto reemplaza al plan.
Y esto es producto del conformismo en el que nos hemos envuelto como ciudadanos, algunos por apatía y otros por desconfianza institucional. Basta observar cuánto del gasto social se destina a transferencias y programas asistenciales sin una evaluación de impacto que permita determinar si realmente sacaron a alguien de la pobreza o si simplemente amortiguaron el golpe hasta el siguiente ciclo.
En este sentido, es necesario que los ciudadanos exijan al Gobierno que sus soluciones estén respaldadas por datos que permitan a la sociedad civil revisar las métricas de impacto de cada uno de los proyectos que se ejecutan. Pero exigir no puede quedarse en el discurso; se necesitan mecanismos concretos: auditorías independientes, datos abiertos y accesibles sobre cada proyecto social, y una protección efectiva para quienes denuncien el mal uso de los recursos públicos. Panamá, de hecho, ni siquiera cuenta hoy con una ley de protección al denunciante. Sin ella, exigir rendición de cuentas es pedir honestidad a quien no tiene nada que temer si miente.
No debemos olvidar que el dinero que administra el Estado pertenece a todos los ciudadanos. La rendición de cuentas no consiste únicamente en explicar en qué se gastó, sino en demostrar que esos recursos fueron invertidos en proyectos de alto impacto, con resultados medibles y escalables, capaces de ofrecer soluciones permanentes o, al menos, significativamente sostenibles para los problemas sociales que enfrenta el país.
Mientras el Estado siga actuando como una ONG que reparte ayuda para la foto, seguiremos confundiendo la caridad con la política pública.
El autor es abogado.
