Por muchos años, mirábamos hacia la Asamblea Nacional sabiendo que «el espectáculo» era bastante predecible. Diputados gritándose, acusaciones cruzadas, amenazas y, de vez en cuando, algún objeto volando por el pleno. Hubo incluso aquella memorable escena en la que una diputada terminó azotando una botella de agua contra otro diputado, en medio de una supuesta agresión. Y, lamentablemente, esto es lo que la mayoría de los panameños pensamos que es la política nacional: confrontación, escándalo y titulares de prensa. Entretanto, detrás de las cámaras, sucedían arreglos previos en temas como el presupuesto, la aprobación de partidas, las solicitudes de fondos, las exoneraciones, las dietas y las decisiones que comprometían recursos públicos.

Pero entonces algo comenzó a cambiar. Hoy en día tenemos un grupo de jóvenes diputados, con estilos que pueden gustarnos o no, que tienen claro que la exposición mediática también puede ser utilizada como una herramienta de fiscalización. Particularmente en la Comisión de Presupuesto, muchas situaciones que antes quedaban prácticamente fuera del radar ciudadano ahora son transmitidas, discutidas y cuestionadas públicamente.

Podemos estar de acuerdo o no con ellos, podemos cuestionar sus formas, sus discursos, su protagonismo y hasta sus motivaciones políticas. Pero hay que reconocerles algo: han conseguido que una parte de la ciudadanía vuelva a mirar hacia un lugar que durante años parecía reservado para abogados, periodistas políticos, operadores partidarios y quienes tenían algún interés particular en lo que ocurría dentro del Palacio Justo Arosemena.

Y eso no es poca cosa. De repente, el ciudadano común empieza a preguntarse: ¿para qué se está solicitando ese dinero? ¿Quién lo recibe? ¿Por qué se paga? ¿Esto es legal porque es correcto o simplemente porque todavía no existe una norma que diga que no lo es?

Ahí está una de las discusiones más importantes que esta nueva dinámica está poniendo sobre la mesa. Porque es muy importante entender que no todo lo cuestionable es necesariamente un delito. Existen conductas que pueden estar dentro de la legalidad y, sin embargo, resultar moralmente indefendibles ante una ciudadanía que paga impuestos, enfrenta dificultades económicas y observa cómo determinados sectores de la clase política disfrutan de privilegios que difícilmente serían tolerados en otros ámbitos de la administración pública. Esto ocurre, en especial, con fueros, privilegios y gastos cuya justificación puede encontrarse en una norma, pero cuya legitimidad ética merece, por lo menos, ser discutida.

Porque ser servidor público debería significar exactamente eso: estar al servicio de lo público.

Las dietas, por ejemplo, pueden tener una justificación cuando compensan efectivamente una actividad adicional. El problema comienza cuando aquello que debería ser una compensación termina siendo un ingreso adicional asociado a funciones que, en esencia, forman parte de las responsabilidades del cargo. Igualmente, deberíamos preguntarnos si ese pago es razonable, necesario y transparente. Y, sobre todo, si un ciudadano que trabaja todos los días para pagar sus impuestos consideraría justo que parte de esos recursos se utilice de esa manera.

Por supuesto, tampoco debemos caer en la ingenuidad de pensar que toda exposición pública nace exclusivamente de un compromiso con la transparencia. La política sigue siendo política. Hay cámaras, aspiraciones, estrategias electorales e intereses. El protagonismo mediático es, sin duda alguna, una herramienta de posicionamiento.

Pero eso no significa que debamos desechar el contenido simplemente porque viene acompañado de espectáculo.

La verdadera transformación está ocurriendo cuando el ciudadano deja de limitarse a observar quién grita más fuerte y empieza a preguntarse qué proyecto se está discutiendo, cuánto dinero se está solicitando, quién se beneficia y cuál es la justificación.

Ese cambio de actitud es mucho más importante que cualquier diputado en particular, ya que el verdadero problema nunca fue que los ciudadanos vieran demasiado la Asamblea, sino que durante demasiado tiempo dejamos de mirar.

Ahora toca algo más difícil que indignarse frente a un video viral: leer los documentos, revisar las partidas, comparar cifras, exigir explicaciones y recordar que cada millón aprobado tiene detrás dinero que salió de alguna parte: del bolsillo de todos los panameños.

Si esta nueva generación de diputados, con todas sus virtudes y defectos, consigue que más panameños se interesen por cómo se administra el dinero público, entonces habrá producido algo que va mucho más allá de un titular o de una confrontación frente a las cámaras.

Habrá conseguido que la política deje de ser invisible.

Y, en una democracia, que los ciudadanos finalmente estén mirando puede ser una de las formas más efectivas de exigir que quienes administran nuestros recursos también aprendan a rendir cuentas.

La autora es abogada.