Un grupo de jóvenes organizados presentamos a los aspirantes presidenciales y a la sociedad panameña 19 propuestas de política pública educativa, el 19 de diciembre de 2018, en el Tribunal Electoral. Las llamamos “19 para el 19”.

Eran propuestas de políticas formuladas en tres áreas: inversión, aseguramiento de la calidad y equidad y formación pertinente de los educadores, acompañadas de una ruta para su ejecución. Prometimos volver a revisarlas.

Lo hicimos en 2020, en medio de una pandemia que había alterado prioridades, presupuestos y capacidades de gestión. Este ejercicio nos dejó una lección que todavía guía nuestro trabajo. Una propuesta se cumple cuando coexisten normas, reglamentos, recursos, alcance, impacto y seguimiento.

Retomamos el ejercicio en 2024. Evaluamos nuevamente las 19 propuestas. Las actualizamos —algunas habían avanzado y exigían un planteamiento más ambicioso; otras debían ajustarse a nuevas necesidades, como los rezagos de aprendizaje, producto de la pandemia—, e incorporamos cinco tareas urgentes validadas en diálogos con actores de la comunidad educativa. Así nació “24 para el 24”, propuestas que entregamos a los candidatos presidenciales y que fueron presentadas formalmente al Ministerio de Educación (Meduca) el 1 de agosto de 2024.

Dos años después se presenta el Boletín de Notas 2024-2026. Tres factores condicionan la lectura de estos resultados: el paro docente en 2025, que cerró las escuelas oficiales por más de dos meses; la poca medición, pues Panamá se retiró de la prueba PISA 2025 y no aplicó pruebas nacionales en el periodo; y la brecha entre presupuesto y ejecución, pues el Meduca tuvo la ejecución de inversión más baja del gobierno central.

El método es riguroso. Para cada propuesta revisamos siete elementos verificables: si existe una norma que la respalde; si esa norma fue reglamentada; si tiene asignados recursos humanos, financieros y técnicos; cuál es su alcance real en el territorio; y si cuenta con un mecanismo de seguimiento. Con esa evidencia, asignamos una calificación en una escala de A a F —Excelente, Bueno, Regular, Malo y Muy Malo—, basados en la metodología de los boletines del Programa para la Promoción de la Reforma Educativa de América Latina y el Caribe (PREAL), y una flecha de tendencia que indica si la política progresa, no tiene tendencia definida o retrocede. Las fuentes son públicas y revisables: leyes, decretos en Gaceta Oficial, presupuestos y resultados de pruebas nacionales e internacionales.

Ninguna de las 24 propuestas logró una calificación de Bueno o Excelente. Veintiuna permanecen en Malo o Muy Malo. Las propuestas con tendencia de retroceso pasaron de dos a nueve. Ese último dato es el más inquietante. Retroceder es perder terreno ya ganado.

El boletín de notas se ordena por ejes. En gestión e inversión no se han definido estándares de desempeño para las direcciones regionales ni para la sede central. El sistema de evaluación de docentes y directivos sigue incompleto. En calidad y equidad, el país no aplica pruebas nacionales. No cuenta con una agencia de medición que convierta la evidencia en decisiones de política. En formación docente, los planes de estudio de las carreras de educación no incorporan la evidencia disponible sobre cómo aprenden los estudiantes. La práctica docente en el aula sigue siendo insuficiente y tardía.

Ha habido avances. En materia de trayectorias escolares, existen iniciativas legislativas que apuntan en la dirección correcta. La institucionalización de la carrera docente es el mayor avance del período: subió de Muy Malo a Regular tras el Decreto Ejecutivo 56 de 2025, que estableció concursos públicos digitales por mérito.

El boletín no califica a una persona ni a un gobierno. La misma metodología, aplicada al periodo anterior, produjo resultados igualmente objetivos. Evaluamos compromisos que el Estado panameño asumió consigo mismo y que trascienden cualquier quinquenio.

Después de tres ejercicios de medición, concluimos que hace falta ejecución, con presupuesto, plazos, responsables identificables y una ciudadanía organizada que vigile que los compromisos se conviertan en resultados.

Los autores son miembros de Jóvenes Unidos por la Educación