La discusión sobre Cobre Panamá ha regresado al centro de la política nacional. El presidente José Raúl Mulino abrió formalmente las conversaciones con Minera Panamá para explorar una posible salida al conflicto que mantiene paralizada la actividad minera en Donoso. Sin embargo, hay algo que Panamá no puede perder de vista: negociar no significa entregar, y reactivar no necesariamente significa progresar.
Después de la crisis institucional y social de 2023, el país tiene una oportunidad para corregir errores, pero también una enorme responsabilidad. La pregunta ya no debería limitarse a si la mina debe abrir o permanecer cerrada. La verdadera discusión es qué condiciones tendría que imponer Panamá para que cualquier decisión responda al interés nacional.
El Gobierno ha planteado cinco principios: soberanía sobre los recursos naturales, máximo beneficio económico para el Estado, autoridad territorial exclusivamente panameña, protección ambiental y respeto absoluto al orden constitucional. Sobre el papel, son condiciones razonables. El desafío será convertirlas en obligaciones jurídicas verificables y no en simples declaraciones políticas.
El costo de no decidir también existe
Hay una realidad que tampoco puede ignorarse: mantener indefinidamente paralizado un proyecto de esta dimensión tiene consecuencias económicas.
Cobre Panamá generaba miles de empleos directos e indirectos, sostenía una extensa red de proveedores nacionales y contribuía a las exportaciones. El informe de la Comisión Interministerial de 2026 dimensiona las pérdidas económicas asociadas a la paralización y advierte sobre los costos que implica mantener las instalaciones sin una solución definitiva.
Pero sería un error utilizar estas cifras como argumento para justificar cualquier reapertura. El empleo importa, las inversiones importan y la economía necesita oportunidades; sin embargo, ningún indicador económico puede convertirse en una autorización para repetir los problemas que llevaron al país a una crisis nacional.
Panamá necesita inversión, pero también necesita reglas claras. Una economía sólida no se construye sacrificando la institucionalidad para resolver urgencias financieras.
La soberanía no se negocia
Uno de los puntos más delicados son los arbitrajes internacionales. Las reclamaciones identificadas en el informe interministerial superan los 27,000 millones de dólares en cuantías mínimas acumuladas. Esto no significa que Panamá deba esa cantidad ni que exista una condena por ese monto. Son reclamaciones sujetas a controversia jurídica.
Precisamente por eso, cualquier negociación debe contemplar una salida jurídicamente vinculante de los procesos pendientes. Panamá no puede aceptar compromisos empresariales sin conocer sus consecuencias legales y financieras.
Tampoco puede permitir que una compañía tenga capacidad de ejercer autoridad sobre territorios, aguas o espacios que pertenecen al Estado. Los recursos minerales son patrimonio nacional y su aprovechamiento debe beneficiar principalmente a los panameños.
El medioambiente no puede ser una nota al pie
Aquí existe otro riesgo que merece atención. La auditoría ambiental realizada por SGS identificó distintos niveles de cumplimiento, pero también no conformidades y aspectos que requieren corrección. Que una auditoría presente porcentajes elevados de cumplimiento no significa que todos los riesgos estén resueltos. Una operación minera exige vigilancia permanente, tratamiento de aguas, restauración ecológica y controles independientes.
Además, el cierre de las instalaciones tiene un costo considerable. Las estimaciones oficiales sitúan entre 2,600 y 3,400 millones de dólares el costo acumulado de cierre y mantenimiento bajo determinados escenarios.
Por eso, la responsabilidad financiera de la empresa debe quedar garantizada desde el principio. No sería aceptable que, después de obtener beneficios durante años, el Estado y los contribuyentes terminen pagando las consecuencias ambientales.
Panamá debe aprender de su propia historia
La negociación que comienza no puede desarrollarse a puertas cerradas ni convertirse en un acuerdo entre el Gobierno y una empresa. Las comunidades de Donoso, los especialistas, las universidades, las organizaciones ambientales y la ciudadanía tienen derecho a conocer y cuestionar sus condiciones. La transparencia no debe ser un obstáculo para negociar; debe ser la garantía de que lo negociado tendrá legitimidad.
Mi posición es clara: Panamá no tiene por qué renunciar automáticamente al aprovechamiento responsable de sus recursos naturales, pero tampoco puede aceptar una reapertura a cualquier precio. Necesita un acuerdo constitucional, económicamente conveniente, ambientalmente responsable y fiscalizable.
El presidente Mulino tiene ante sí una decisión que trascenderá su administración. No se trata de demostrar quién gana una negociación, sino de garantizar que el país no vuelva a perder su confianza en las instituciones.
Cobre Panamá no puede convertirse nuevamente en una disputa entre intereses económicos y ciudadanos. Si la mina vuelve a operar, debe hacerlo bajo condiciones que beneficien a Panamá, protejan su territorio y respeten su democracia. Porque los recursos pertenecen al país, pero también les pertenece a sus futuras generaciones el derecho a decidir qué hacer con ellos.
El autor es consultor y analista internacional.

