Colón está entre las provincias del país que más riqueza generan, pero al mismo tiempo, es una de las que más pobreza padecen. La paradoja se hace evidente cada vez que se cruzan las estadísticas económicas con la realidad de sus calles, escuelas y hospitales, con las ruinas de sus edificios y su centro regional universitario. Mientras miles de millones de dólares circulan anualmente por sus puertos, la Zona Libre y las operaciones logísticas, la infraestructura urbana, los servicios públicos y la calidad de vida de su población continúan en franco deterioro.
Recientemente, el alcalde del distrito de Colón expuso públicamente un dato que resume esa contradicción: las grandes empresas radicadas en la provincia —especialmente las que operan en la Zona Libre y en los puertos concesionados— no pagan impuestos municipales. Si bien estos emporios comerciales están amparados en regímenes fiscales especiales que los liberan de tributar al municipio bajo el argumento de que su presencia genera inversión, empleo y movimiento económico, no puede desconocerse que los beneficios de ese modelo no se reflejan en la provincia que los acoge.
Los tributos que esas empresas pagan van al gobierno central, que a su vez invierte poco o nada en Colón. El resultado es un esquema fiscal que concentra la renta en el Estado y deja al municipio más importante de la provincia en una especie de indigencia administrativa.
Algunos sectores se preguntan si todavía tiene sentido mantener exoneraciones fiscales a conglomerados ya consolidados, en una provincia que clama por inversión pública y oportunidades. Quizá el debate no deba centrarse en suprimir esos regímenes especiales, sino en garantizar que sus beneficios alcancen efectivamente al territorio que los acoge. Una alternativa sensata sería establecer, por ley, que un porcentaje fijo de los tributos que estas empresas pagan al gobierno central sea destinado directamente a la inversión en infraestructura, servicios y desarrollo humano en la provincia de Colón.
De esa forma se preservaría la seguridad jurídica de las inversiones, pero se corregiría la desigualdad territorial que hoy las exoneraciones perpetúan.
El artículo 233 de la Constitución Política reconoce la autonomía municipal y consagra el principio de justicia tributaria. En teoría, ello implica que los municipios deben contar con los recursos necesarios para atender las necesidades de sus habitantes. En la práctica, sin embargo, las leyes especiales y concesiones de largo plazo han vaciado esa autonomía, creando un vacío fiscal que condena a Colón a depender de transferencias insuficientes del gobierno central.
Conviene aclarar que no se trata de desalentar la inversión privada ni de desconocer la importancia estratégica de las zonas francas y los puertos para la economía nacional. Se trata, más bien, de repensar el equilibrio entre competitividad e igualdad territorial. Las empresas que operan en Colón no pueden seguir siendo islas de prosperidad en medio de un mar de precariedad. La justicia fiscal exige que quienes más se benefician del territorio contribuyan también a su reconstrucción.
Colón no necesita discursos de compasión, sino decisiones de justicia. Las mismas leyes que sirvieron para atraer capital deben ahora servir para redistribuir equidad. No se trata de castigar a nadie, sino de corregir una deuda histórica. Porque la riqueza que pasa por Colón debe, de una vez por todas, quedarse en Colón.
El autor es abogado.
