Durante meses, el debate en torno a Cobre Panamá se sostuvo en pasiones y eslóganes políticos. Sin embargo, la reciente auditoría integral elaborada por la firma internacional SGS transforma radicalmente este panorama. Con datos objetivos sobre la mesa, quedan atrás las versiones parciales. La conclusión es ineludible: la explotación debe reactivar su actividad, pero bajo una fiscalización rigurosa y permanente.
Quienes se opusieron de manera más radical afirmaban que el proyecto era un desastre ambiental irreversible. No obstante, el informe, que evaluó de manera minuciosa 370 compromisos ambientales, legales y operativos, desmantela esa tesis. El documento es tajante: no se identifican fallas estructurales insalvables. Los retos pendientes en materia de biodiversidad, administración y gestión del agua son, sin duda, corregibles mediante soluciones de ingeniería y una supervisión efectiva por parte del Estado.
El imperativo de los datos sobre la retórica
Sostener un cierre definitivo por razones meramente ideológicas resultaría un suicidio económico. Mientras ciertos análisis mediáticos se han centrado en demoras técnicas o en comunicados corporativos, el verdadero giro que demanda el país es político y soberano. Los hechos contundentes pesan más que los gritos:
Seguridad jurídica y financiera: La reapertura, en un marco normativo transparente y estable, minimiza el riesgo de arbitrajes internacionales millonarios, cuyos costos recaerían sobre el erario público. Además, ofrece un alivio decisivo a las finanzas estatales en un contexto de alta presión presupuestaria.
Impacto social tangible: El desempleo golpea con dureza a las comunidades cercanas al proyecto, donde la discusión en redes contrasta con la urgencia de quienes requieren ingresos. Cobre Panamá ha comenzado la recontratación de miles de trabajadores para labores de mantenimiento, bajo estrictos protocolos de seguridad. Impedir la operación formal no protege el entorno; condena a esas poblaciones a la precariedad.
La auténtica soberanía no consiste en enterrar un recurso estratégico ni en acumular litigios internacionales, sino en exigir el cumplimiento riguroso de la normativa. El Ejecutivo cuenta ahora con el respaldo técnico que antes le faltaba. No se trata de otorgar concesiones indebidas, sino de reactivar la economía con plena transparencia y responsabilidad.
Los estudios científicos han disipado los mitos prevalecientes. Prolongar posturas inmovilistas solo perjudica a la nación. Ha llegado el momento de actuar con realismo y proceder a la reapertura responsable de la mina.
El autor es empresario.
