El terremoto que sacudió Panamá el 9 de octubre de 2026 dejó en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura nacional y los desafíos del Estado para garantizar la seguridad de la población. El sector educativo fue uno de los más afectados. En sus primeros balances, el Ministerio de Educación reportó daños en 619 centros educativos y declaró en pérdida total 35 planteles de Herrera, Veraguas, Los Santos, Coclé y Chiriquí, que atendían a 3,031 estudiantes. El 4 de noviembre, el ministro Ventura Vega informó que 85 escuelas debían demolerse y reconstruirse y que tres ya habían sido demolidas. La meta del Meduca es que la mayoría esté lista para el inicio del año escolar de 2027.
Las consecuencias del sismo también se reflejan en el terreno. Según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el balance divulgado el 10 de noviembre identificó mediante imágenes satelitales 12,251 deslizamientos asociados al terremoto, de los cuales 6,086 se concentraban en la zona epicentral. El instituto atribuyó el aumento del conteo al análisis de más imágenes y a una revisión más detallada del terreno. También se identificaron terrenos inestables y áreas con riesgo de inundación.
Reconstruir una escuela en el mismo lugar sin evaluar previamente las condiciones geológicas podría exponer nuevamente a estudiantes y docentes. Antes de comprometer recursos públicos, es necesario determinar si el terreno es seguro, si los riesgos pueden mitigarse o si corresponde reubicar el plantel.
Mientras avanzan las reparaciones, el Estado debe garantizar la continuidad de las clases. En Panamá, el Meduca anunció el regreso a clases presenciales de otros 12 centros educativos de Panamá Oeste, Panamá Centro y Chiriquí a partir del 13 de noviembre. La experiencia de Colombia ofrece una referencia regional. Tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, el Gobierno colombiano informó el 30 de septiembre que había restablecido el servicio educativo para el 100% de los estudiantes afectados, un total de 1,275,967, en menos de dos meses. El Ministerio de Educación Nacional atribuyó la reactivación al uso de modalidades presenciales, híbridas y de alternancia.
El diputado suplente Pedro Quijano presentó el 28 de octubre de 2026 una iniciativa para garantizar un cupo educativo. La propuesta contempla que el Estado pague temporalmente un cupo en un colegio particular cuando el Meduca certifique que el estudiante no dispone de plaza en un centro oficial de su región educativa. Aunque no fue concebida para atender desastres naturales, su mecanismo podría servir de referencia para ofrecer una opción temporal a estudiantes cuyos planteles queden inhabilitados.
Los daños por el terremoto se suman a otras causas de interrupción del calendario escolar, como los conflictos laborales y las suspensiones de actividades. Garantizar el derecho a la educación exige mecanismos previstos de antemano. Cualquier programa de financiamiento estatal que facilite el acceso temporal a centros particulares tendría que definir quiénes pueden acogerse, por cuánto tiempo, con qué recursos y bajo qué controles.
El país necesita una política nacional de resiliencia educativa frente a desastres naturales que combine la prevención, la seguridad de los planteles, la continuidad del aprendizaje y la transparencia. Esto implica evaluar periódicamente la vulnerabilidad de los centros educativos, establecer un plan de reforzamiento y reconstrucción con financiamiento plurianual, exigir estudios de riesgo antes de reconstruir y contar con protocolos para reubicar a los estudiantes cuando un plantel quede inhabilitado.
La política también debe prever apoyo psicosocial para estudiantes, docentes y comunidades. Las autoridades deben publicar cuántos estudiantes han retomado las clases, qué centros siguen inhabilitados y cómo se utilizan los recursos de la reconstrucción.
La preparación para el próximo terremoto empieza hoy. Cada escuela debe contar con un plan para que sus estudiantes puedan seguir aprendiendo desde el momento en que su plantel quede inhabilitado. El éxito de la reconstrucción se medirá en escuelas seguras y en días de clase recuperados.
La autora es integrante de la Fundación Wonder Panamá (que se dedica a desarrollar programas y proyectos educativos para comunidades vulnerables y de difícil acceso)


