Nadie pensaría que el derroche realizado en el período 2019-2024 por parte de la Asamblea Nacional podría ser superado. Sobre todo, cuando alrededor de 25 diputados de las bancadas Vamos, Seguimos e Independientes, que con su actuación buscaban ejercer un cambio positivo, hoy son parte de este órgano del Estado, lo que nos haría pensar que la gastadera se frenaría con este destacado grupo.

Lamentablemente, el votante prefirió escoger a la mayoría de los partidos tradicionales, y las consecuencias se cuentan solas, así que no se quejen (yo sí voté por la minoría que quería un cambio).

En los años 2023 y 2024, el gobierno anterior aprobó a la Asamblea los presupuestos más elevados de nuestra historia republicana, a saber, la suma de $150 millones para cada periodo. Pero en ambos casos, mediante traslados de partida y modificaciones presupuestarias, terminaron costándole al erario las sumas de $188.9 millones y $187.17 millones, respectivamente, lo que elevó la suma original en $38.9 millones y $37.17 millones para cada año. No nos sorprendamos, porque en 2022 el presupuesto aprobado había sido de $143.7 millones, pero se consumieron $230.5 millones, o sea, $86.8 millones de más. Y en 2021, la cifra total entregada a la Asamblea superó los $200 millones, casi el doble de los $107 millones aprobados inicialmente en el presupuesto de ese año. Durante el quinquenio 2019-2024, la diferencia entre el presupuesto originalmente aprobado cada año para la Asamblea Nacional y lo finalmente otorgado mediante traslados de partida sumó $314 millones adicionales (un promedio de $62.8 millones al año por encima del presupuesto inicial).

Pero este nuevo quinquenio debía ser diferente**,** o así creyeron los incautos. En 2025, el primer año completo del nuevo gobierno, se tomó la decisión positiva de otorgar a la Asamblea Nacional un presupuesto de $98.7 millones, el más bajo en los últimos cinco años (pero todavía muy alto para lo necesario). Lamentablemente, el presupuesto modificado durante el año fue de $66.09 millones, para un gasto total de $164.79 millones. Esta cifra todavía fue inferior a lo ejecutado en cada uno de los cuatro años anteriores, pero marcó el rumbo hacia nuevas modificaciones presupuestarias que superarían con creces los aumentos registrados en 2023 y 2024, si se toma en cuenta que la adición en 2025 superó las de cada uno de los dos años anteriores.

Hace poco, la actual presidenta de la Asamblea diría en una entrevista que hoy tienen 3,300 funcionarios permanentes y 1,800 eventuales (publicaciones posteriores demostrarían que se quedó corta). Esto representa 66 servidores públicos por cada uno de los 71 diputados. El MEF les aprobó $98.7 millones nuevamente para 2026, pero la presidenta ya lo aclaró: se gastarán $204 millones (más del doble), y para 2027 pedirán $176 millones (porque, mientras más les aprueban, más consiguen después con los traslados de partida). La nómina hasta septiembre había llegado a tener 6,487 funcionarios (la más elevada en su historia en términos absolutos), que representan un gasto de poco más de $10.7 millones mensuales. A esta fecha, el aumento con la modificación asciende a $146.42 millones, a los que habrá que sumar $68 millones más, por lo que el gasto total superará los $210 millones.

Para ir terminando la tragicomedia, si sumamos el presupuesto modificado en 2025, de $66.09 millones, y lo que se adicionará en 2026 por encima de los $98.7 millones aprobados, que serían unos $115 millones, tendríamos que, en dos periodos, el despilfarro presupuestario adicional suma un total aproximado de $181 millones.

Para que tengamos una idea de este impacto, Panamá, por su parte, cuenta con hasta $100 millones para canalizar la emergencia provocada por el reciente terremoto, una cifra mucho menor que los millones entregados a la Asamblea Nacional a través de presupuestos modificados en 2025 y 2026. Pero, si se diera el caso de que tenemos que ir al BID, al Banco Mundial o al FMI para pedir préstamos, por más blandos que sean, y esos fondos fueran necesarios para atender la catástrofe, recordemos quiénes los tomaron (la Asamblea Nacional) y por qué se les entregaron (para pagar obesas planillas). Todo esto seguirá obligando al Estado panameño a financiar el despilfarro y el derroche público.

Poca explicación lógica queda cuando, por otro lado, el ministro de Salud (Minsa) dice ante la Comisión de Presupuesto que los recursos recomendados para la vigencia fiscal 2027 no serán suficientes para cubrir la demanda de medicamentos de la población, que carece de fondos para pagar los sobresueldos de los internos ni la prima de antigüedad de 7 mil exfuncionarios. Pero resulta que del Minsa se acaban de trasladar $17 millones para el pago de personal y del décimo tercer mes destinados a cubrir la abultada planilla de la Asamblea Nacional. Al final, el “¿Qué hay pa’ mí?” prevalece frente a las verdaderas necesidades y prioridades de la República.

El autor es abogado