Durante años, el deterioro ambiental en la provincia de Los Santos ha sido tratado como una molestia menor y no como un verdadero problema de salud pública y de legalidad. Sin embargo, basta recorrer distintas comunidades de la región para comprobar que la contaminación ya forma parte de la vida cotidiana: humo de quemas, malos olores provenientes de actividades pecuarias, contaminación de fuentes de agua y una creciente sensación de abandono institucional.
La situación resulta particularmente preocupante cuando los fuertes olores derivados del manejo inadecuado de desechos porcinos terminan afectando a comunidades enteras. Lo que para algunos representa simplemente “el olor del campo”, para muchos residentes constituye una afectación permanente a su calidad de vida. Respirar aire contaminado, convivir con emisiones constantes y soportar condiciones insalubres no puede considerarse una consecuencia normal del desarrollo agropecuario.
El problema no radica en la producción pecuaria en sí misma. La actividad agropecuaria constituye una pieza fundamental de la economía nacional y del sustento de numerosas familias del interior del país. El verdadero problema surge cuando la producción opera sin controles ambientales efectivos y sin una fiscalización adecuada por parte de las autoridades competentes.
Panamá posee legislación ambiental suficiente para prevenir, supervisar y sancionar conductas contaminantes. Existen normas, procedimientos administrativos y entidades encargadas de velar por la protección ambiental. Sin embargo, la distancia entre la ley escrita y la realidad cotidiana parece cada vez mayor. Las inspecciones suelen ser insuficientes, las sanciones escasas y las respuestas institucionales, frecuentemente, tardías o inexistentes.
A ello se suma una controversia cada vez más visible entre el derecho ambiental administrativo y el derecho ambiental penal. Mientras algunas conductas contaminantes son tratadas únicamente como faltas administrativas sujetas a multas o advertencias, otras podrían constituir afectaciones con relevancia penal cuando producen daños graves al ambiente o a la salud pública. Esta dualidad genera incertidumbre sobre los límites de actuación de las autoridades y, en muchos casos, contribuye a una sensación de impunidad frente al daño ambiental.
La contaminación ambiental en áreas rurales suele invisibilizarse porque ocurre lejos de los grandes centros urbanos. Pareciera que el deterioro ambiental solo genera alarma cuando afecta directamente a las ciudades principales. Mientras tanto, numerosas comunidades del interior continúan soportando problemas ambientales que, poco a poco, deterioran su salud, su bienestar y su entorno.
La protección ambiental no debe interpretarse como un obstáculo para el desarrollo económico, sino como una condición indispensable para que dicho desarrollo sea legítimo y sostenible. El progreso no puede medirse únicamente en términos de producción o rentabilidad mientras las comunidades cargan silenciosamente con los costos ambientales y sanitarios.
Los Santos no necesita menos actividad económica; necesita más responsabilidad ambiental. El verdadero desarrollo moderno exige producir con controles, tecnología adecuada y respeto por las comunidades vecinas. De lo contrario, la contaminación terminará convirtiéndose en una carga normalizada y permanente para generaciones enteras.
El derecho ambiental pierde valor cuando solo existe en los textos legales y no en la realidad diaria de las personas. Y mientras la fiscalización continúe siendo débil o insuficiente, la lenta asfixia ambiental de muchas comunidades del interior continuará avanzando en silencio.
El autor es abogado.
