Panamá debe abordar urgentemente cómo financiar su sistema de pensiones, ya que el modelo actual es insostenible. Es necesario buscar alternativas para asegurar la protección social de las próximas generaciones.
Propuesta de aporte por TEU y reacciones del sector logístico
Se propone cobrar $1.50 por cada TEU vinculado al movimiento portuario, lo que ha generado preocupación en sectores logísticos y empresariales por la posible pérdida de competitividad regional. También se señala que no debe introducirse un nuevo gravamen sin una estructura institucional sólida que asegure una gestión eficiente y transparente.
Elementos de validez que evitan el debate de fondo
Competitividad y solidez institucional son argumentos válidos, pero a menudo desvían la atención del tema clave: crear un sistema de protección social digno y sostenible. Es necesario centrarse en el problema esencial, evitando objeciones superficiales.
Clarificación técnica sobre el movimiento portuario
Para clarificar el debate, Panamá moviliza entre 8 y 9 millones de TEU al año, pero este dato solo refleja movimientos portuarios, no tránsito por el Canal. Más del 80% son transbordos y no entran a la economía local, ya que solo cambian de buque en el hub logístico.
Impacto en competitividad y necesidad de mejor diseño
Este dato plantea una preocupación legítima: gravar indiscriminadamente el transbordo podría afectar la competitividad frente a otros centros regionales como Cartagena o Caucedo, donde los costos marginales influyen decisivamente en las decisiones logísticas. Sin embargo, reconocer esta realidad no significa que cualquier aporte sea inviable, sino que exige un diseño más cuidadoso de la propuesta.
Ventajas competitivas y peso relativo del cargo
Argumentar que un cargo de $1.50 por contenedor compromete por sí solo la competitividad del país resulta exagerado. Panamá cuenta con ventajas estructurales gracias a su posición geográfica y su infraestructura logística, aspectos difíciles de replicar por otros países. En el contexto global de costos en el comercio marítimo, este tipo de cargo sigue siendo marginal.
El problema real: el diseño del sistema
El verdadero problema no radica en el monto del aporte, sino en el diseño de la medida. Hay que analizar cómo estructurar la contribución para que sea efectiva y sostenible.
Limitaciones de la propuesta actual y enfoque integral
Existe una debilidad fundamental en la propuesta: su enfoque limitado. Pretender financiar un problema estructural como el de las pensiones a partir de una sola fuente de ingresos resulta insuficiente y conceptualmente erróneo. Si el objetivo es aprovechar las rentas derivadas de la posición geográfica de Panamá para fortalecer el sistema social, esta lógica debe aplicarse de forma integral.
Estimación del potencial de un enfoque ampliado
Un cálculo conservador permite visualizar el potencial de un enfoque más amplio. El aporte por TEU generaría entre $12 millones y $13.5 millones anuales, cifra útil pero claramente insuficiente para incidir en la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, el sistema portuario genera ingresos cercanos a $2,000 millones anuales; una contribución marginal del 1% permitiría incorporar otros $20 millones. La actividad de zonas francas y servicios logísticos, liderada por la Zona Libre de Colón, supera los $20,000 millones, y un aporte del 0.1 % generaría otros $20 millones. Además, la Autoridad del Canal de Panamá podría destinar un 1% adicional de sus transferencias al Estado, aportando cerca de $25 millones. Incluso el sector financiero internacional podría contribuir con una tasa marginal, generando entre $10 y $15 millones adicionales.
En conjunto, estas fuentes permitirían estructurar un fondo fiduciario con ingresos recurrentes cercanos a $90 millones anuales.
Función del Fondo Fiduciario y limitaciones
No se trata de resolver definitivamente el problema de las pensiones, sino de crear un mecanismo de estabilización que proteja a los más vulnerables, amortigüe déficits y permita ganar tiempo para reformas estructurales más profundas.
Condición fundamental: credibilidad institucional
Este planteamiento requiere una condición ineludible: la credibilidad institucional. Panamá ha fallado históricamente en la gestión eficiente y transparente de los recursos públicos. Por ello, cualquier propuesta que implique nuevos ingresos debe ir acompañada de garantías estrictas.
Elementos fundamentales para la viabilidad de la propuesta
Creación de un fondo fiduciario autónomo, separado del presupuesto general del Estado y con mandato exclusivo para pensiones.
Reglas claras y estrictas que impidan el uso de estos recursos para gasto corriente o fines políticos de corto plazo.
Gobernanza técnica independiente, con participación de profesionales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Auditorías permanentes, públicas y accesibles, para que la ciudadanía pueda verificar el uso de los fondos.
Sin estos elementos, la iniciativa corre el riesgo de fracasar antes incluso de consolidarse.
Competitividad vs. justicia social: una falsa dicotomía
El debate actual ha sido planteado como una disyuntiva entre competitividad y justicia social, pero esta es una falsa dicotomía. Los países que han logrado equilibrar crecimiento y cohesión social lo han hecho diseñando sistemas inteligentes para redistribuir las rentas generadas por su economía, no evitando cargas.
Ventaja geográfica y responsabilidad política
Panamá posee una ventaja singular: su posición geográfica. Sin embargo, esta ventaja por sí sola no genera bienestar, sino que requiere decisiones políticas que la conviertan en un instrumento de equidad.
El verdadero desafío: diseño institucional y sostenibilidad
Rechazar cualquier aporte en nombre de la competitividad es tan irresponsable como pretender imponerlo sin un diseño institucional sólido. Ambos extremos conducen al mismo resultado: un sistema de pensiones cada vez más débil y una sociedad más desigual. La discusión debe centrarse no en si se cobra o no el aporte, sino en cómo estructurarlo para fortalecer el sistema sin erosionar las ventajas competitivas del país.
Ese es el verdadero desafío, y es un desafío que Panamá ya no puede seguir evitando.
El autor es médico y exministro de Vivienda.
