No hay duda de que las palabras del alcalde del Municipio de Colón, Diógenes Galván, en un acto protocolar frente al Presidente de la República el pasado 5 de noviembre de 2025, han causado un gran revuelo en la opinión pública panameña, pues puso el dedo en la llaga de un mal que aflige a todos los gobiernos municipales de Panamá: la injusticia fiscal frente al Gobierno Central.
Dicha injusticia hunde sus raíces en el centralismo panameño, el cual puede terminar minando la legitimidad de todo el sistema económico sobre el que se asienta el desarrollo del país. ¿Cómo se le explica a cada comunidad, sobre la que se asienta una zona franca, una concesión administrativa, etc., que las actividades económicas que están ocupando una parte significativa de su territorio y explotando sus recursos no tienen obligación alguna con quienes viven en su entorno?
Se supone que la legitimidad de estas actividades reposa en los empleos que crean y los efectos agregados del consumo que deberían generar. Sin embargo, hasta el momento no se le ha presentado a la ciudadanía una auditoría de costos y beneficios de estos regímenes especiales, con la cual se pueda comprender, con datos en mano, sus beneficios o impactos negativos, comenzando por su entorno.
El caso de Colón es, quizás, el más extremo, dado que su territorio, con una posición tan estratégica para la economía global, se encuentra fragmentado por distintos enclaves económicos globales explotados por el Gobierno Central, comenzando por el Canal de Panamá, los puertos, la Zona Libre y el Ferrocarril, ocupando una parte importante de su suelo y base fiscal. ¿Cómo puede la administración municipal sostenerse e incluso profesionalizarse para atender las necesidades presentes y su desarrollo futuro si los dividendos creados en su territorio se los lleva el Gobierno Central y los intereses radicados fuera de sí? La solución está en el retorno al principio de subsidiariedad.
Dicho principio invierte completamente la pirámide fiscal y administrativa, dándole prioridad en la repartición de derechos y obligaciones a los gobiernos locales, y dejando de último al Gobierno Central, el cual debería tener un rol más limitado de coordinación, defensa y representación ante entes externos. Pero, en Panamá operamos justo al revés, sacrificando los intereses de las comunidades en nombre del desarrollo nacional.
El centralismo económico y administrativo es un cáncer que carcome incluso la participación cívica, alienando a los ciudadanos en una lógica individualista que los aleja de su realidad inmediata, bajo la ilusión de que se pertenece a una gran sociedad que actúa en un territorio de 75,517 km². La falta de compromiso de ciudadanos, empresas y gobiernos comienza por su poca contribución económica al sostenimiento de sus gobiernos locales y de los servicios básicos que estos deben ofrecer al delegarlos a entes centralizados. Esta situación termina alimentando un ciclo vicioso en el que los mejores servicios se encuentran en la capital de la República y los peores, a nivel local, destruyendo las bases sobre las cuales asentar el desarrollo local y regional.
Se hace importante, por tanto, que el Gobierno Nacional reflexione y haga una reingeniería de su régimen administrativo y fiscal en beneficio de los gobiernos locales y las comunidades, para que estas sientan el impacto positivo de las empresas y actividades que se establecen en su entorno, y que estas no se limiten a dar caridad disfrazada de RSE.
Es por ello que se hace cada vez más urgente utilizar los recursos institucionales de gobernanza que ya ofrece la ley de descentralización, comenzando por el Consejo Nacional de Urbanismo, las Juntas de Desarrollo Municipal (que no deben confundirse con las Juntas de Planificación Municipal), y las Juntas de Desarrollo Local (las cuales dependen de las Juntas Comunales). El Gobierno debe convocarlas y sostenerlas con el fin de crear los acuerdos nacionales necesarios para el desarrollo desde la base, desde el desarrollo comunitario, priorizando los beneficios de los recursos geográficos y naturales en su entorno inmediato y luego en los siguientes niveles de influencia.
Un gobierno empresarial se debe basar en brindar un ecosistema que haga posible el emprendimiento, y eso comienza con educación de calidad, servicios básicos de calidad y gobiernos locales eficientes que atraigan buenos negocios, sostenidos por el mejor recurso humano local, y que estos tengan un nivel de vida satisfactorio en su patria chica. Pero para ello debe invertir, pues son en estos ambientes positivos en los cuales los grandes capitales, las empresas disruptivas y creativas surgen y se aglomeran, creando así un ciclo virtuoso. Pero todo comienza por darle los recursos técnicos y fiscales a los municipios bajo un régimen de autonomía que les permita arrancar y crear dichos ecosistemas, y que compitan entre sí. Para mañana, es tarde.
El autor es arquitecto y urbanista.
