Ahora que las confesiones están de moda, es buen momento para hacer la mía.
Desde hace algún tiempo vengo señalando conductas del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, que –a mi juicio– no solo resultan repugnantes, sino que atentan directamente contra el Estado de derecho y vulneran garantías elementales consagradas en nuestra Constitución. Conductas que, especialmente en materia de contratación pública, empiezan a parecerse más a prácticas del crimen organizado que a decisiones administrativas propias de una democracia funcional.
Y aquí va mi primera confesión: no tengo nada personal contra el ministro Boyd Galindo ni contra el gobierno del presidente José Raúl Mulino. Todo lo contrario. En esta administración hay personas a las que respeto profundamente y a quienes considero profesionales serios, como, por ejemplo, los ministros José Andrade, en Obras Públicas; Felipe Chapman, en Economía y Finanzas, y Juan Carlos Navarro, en Ambiente, solo por mencionar algunos que entienden que gobernar no es mandar, sino respetar las reglas.
Precisamente, porque estoy a favor de muchos dentro de este gobierno, es que no puedo –ni debo– cerrar los ojos cuando algo se hace mal. Mucho menos cuando se hace ilegalmente. De eso trata la democracia: no de aplaudir ciegamente, sino de corregir lo que está mal antes de que se vuelva costumbre. Y lo que está ocurriendo en el Ministerio de Salud está mal. Muy mal.
Eludir los procedimientos de contratación pública sin justificación real, y luego intentar vestir como “ayuda social” una contratación directa de $15 millones a la empresa Hombres de Blanco Corp., es una maniobra que no resiste el mínimo análisis técnico ni jurídico porque, lejos de promover la competencia –como dicta la ley–, lo que hace es impedirla deliberadamente con contrataciones directas que el ministro pretende justificar alegando que la empresa que estaba antes supuestamente recibió incontables adendas a su contrato. Pero, al menos, hubo competencia y un ganador. Sin embargo, Hombres de Blanco ha sido seleccionada no por sus méritos, sino por el dedo arbitrario del ministro.
Y la pregunta es inevitable: ¿qué es exactamente lo que se está haciendo ahora con Hombres de Blanco? ¿Una limpieza profunda o una adenda con detergente?
Segunda confesión: no tengo nada contra los hermanos Argüelles ni contra su madre. Mi preocupación es otra: evitarles el tipo de tragedia jurídica que en Panamá suele llegar tarde, pero llega. La cercanía al poder siempre invita a confundir oportunidad con impunidad, especialmente cuando se tiene pasaporte diplomático en el bolsillo. Grave error. El poder pasa; los expedientes no.
Hace poco conversé con el licenciado Víctor Orobio, quien me recordó que la teoría del caso de Héctor Brands es que sus empresas obtuvieron contratos estatales mediante tráfico de influencias, razón por la cual hoy se encuentra imputado y con detención preventiva. Y aquí hay una diferencia que resulta imposible ignorar: las empresas de Brands, al menos, obtuvieron sus contratos por licitación pública.
Por eso digo: mírense en el espejo de Brands. Puede que mañana resulte inocente, pero mientras eso se demuestra, ya fue condenado socialmente y privado de su libertad. Así funciona este país: primero se castiga, después se investiga.
Lo que ocurre en el Ministerio de Salud es que creen que son más creativos que nadie, pero sus argumentos son tan viejos como reciclados para impedir la competencia: todo es directo, urgente y excepcional y, al parecer, los hermanos Argüelles son los únicos en el planeta que saben limpiar hospitales. Una tesis tan arrogante como absurda.
El ministro Boyd Galindo pretende algo ambicioso: comprometer a todo el Gabinete y al presidente Mulino para que avalen la aludida millonaria contratación directa, no porque exista una emergencia real, sino porque el ministro así lo decidió. Curiosamente, ningún otro ministro ha mostrado semejante entusiasmo por ignorar los procedimientos legales.
Y el remate es casi humor negro: empresas de limpieza sobran. Yo conté, al menos, 25 en una sola jornada de licitación en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Pero ninguna, al parecer, tiene el talento que busca el Ministerio de Salud.
Si esta contratación se avala, no se estaría aprobando un contrato, sino abriendo las puertas del infierno administrativo, porque a partir de entonces todos los ministros tendrán la tentación –y el precedente– de contratar directamente a sus amigos. Conviene recordarlo, aunque incomode. Los gobiernos son pasajeros. Las firmas quedan. Los expedientes crecen.
El autor es empresario.
