En agosto escribí en estas páginas que Panamá es magnífico en la emergencia e inseguro en lo cotidiano, e hice una promesa en nombre del país: ante la próxima emergencia, responderemos. No tenía dudas. El 9 de octubre, a las 12:56 de la tarde, la tierra de Azuero puso a prueba esa promesa.
La cumplimos. En pocas horas se abrieron centros de acopio en supermercados, centros comerciales y edificios municipales. En playa Venao, una red de voluntarios repartía comida mientras la ayuda oficial batallaba por llegar a las comunidades más remotas. En Chitré, una sola teletón reunió cerca de un millón de dólares en donaciones en una noche, además de 17 viviendas aportadas por empresas. Casi un mes después, el Sinaproc ha evaluado más de 17,000 viviendas y registrado a más de 55,000 personas afectadas. La generosidad nunca estuvo en duda.
Lo que merece nuestra atención es adónde fue el dinero y a quién se le confió.
Siga el dinero
Esta vez, Panamá no dependió de la ayuda extranjera. Conviene decirlo con claridad, porque es lo contrario de lo que muchos esperan. El Gobierno autorizó hasta 100 millones de dólares para la emergencia. Un seguro catastrófico pagará 17.4 millones. Los aportes que llegaron del exterior —de Estados Unidos, el BID, la CAF, Corea del Sur y Japón— son bienvenidos, pero modestos; las grandes cifras ofrecidas por la banca multilateral son préstamos en reserva. Hasta ahora, Panamá está pagando la mayor parte de su propia recuperación.
Pero observe cómo está estructurado ese dinero. El Ministerio de Economía y Finanzas creó dos fideicomisos. El primero, en el Banco Nacional, recibe fondos públicos y donaciones multilaterales, y los distribuye a ministerios y gobiernos locales. El segundo, en la Caja de Ahorros, recibe donaciones de empresas y lo gobierna el propio sector privado. Un fideicomiso para el Estado. Otro para la empresa.
No hay un tercero. En ninguno de los dos existe una ventanilla para las organizaciones de la sociedad civil.
El 27 de octubre, el Consejo de Gabinete modificó las reglas para que ambos fideicomisos pudieran financiar a los contratistas que reconstruyen las viviendas. Los constructores obtuvieron su ventanilla. La sociedad civil todavía espera la suya.
A las fundaciones y asociaciones panameñas se les pidió lo de siempre: voluntarios, centros de acopio, camiones, manos. No se les pidió administrar un solo dólar de la reconstrucción.
La sociedad civil sí encontró un asiento: el del crítico. Libertad Ciudadana advirtió que la ley de presupuesto de 2027 reduce los controles de contratación precisamente donde las emergencias han abierto la puerta a la corrupción. Ese papel importa. Pero un asiento como crítico no es un asiento como canal.
Por qué quedamos fuera
Es tentador llamarlo injusticia. Prefiero llamarlo diagnóstico.
Cuando un gobierno debe decidir, en cuestión de días, a quién confiarle millones, busca tres cosas: alguien que pueda rendir cuentas de cada dólar, alguien que pueda demostrar quién recibió ayuda y por qué, y alguien que seguirá existiendo dentro de nueve meses. La mayoría de nuestras organizaciones no puede demostrar esas tres cosas con rapidez. No por falta de honestidad, sino por falta de sistemas.
Los canales alternativos muestran lo que está en juego. El Gobierno transfirió 2.48 millones de dólares a 228 alcaldías y juntas comunales. En menos de una semana, la Contraloría anunció auditorías tras recibir informes de que algunos representantes retiraban suministros de los centros de acopio del Estado para repartirlos en sus comunidades. En las zonas afectadas, los vecinos rechazaron entregas acompañadas de cámaras y propaganda. Cuando la ayuda viaja por estructuras políticas, carga con un riesgo político. Ese es precisamente el espacio que debería ocupar una sociedad civil bien gobernada: un canal neutral, que no le debe nada a ningún candidato.
Incluso nuestra institución humanitaria más sólida ilustra la brecha. Su respuesta es real y sus voluntarios se desplegaron desde el primer día, pero la ampliación de su operación se sostiene con el fondo de emergencia de su federación internacional. Así fue diseñado el sistema, y funciona. La pregunta es qué pasará en el próximo desastre con los cientos de organizaciones panameñas que no tienen una federación detrás.
La prueba de que se puede
Hay un contraejemplo, y surgió en Azuero. El 24 de octubre, en Chitré, la Teletón 20-30 recaudó 977,028.59 dólares en donaciones, según su conteo preliminar, y varias empresas aportaron 17 viviendas: en total, 68 hogares nuevos. Ese dinero no llegó solo por sentimiento. La organización afirma que sus estados financieros son auditados de forma independiente y entrega voluntariamente sus informes al Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo. Antes de pedir, ya había mostrado cómo rendiría cuentas.
Esa es la diferencia. Los panameños no le dieron al Club Activo 20-30 porque ese sábado fueran más generosos. Le dieron porque el sistema ya existía.
Cinco preguntas para la junta, antes del próximo sismo
Panamá está sobre fallas activas. El 31 de octubre volvió a temblar: un sismo de 6.1 al este de Tonosí. Toda junta directiva que quiera que su organización sea, la próxima vez, un canal —y no un centro de acopio— debería poder responder hoy que sí a cinco preguntas:
¿Podríamos publicar estados financieros auditados dentro de las 72 horas siguientes a un desastre?
¿Tenemos una política escrita que mantenga las donaciones de emergencia separadas de la operación diaria?
¿Tenemos un protocolo de selección de beneficiarios que un tercero pueda verificar?
¿Hemos firmado un acuerdo con el Sinaproc, una alcaldía o un ministerio antes de la emergencia, y no durante ella?
¿Tenemos reservas para operar 90 días sin esperar el dinero de nadie más?
Ninguna de estas preguntas es heroica. Todas se deciden en una reunión de junta ordinaria, un martes cualquiera, meses antes de que tiemble.
En agosto escribí que el país que dejemos no lo definirá la rapidez con que respondamos a la próxima emergencia, sino lo que estemos dispuestos a construir en los años ordinarios entre una emergencia y la siguiente. Los años ordinarios terminaron el 9 de octubre. Los próximos comenzaron el 10.
La autora es consultora en filantropía y desarrollo institucional, y columnista sobre la gobernanza y sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil.
