Hay silencios que duelen más que cualquier palabra: el de un niño que no es escuchado; el de una niña que intenta explicar dónde siente miedo y nadie le pregunta, como si su dolor no importara o, peor aún, como si no existiera interés en escucharlo.
En procesos que deberían proteger, se repiten situaciones en las que la justicia no avanza con la oportunidad ni la profundidad necesarias. Padres y madres invierten tiempo y recursos en abogados, pero enfrentan decisiones que, en ocasiones, no consideran señales de alerta y pueden agravar el daño.
No se trata de percepciones. Se trata de cifras.
De acuerdo con informes del Órgano Judicial de Panamá, en 2024 el sistema enfrentó una carga superior a 217,203 expedientes. De ese total, 160,920 casos ingresaron, 156,327 se resolvieron y 60,876 quedaron pendientes, reflejando la presión sobre el sistema. Más de 70,000 procesos corresponden a familia y niñez, donde se define la seguridad, la estabilidad emocional y el desarrollo de los menores.
La tendencia no disminuye. En 2025 se realizaron más de 235,525 audiencias, evidencia de una demanda sostenida. Además, entre 2021 y 2025 ingresaron más de 726,108 casos y se resolvieron 763,258 lo que muestra tanto el volumen de trabajo como la atención de expedientes acumulados.
Surge entonces una pregunta inevitable: ¿cuántos jueces están realmente dedicados a atender esta carga en materia de familia y niñez? No existe una cifra pública clara, actualizada y accesible.
¿Cómo garantizar decisiones oportunas y profundas frente a esta realidad?
La justicia que debería darles voz a los niños, en ocasiones, termina silenciándolos.
¿Por qué no se les escucha?
¿Cómo es posible que un niño o una niña no pueda expresar dónde sufre o siente miedo? ¿Cómo puede esa voz no convertirse en el punto de partida de cualquier decisión?
Lo más preocupante es que estas situaciones no son desconocidas: están presentes en expedientes y testimonios, pero no siempre generan la respuesta que requieren. Lo verdaderamente grave ocurre cuando un caso se cierra sin haber buscado el fondo del asunto.
Aquí no se trata solo de números. Se trata de personas.
Existen familias con recursos que, en algunos casos, logran incidir en los procesos; otras, con limitaciones, intentan ser escuchadas en medio de procedimientos complejos.
Pero también hay que decirlo: del otro lado hay seres humanos. Funcionarios, jueces y personal que trabajan bajo presión constante, con jornadas extensas y audiencias acumuladas, muchas veces sin el tiempo suficiente para analizar cada caso con la profundidad que requiere.
Esto plantea otra pregunta: ¿se ha dimensionado la necesidad de fortalecer estas áreas y aumentar el personal para atender situaciones tan sensibles?
La presión sostenida también tiene consecuencias. Impacta la salud y el equilibrio emocional de quienes asumen estas responsabilidades.
Porque no se trata de cualquier materia. Se trata de la niñez y de una sociedad que aspira a sanar, pero que difícilmente podrá lograrlo si no protege a tiempo a quienes más lo necesitan.
También existe una percepción que no puede ignorarse. En algunos casos, se percibe que los procesos pueden inclinarse y que las decisiones no siempre responden exclusivamente al interés superior del niño, sino que pueden verse influenciadas por factores externos.
No se trata de generalizar, sino de reconocer que, cuando esa percepción existe, la confianza se debilita. La justicia no solo debe ser imparcial debe parecerlo.
Hay aspectos de esta realidad que no siempre salen a la luz, pero que también deben ser parte de esta conversación.
Lo ocurrido en el país en los últimos tiempos en materia de niñez no puede normalizarse. Son experiencias que deben revisarse, corregirse y superarse.
En algunos escenarios, cuando no se logra una solución en conflictos familiares, se adoptan decisiones como el traslado de niños a albergues institucionales, lo que puede generar un impacto emocional aún mayor.
También se describen situaciones que generan preocupación: intervenciones profesionales que no siempre son percibidas como seguras por los menores, quienes pueden sentirse presionados o sin espacio real para expresar su voluntad.
Estas experiencias pueden ser profundamente traumáticas. Un niño no debería sentirse amenazado dentro de un proceso que busca protegerlo.
A esto se suma otra inquietud: la continuidad de ciertos especialistas puede depender del acuerdo entre las partes, incluso cuando existen dudas sobre el bienestar del menor durante la atención. Cada profesional debe actuar dentro de su ámbito, respetando los criterios técnicos que corresponden a cada especialidad.
Un proceso judicial no debería dar lugar a interpretaciones que afecten la estabilidad emocional de un menor ni convertir la atención profesional en un elemento de presión.
¿Cómo hacer visible esta realidad? ¿Hasta dónde debe llegar para ser escuchada?
La protección de la niñez no puede esperar.
Deben existir espacios reales donde la niñez pueda sentirse segura, crecer sin miedo y construir su futuro con esperanza.
No podemos permitir que nuestros niños crezcan atrapados en entornos marcados por el miedo y la incertidumbre.
Porque un niño que pierde la esperanza no solo pierde su presente. Pierde su futuro.Y cuando una sociedad permite eso, también pierde el suyo.
No podemos dejar de mencionar que la percepción de que factores ajenos al bienestar del niño pueden influir en estos procesos deja un profundo sin sabor.
La autora es educadora.
