Dados los últimos acontecimientos en Venezuela, ha surgido una falsa disyuntiva: parece que los demócratas tuviéramos que elegir entre la dictadura chavista o el imperialismo de Washington. Desde luego, no se trata de escoger; puede condenarse —y condenamos— a ambos tipos de usurpadores de la voluntad democrática, legítima y soberana.
Nicolás Maduro ha sido la encarnación de una dictadura que practicó un fraude descarado en las últimas elecciones, usurpando el poder político que correspondía al ganador de los comicios, Edmundo González Urrutia. Se transformó así en un gobierno ilegítimo, no reconocido por la mayoría de las democracias del planeta.
Al convertirse en un gobierno ilegítimo, queda abierta la posibilidad del empleo de la fuerza para sustituirlo. Con el desarrollo del derecho humanitario, ha cobrado fuerza la aplicación del derecho a proteger, que asiste a las poblaciones sometidas por la fuerza a un régimen dictatorial. Tanto a nivel global como hemisférico, resulta lícito intervenir en un país cuya población sufre represión ilegal. Pero esa intervención exige requisitos estrictos: por un lado, debe demostrarse la gravedad de la situación; por otro, no puede ejecutarse de forma unilateral por parte de otro Estado.
Tanto en términos de diagnóstico como de operación, son los organismos internacionales aceptados por la comunidad internacional los que poseen competencia para actuar, a nivel interamericano y global. En el ámbito hemisférico, la OEA dispone de instrumentos políticos y jurídicos, como la Carta Democrática Interamericana (artículo 20). Sin embargo, ese instrumento colectivo enfrenta hoy una dificultad objetiva: el desconocimiento del gobierno de Donald Trump, pese a tratarse de un ordenamiento internacional basado en normas compartidas.
A nivel global, la competencia para intervenir en un conflicto interno corresponde a las Naciones Unidas, ya sea de forma directa o mediante una coalición bajo su patrocinio.
La operación militar unilateral ordenada por el presidente Donald Trump, que incluyó la captura de Nicolás Maduro, carece de competencia legítima. Resulta, por tanto, una usurpación del poder soberano de Venezuela. Como dicta una regla básica del derecho, la comisión de un delito no se compensa ni se justifica con la perpetración de otro.
Corresponde ahora preguntarse cuál debe ser el planteamiento inmediato ante el hecho consumado de la captura de Maduro, que tiene un poderoso efecto en la crisis venezolana. En primer lugar, parece no haber duda de que la operación comando contó con apoyo interno, al menos en el terreno de la inteligencia. Pero aún no se sabe si ese respaldo es tan amplio como para hablar de un quiebre profundo del régimen. Para ello sería fundamental conocer la situación de las Fuerzas Armadas venezolanas. Es obvio que no fueron capaces de impedir el secuestro de su comandante en jefe, pero ese dato no debe sobreestimarse como señal de un abandono mayoritario del régimen por parte de los efectivos castrenses.
Sea como fuere, desde una perspectiva democrática solo cabe exigir una rápida transición hacia el establecimiento de un gobierno legítimo y soberano; ya sea mediante la reposición en el poder del ganador de las últimas elecciones o mediante un acuerdo para una pronta convocatoria de nuevos comicios que permita constituir autoridades legítimas.
Esto supone un rechazo categórico a las propuestas de régimen neocolonial que Donald Trump planea imponer en Venezuela. Estados Unidos no tiene derecho alguno a tutelar el país mientras se acuerda un proceso de transición hacia un gobierno electo, y mucho menos a definir que compañías petroleras estadounidenses repongan y modernicen la infraestructura petrolera venezolana.
Estas propuestas son tan groseras que difícilmente pueden ser aceptadas por los actuales dirigentes venezolanos. No permiten una solución ordenada y pacífica. Por ello resulta lógico que la vicepresidenta Delcy Rodríguez haya tenido que desdecirse de las buenas palabras intercambiadas con el secretario de Estado Marco Rubio en medio del ataque militar estadounidense.
Es posible que el chavismo aún conserve capacidad de resistencia y que el proceso sea más lento de lo previsto por Washington. Trump ha asegurado que habría una segunda intervención si ello ocurriera. Pero una segunda intervención, en forma de invasión, podría derivar en un enfrentamiento considerablemente sangriento.
En todo caso, los hechos traumáticos que provocó el ataque de Estados Unidos a Venezuela no solo tendrán consecuencias a corto plazo, sino también a mediano y largo plazo. El regreso al uso de la fuerza por parte de Estados Unidos podría provocar el resurgimiento de la violencia antiimperialista en una región que había logrado, con esfuerzo, superar esa tendencia.
El autor es sociólogo e investigador.
