En febrero de 2026, la diputada Brenes inspeccionó el Centro de Atención Integral de Tocumen —un albergue estatal del SENNIAF— y encontró algo que no figuraba en ningún informe oficial: al menos 10 adultos que vivían allí habían crecido en albergues estatales. Salieron al cumplir la mayoría de edad —sin familia, sin vivienda, sin trabajo y sin seguimiento— y regresaron. Ese es el ciclo. Es una realidad documentada en Panamá.
En 2021, UNICEF y RELAF visitaron 50 albergues y documentaron 32 violaciones de estándares de cuidado; ninguno tenía programa individualizado por niño. Desde entonces, 496 niños salieron y la población institucionalizada se redujo un 36.7%, según el MIDES. Para 2026, UNICEF reportaba 900 niños institucionalizados, frente a más de 1,400 antes. Pero cada año salen unos 300 y entra casi la misma cantidad. Los avances son reales, pero insuficientes para cerrar el ciclo.
La Convención sobre los Derechos del Niño es clara: la única razón para separar a un niño de su familia es la violencia o el abandono. No la pobreza, la desnutrición ni la falta de escuela. Hay casos en que separar es proteger, y el albergue es la respuesta correcta, siempre como paso temporal, nunca como destino. Sin embargo, en 2024, según UNICEF, dos de cada cinco niños en albergues panameños llegaron allí por esas razones: carencias que el Estado debería resolver fortaleciendo a la familia, no separándola. Cuando el SENNIAF interviene, el albergue sigue siendo su herramienta principal. El acogimiento familiar —vivir con una familia sustituta— existe apenas como plan piloto, y la red de trabajadores sociales que UNICEF considera necesaria no existe a escala nacional.
Adentro, el impacto está documentado. Según UNICEF, en los albergues hay entre cinco y seis veces más riesgo de sufrir violencia o abuso que en hogares familiares. Las Directrices de la ONU sobre Cuidado Alternativo lo confirman: la institucionalización daña el desarrollo, sin importar la calidad del hogar. Algunos centros tienen límite de edad; cuando los menores lo superan, son trasladados. Cada traslado es una ruptura. Sin estabilidad y sin un plan individualizado, el daño se acumula en el desarrollo emocional y cognitivo.
Egresar —reintegrarse a una vida familiar o autónoma— debería ser el objetivo de toda protección. En 2019, la directora del SENNIAF admitió ante EFE: “No hay un plan de vida después del albergue”. En junio de 2024, el SENNIAF publicó su primera Guía de Egreso Seguro. En diciembre de 2024 anunció una Política de Transición a la Vida Adulta, que, a junio de 2026, no tiene evidencia pública de estar operando. La Ley 510 de acogimiento familiar entró en vigor en marzo de 2026, pero, sin una red de familias acogentes operativa, sigue siendo una promesa.
El SENNIAF solicitó $17.6 millones para 2026. Recibió $8.6 millones. De ese total, solo $164,763 fueron asignados a programas nuevos. En 22 años, su presupuesto se redujo un 43%. Ante la Asamblea, en marzo de 2026, funcionarios del SENNIAF describieron un sistema sin recursos para medicamentos, atención psicológica ni planes individualizados.
Del presupuesto de inversión de 2025, $186,000 se destinaron a un muro perimetral en el CAI de Tocumen, el mismo centro bajo investigación por abusos. El ministro de Economía, Chapman, contradijo al SENNIAF: “Yo fui a ver el presupuesto y tienen muchos recursos”, señalando que el problema es la “irresponsabilidad” en su ejecución. Mientras ese debate no se resuelve, las consecuencias continúan: en 2021, un escándalo expuso las fallas del sistema. En 2026, se repitió.
Los cambios estructurales no se producen de un día para otro; UNICEF lo reconoce. Pero en el CAI de Tocumen vivían adultos que habían crecido en albergues estatales. Fueron separados desde niños, institucionalizados durante años, egresados sin red de apoyo y terminaron de vuelta en un albergue estatal porque no tenían familia, vivienda, trabajo ni nadie que los acompañara. El Estado nunca construyó la salida. Ese es el ciclo. Está documentado. Y mientras el debate gire en torno a quién administra mal y quién recorta, y no a construir las alternativas que la ley ya exige, seguirá girando.
La autora es periodista, voluntaria en la Fundación Ofrece un Hogar y estudiante del programa de Protección de la Infancia en edX.
