Hay un viejo dicho latinoamericano que afirma: “cada uno en su casa y Dios en la de todos”, para expresar que cada persona e institución debe ocuparse de las funciones que le corresponden, evitando invadir terrenos ajenos si no le es requerido o permitido.
Imaginemos que un profesor universitario, con la mejor intención del mundo, se presenta en la casa de los padres de un estudiante para decirles cómo deben alimentarlo porque considera que está desnutrido. O, al contrario, que los padres soliciten una reunión con el decano para exigirle cómo debe evaluar a sus alumnos. Aunque exista buena voluntad —e incluso razones válidas—, toda actuación debe respetar los protocolos y las competencias de cada uno.
En un pequeño libro titulado Carta a los revolucionarios bien pensantes, el jurista francés André Piettre, exdecano de la Facultad de Derecho de Estrasburgo y profesor en París, advertía que cuando desaparecen las buenas formas y los límites de una sociedad, esta termina debilitándose drásticamente.
He seguido con interés académico algunos acontecimientos recientes relacionados con la Contraloría General de la República. Entre ellos, la verificación presencial realizada en la Asamblea Nacional para constatar la asistencia y funciones de servidores públicos; la suspensión temporal de algunos funcionarios legislativos; y el interés mostrado por representantes de la Contraloría en investigaciones adelantadas por el Ministerio Público.
Más allá de las opiniones que estos hechos puedan generar, resulta importante recordar que el funcionamiento democrático del Estado descansa en el respeto a las competencias constitucionales de cada institución. La Asamblea Nacional legisla las leyes que definen nuestra sociedad y aprueba el presupuesto; el Órgano Ejecutivo administra y ejecuta las políticas públicas y gasta el presupuesto que le aprobó la Asamblea; y el Órgano Judicial garantiza el equilibrio institucional y el cumplimiento de la Constitución y las leyes, incluyendo la tarea de preservar el equilibrio entre los demás poderes del Estado.
Ese diseño constitucional no es casual. Busca precisamente evitar interferencias indebidas y asegurar que las instituciones colaboren entre sí dentro de los cauces legales correspondientes. Cuando alguna entidad considera que existen irregularidades o fallas en otra institución, el ordenamiento jurídico establece mecanismos y procedimientos para atenderlas.
La Contraloría General cumple una función fundamental para la transparencia y la fiscalización del manejo de los recursos públicos. Esa labor es indispensable para fortalecer la confianza ciudadana y mejorar el funcionamiento del Estado. Pero, precisamente por la importancia de su misión, también resulta esencial que sus actuaciones se desarrollen dentro de los marcos institucionales previstos por la Constitución y la ley.
Las democracias sólidas no dependen únicamente de las buenas intenciones de sus funcionarios, sino también del respeto a las reglas, las competencias y los límites institucionales. Las formas importan, porque protegen los derechos de todos y preservan el equilibrio entre los poderes públicos.
Por ello, cuando surgen controversias o posibles excesos, lo más saludable para las instituciones es corregir oportunamente aquello que pueda generar dudas o tensiones. Si no se corrige, quienes vengan después podrían considerar legítimo actuar de la misma manera. Rectificar no debilita a un funcionario ni a una institución; por el contrario, fortalece su legitimidad ante la ciudadanía. La capacidad de reconocer errores, ajustar actuaciones y actuar con prudencia es una señal de madurez democrática. Cuando los funcionarios rectifican, muestran grandeza de ánimo al demostrar que vienen a servir a los ciudadanos.
Panamá necesita instituciones fuertes, coordinadas y respetuosas del marco constitucional. Solo así podremos preservar el equilibrio democrático y fortalecer verdaderamente el Estado de derecho.
El autor es doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Panamá.
