En teoría, cualquier ciudadano que infrinja la ley, sin importar su nombre, clase social, partido político, raza o religión, debería ser condenado a pagar su falta. Pero en Panamá las leyes no se cumplen como es debido, y por eso existe una gran decepción con nuestro sistema de justicia, que parece preocuparse más por sus aumentos y privilegios que por el cumplimiento de sus deberes.
La justicia en Panamá parece tener clasificados los delitos por apellidos y conexiones políticas. Otro rasgo característico es la larga espera para obtener una fecha de juicio, la cual se retrasa por años y se pospone eternamente con cualquier justificación. Algunos casos incluso expiran, no por arte de magia, sino por el conocido juega vivo. Se alternan las incapacidades entre abogados y acusados, demorando procesos durante años, sin exagerar. Desconocemos si los juicios en ausencia tienen alguna particularidad o si simplemente no se aplican a ciertos casos, ni siquiera con la tecnología moderna disponible.
Si la fecha del juicio está programada para septiembre, se pospone más tiempo que las citas de la Caja de Seguro Social (CSS) cuando el paciente falta y lo reprograman ocho meses después. El sistema judicial, supuestamente, se modificó para agilizar los procesos, pero con estos delincuentes de alto perfil el trato es distinto y especial. Hubo un caso que se abrió en otro país por corrupción y, al mismo tiempo, en Panamá el expediente se cerraba en la Corte Suprema, evitando una condena, aunque el implicado hubiese sido hallado culpable en el extranjero.
¿Tener una condena y salir libre como si nada es una burla o una regla en este país? Lo peor es que hay casos con las mismas características: unos de alto perfil y otros no. Los primeros salen impunes, mientras los segundos enfrentan condenas. Unos casos involucran cientos de millones y otros apenas cientos de dólares, pero los de mayor cuantía rara vez terminan en prisión. A veces parece una película con final feliz, pero con un trasfondo amargo: una justicia que no es real.
La justicia, según sus principios, no mira, no oye ni habla. Sin embargo, no entendemos por qué no aplica a quienes tienen alto perfil y, con ellos, parece que no es muda.
Las expectativas por casos como Odebrecht, Ifarhu y blanqueo de capitales, así como los procesos contra exmagistrados, exministros, expresidentes, exdirectores de instituciones y honorables diputados, siempre terminan en nada. Robar y delinquir parece que sí paga en Panamá; y si alguien lo duda, que revise las noticias de los últimos 35 años.
Los salarios de los altos ejecutivos suelen justificarse por su rendimiento, pero ¿cómo se justifica el de quienes deben velar por la justicia, cuando no se recuperan los bienes, los millones perdidos y los acusados siguen en libertad gastándose el dinero que pertenece a todos los panameños?
Hacen falta leyes anticorrupción, pero las que ya existen son suficientes para condenar a muchos. Lo que no puede continuar es la inoperancia de la justicia, que con tecnicismos y demoras sin sentido les facilita a los corruptos conservar su libertad.
Las comisiones ad hoc en la Asamblea para discutir leyes se crean por obligación ante la falta de voluntad política de quienes protegen a los corruptos. No se puede jugar con el tiempo para archivar los expedientes. Ojalá los casos de corrupción no tengan un plazo de caducidad, pues la costumbre de demorarlos con propósitos evidentes solo favorece la impunidad. Contra esos trucos, lo único que puede hacerse es impedir que los delitos expiren.
El autor es experto salud pública y miembro del partido Movimiento Otro Camino.
