Hace unas semanas, el proyecto que impulsa la Unión Europea en varios países de la región—incluyendo Panamá—, con el objetivo de fortalecer el periodismo, el acceso a la información pública y enfrentar la desinformación, puso el foco en la historia. Una historia que sorprende y emociona.
Durante unas horas, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, junto a los periodistas Sol Lauría de Panamá, Tomás Uprimn y de Colombia, Álvaro Murillo de Costa Rica y Xabier Meilán de España, recordaron la historia de la Opinión Consultiva No. 5 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 13 de noviembre de 1985, los seis primeros jueces que tuvo la Corte Interamericana deDerechos Humanos se pronunciaron a través del mecanismo de la opinión consultiva, dejando claramente establecida la indisoluble relación entre democracia y libertad de expresión.
La historia tiene algo de rocambolesca. Incluye a un aventurero estadounidense llamado Stephen Schmidt, que llegó a Costa Rica durante aquellos azarosos años en queCentroamérica se desangraba; un gremio periodístico celoso de su territorio y dos pronunciamientos contrarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Schmidt llegó a Costa Rica a dar clases de inglés, pero pronto cambió de oficio y se convirtió en reportero de Tico Times, un semanario en inglés. El trabajo le fascinó, pero se estrelló con una dura realidad: fue demandado por el gremio de periodistas por ejercer el oficio sin estar colegiado, tal y como lo exigía la legislación vigente.
La controversia produjo una primera batalla legal en los tribunales de Costa Rica, que se saldó con una condena de tres meses de cárcel para el estadounidense. Schmidt no entendía cómo era posible que ser reportero lo convertía en delincuente, de manera que decidió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde volvió a perder.
Todo indicaba que era el fin de la controversia. Pero no lo fue. A petición de la Sociedad Interamericana de Prensa, el gobierno de Costa Rica accedió a acudir a la muy nueva Corte Interamericana de Derechos Humanos para que determinara, mediante una opinión consultiva, si la ley que establecía la colegiación obligatoria para el ejercicio del periodismo violaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así surgió la Opinión Consultiva No. 5, que puso las cosas en su lugar.
Todo sucedió hace 40 años, pero el análisis y la decisión que forman parte de aquel documento siguen teniendo una enorme vigencia, especialmente en estos días de menguantes valores democráticos, desgaste institucional y frivolidades varias.
“Hace cuarenta años hubo una decisión judicial que cambió para siempre la manera en que entendemos la libertad de expresión… una decisión que no solo impulsó el periodismo en América Latina, sino también la democracia. Así de grande fue el asunto”. De esta manera explica Pedro Vaca lo sucedido, en un emocionante capítulo del podcast Deliberante de la Relatoría de la Libertad de Expresión, producido con el apoyo de la Unión Europea.
Con el mandato de hacer valer la Convención —específicamente el artículo 13 sobre libertad de pensamiento y expresión—, los seis jueces de la institución que iniciaba su singladura calificaron la libertad de expresión como piedra angular de la existencia de la sociedad democrática, añadiendo que su ejercicio libre era indispensable para la formación de la opinión pública. En fin, sentenciaron que “una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”, fulminando así la idea de que solamente un grupo con título o carné tenía derecho a ejercer el oficio de periodista, como explica Sol Lauría en su reportaje que puede verse en Concolón Panamá.
El análisis que recoge la Opinión Consultiva No. 5 al respecto es tajante: “el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esta razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacidades adquiridas en una universidad o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional (…) pues está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano”.
En entrevista hecha en 2017, Pedro Nikken, el recordado jurista venezolano que dejó una honda huella en el sistema interamericano de defensa de los derechos humanos, explica el sustento de la decisión así: “la libertad de expresión fue uno de los derechos más ultrajados por las dictaduras latinoamericanas. Era el momento de fijar un estándar sobre su vínculo radical con la democracia”.
Si bien se trataba de un momento esperanzador para la región, porque empezaban a caer las dictaduras, para Panamá fue el inicio de la época más oscura del régimen militar que padeció este país por veintiún años.
Curiosamente, La Prensa había sido fundada cinco años antes de la Opinión Consultiva No. 5 como un proyecto ciudadano en demanda de libertad y democracia. Una misión que sigue vigente a pesar de las dificultades de estos tiempos de redes sociales y generalizada desinformación, porque, tal y como dijeron los jueces de la CIDH: una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.
La autora es presidenta de la Fundación para el Desarrollo la Libertad Ciudadana.
