Esta semana recibí un mensaje que no he podido dejar de pensar. Una mamá me escribía preocupada por la niñera de su hogar, quien tiene una bebé de dos años y medio que se enferma con frecuencia. La ha llevado a los centros de salud, pero la atención tarda: consigue citas hasta con un mes de espera. Ha buscado consulta privada en clínicas populares, con médicos generales. Le han cobrado, la han atendido y ha comprado las medicinas. Pero en apenas dos meses de enfermedades recurrentes, esa familia se quedó casi sin ahorros. Y la mamá que me escribía, aunque quisiera, tampoco tiene mucho más que dar.
Me quedé pensando en lo mismo que ella: lo desigual que es acceder, en este país rico y hermoso, a una atención pediátrica de calidad. Y quiero ser clara en algo: no es falta de voluntad de los médicos ni de las enfermeras. El personal de salud que trabaja en el sistema público hace lo que puede con lo que tiene. Falta un sistema que cuide tanto al personal como a los pacientes.
Esa niña de dos años y medio no es un caso aislado. Miles de familias panameñas quedan atrapadas entre un sistema público saturado, con citas a un mes de espera cuando un niño con fiebre y tos necesita un seguimiento estrecho, y un sistema privado que, aun en su versión más accesible, puede llevarse el salario de un mes en dos consultas y un tratamiento. Son familias a las que el sistema de salud pública no les resuelve, pero tampoco pueden pagar por la salud de sus hijos.
Mientras esto ocurre en los hogares, en las cifras del Estado la historia se repite. La semana pasada supimos que el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel solicitó $18.2 millones para cubrir sus necesidades operativas de este año. Le aprobaron $2.5 millones. Apenas el 14% de lo solicitado para el hospital pediátrico de referencia del país, donde llegan los casos que ningún otro hospital, público ni privado, puede resolver.
En esos mismos días, el Ministerio de Salud avanzaba con el alquiler de 43 ambulancias por más de $40 millones. No dudo de que el país necesite ambulancias. Pero me pregunto, como madre y como pediatra, ¿quién decide que alquilar vehículos vale 16 veces más que completar el presupuesto del único hospital pediátrico de referencia del país? ¿Con qué criterio se ordenan las prioridades cuando se distribuye el dinero de todos?
No tengo la respuesta. Pero tengo la pregunta, y creo que como país debemos hacérnosla en voz alta. Porque cuando un hospital pediátrico se queda sin presupuesto, no es un número el que se recorta: son niños que terminan conectados a un respirador, niños que esperan horas por una cama en urgencias, cirugías que se retrasan y familias que terminan pagando de su bolsillo lo que el Estado debió cubrir. Es la mamá que me escribió, multiplicada miles de veces.
A esa mamá le respondí lo que puedo ofrecerle hoy: una consulta gratuita y el tratamiento con muestras médicas. Pero lo que esa niña necesita, y lo que necesitan miles de niños panameños, no puede depender de la buena voluntad de un pediatra conocido ni de la generosidad de quien la emplea. Necesita un sistema de salud pública que funcione con la rapidez y la dignidad que cualquier niño y su familia merecen.
Los niños no votan. No protestan. No tienen gremios que exijan por ellos. Por eso los adultos —médicos, padres, funcionarios y legisladores— tenemos que ser su voz.
Empecemos por preguntar, sin miedo, dónde está el dinero para el futuro de nuestros hijos.
La autora es pediatra.
