En un istmo canalero no tan lejano aprendimos con la covid-19 que una emergencia sirve para muchas cosas. Sirve para salvar vidas. También sirve para cerrar la gaveta. Hoy el paso firme repite la receta. Primero con El Niño y después con el terremoto de octubre, el Consejo de Gabinete volvió a autorizar contrataciones directas por decenas de millones. Nadie discute que una tragedia exige rapidez. Pero el decreto llega y con él desaparecen la licitación, la publicación y la rendición de cuentas. Al panameño se le pide que pague, que no pregunte y que se guarde la lengua.
Así gobernaba Noriega y así nos gobierna ahora la nueva cruzada civilista. Su arma ya no es el tanque de guerra ni los Codepadi ni los Machos de Monte. Es la gaveta del escritorio y el recorte del presupuesto de la justicia. En esa gaveta duermen los contratos, los costos, los sobrecostos y los nombres de quienes cobran.
Mariana Mazzucato define la transparencia como hacer visible lo oculto y la resume en cuatro preguntas: ¿quién hace qué, quién es dueño de qué, quién se beneficia y qué compromisos hay de por medio. En Panamá, las cuatro reciben la misma respuesta: el silencio.
La economista ubica la transparencia y la rendición de cuentas dentro de lo que llama la brújula del bien común. Pensemos en una policlínica de la Seguridad Social bajo el modelo de asociación público-privada que el gobierno quiere extender. Para saber si esa obra sirve al panameño, hay que conocer cuánto costaría construirla y mantenerla, cuánto se llevarán los accionistas, cuánto pagaría el asegurado y cuánto subsidiaría el Canal. Haga la prueba con cualquier APP de su provincia. Pida esas cifras y cuente cuántas le entregan.
Hubo quien lo hizo distinto. Porto Alegre, Brasil, 1989. La ciudad abrió su presupuesto a asambleas de barrio donde los vecinos priorizaban obras y pedían cuentas al funcionario en la cara. Boaventura de Sousa Santos documentó en 1998 que las finanzas municipales se volvieron más visibles y que los servicios mejoraron. La regla era simple: el ciudadano mira el libro de cuentas.
La idea viajó. En 2012, más de cien organizaciones de 56 países firmaron la Declaración de Dar es Salaam. Esta reconoce el derecho ciudadano a recibir información clara sobre el gasto público. En Kazajistán, el gasto en discapacidad se multiplicó por trece gracias a la presión ciudadana. En Sudáfrica, conocer el presupuesto permitió exigir en los tribunales el dinero para tratar el VIH. Según el Banco Mundial, los medicamentos llegaron a más de un millón de personas.
Eso temen las dictaduras como la actual. Un dato en manos de quien lo necesita puede mover un presupuesto entero.
Viene el contraataque, porque las dictaduras también aprenden. El cabildeo entra sin anunciarse. Por eso la transparencia tiene que alcanzar a quien toca la puerta del ministro. También a las consultorías y los contratos por servicios profesionales que el Estado paga sin saber qué recibe.
¿Y la ley? Las reglas pesan. La Constitución de Baviera dice en su artículo 151 que toda actividad económica sirve al bien común. La de Colombia define al Estado como social de derecho. Son solo frases. Pero un ciudadano puede acudir a ellas en una disputa.
Panamá tiene su ley de transparencia desde 2002. Escasea la costumbre de abrir la gaveta sin que alguien la fuerce. Mientras sigan destituyendo al médico que pregunta, el poder seguirá cómodo.
La primera batalla es pequeña y aburrida. Consiste en pedir el contrato. Luego, el nombre del beneficiario. La rebelión empieza el día en que esas solicitudes dejen de ser la excepción.
Yuval Noah Harari sostiene que la base de la civilización no es la inteligencia, sino la confianza. Y nadie confía en quien esconde sus cuentas.
La legitimidad de un gobierno no depende del chenchén que nunca llega. Depende de procesos transparentes y de actores que respondan por lo que firman.
El autor es cirujano subespecialista.

