En Brasil, un voto de castigo amenaza con convertirse en un voto de perdón. El 4 de octubre, los brasileños no votaron tanto a favor del opositor de ultraderecha Flávio Bolsonaro (Partido Liberal), sino contra el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, un dirigente de 80 años que busca un cuarto mandato no consecutivo y su reelección, tras siete campañas presidenciales y casi cuatro décadas de estar en el centro de la vida pública. Si el balotaje del 25 de octubre confirma el triunfo de Bolsonaro, la mayor economía y democracia de América Latina quedará en manos del hijo de un expresidente —Jair Bolsonaro— que cumple arresto domiciliario por intentar un golpe de Estado y a quien Flávio ha prometido amnistiar. Brasil, que fue elogiado en el mundo por juzgar a quienes conspiraron contra su democracia, podría terminar demostrando lo contrario: que un golpe fallido puede quedar impune si su partido gana la elección siguiente.
Una ventaja estrecha, un impulso fuerte
El resultado fue ajustado y sorpresivo. Flávio, segundo en todas las encuestas, obtuvo el 47,03 % de los votos válidos frente al 45,16 % de Lula: apenas 1,87 puntos porcentuales y unos 2,2 millones de sufragios de diferencia. Sin embargo, salió fortalecido. Cury, Caiado y Zema, candidatos de centro y derecha eliminados, ya le ofrecieron su apoyo; los electores de Santos podrían seguirlos. Entre los cuatro sumaron casi el 8 % de los votos. Las encuestadoras PoderData, Datafolha y Atlas le dan entre cuatro y seis puntos de ventaja. En los siete balotajes desde 1989 ganó quien encabezó la primera vuelta.
Lula afronta una remontada muy difícil, además de un deterioro territorial. Su pérdida neta respecto de 2022 ronda los 3,4 millones de votos. Su reserva está entre los 33 millones de abstencionistas —el 21 %—. Con blancos y nulos, una cuarta parte del padrón no expresó una preferencia válida. Movilizarla en dos semanas no es imposible, pero es un desafío mayúsculo.
Una derecha más poderosa, pero no omnipotente
El cambio de mayor alcance está en el Congreso. El PL de los Bolsonaro contará con 121 de 513 diputados y 28 de 81 senadores, casi el doble de su bancada anterior en la Cámara alta. La federación liderada por el Partido de los Trabajadores (PT) tendrá 88 diputados y nueve senadores. De las veinte gobernaciones definidas en primera vuelta, diez quedaron en manos de aliados de Flávio y cinco de Lula. Entre los vencedores figuran Tarcísio de Freitas en São Paulo y Cleitinho en Minas Gerais.
El apellido Bolsonaro es ya una marca electoral: Michelle y Carlos fueron elegidos senadores; Jair Renan y Renato, diputados.
Pero afinidad no equivale a obediencia. El PL y sus aliados reúnen 208 diputados: lejos de los 257 necesarios para la mayoría absoluta y aún más de los votos exigidos para reformar la Constitución. El centrão, bloque pragmático que negocia respaldos a cambio de recursos y cargos, seguirá siendo decisivo. Un Congreso conservador no garantiza un Congreso disciplinado.
La anatomía del hartazgo con Lula
¿Por qué sufre Lula si el desempleo está en mínimos históricos, la economía crece moderadamente y disminuyen la pobreza y la desigualdad? Primero, por desgaste. El PT ha gobernado 18 de los últimos 24 años. Lula, candidato presidencial por primera vez en 1989, encarna para numerosos jóvenes el establishment.
Segundo, por el bolsillo. Los datos macroeconómicos no pagan las deudas domésticas. El gasto y los intereses elevados —13,75 %— encarecen el crédito. Parte del centro que votó a Lula en 2022 esperaba austeridad y apertura.
Tercero, por el miedo. La inseguridad alimenta la demanda de orden; las redes evangélicas y el voto útil refuerzan esa corriente. Y, finalmente, por una polarización que vuelve selectiva la indignación ante la corrupción. El caso del Banco Master, un enorme fraude bancario sin implicación directa de Lula, le ha causado más daño que a su rival. En mayo se divulgaron audios de Flávio pidiendo dinero al banquero Daniel Vorcaro: su apoyo cayó, pero después se recuperó. Los escándalos propios se relativizan; los ajenos se magnifican. En este escenario, muchos eligen el mal menor.
La euforia de los mercados y las tijeras fiscales
Tras la primera vuelta subieron las acciones y el real; cayeron las tasas futuras. Los inversores descuentan que Flávio, apoyado por un Congreso más conservador, reducirá el déficit, la regulación y el peso del Estado. Su prometido «tijeretazo» incluye un techo al gasto, menos ministerios, rebajas impositivas y recortes por el equivalente al 1,5 % del PIB en 18 meses.
Empero, la euforia merece cautela. Con una deuda pública del 83 % del PIB, un déficit fiscal de entre el 9 % y el 10 % y casi el 90 % del presupuesto comprometido en obligaciones, hay poco margen para recortar sin reformas profundas. El programa, además, se contradice: Flávio promete bajar impuestos, pero su equipo descarta reformar las pensiones —uno de los grandes motores del gasto— y desvincular las prestaciones sociales del salario mínimo. Las exenciones fiscales equivalen al 7 % del PIB, y es improbable que un Congreso sensible a intereses sectoriales las desmantele. Cerrar ministerios da titulares; reformar grandes partidas exige acuerdos. La elección del ministro de Hacienda será clave.
Además, la confrontación con el Poder Judicial puede terminar elevando la prima de riesgo que el ajuste pretende reducir. Los mercados suelen advertir tarde ese coste institucional.
El peligro de una crisis institucional
Aquí se concentra la prueba más delicada. Flávio promete amnistiar a su padre y a los demás condenados por la trama golpista de 2023. También plantea reformas constitucionales y judiciales. El próximo presidente podrá cubrir cuatro de los once asientos del Supremo Tribunal Federal, dos puestos del directorio del Banco Central y cargos decisivos en los organismos reguladores de valores y competencia. Según algunos cálculos, el Senado podría reunir ya los dos tercios necesarios para destituir a magistrados que juzgaron a Jair Bolsonaro.
Una ofensiva contra esos contrapesos abriría una grave crisis. Reformar las instituciones es legítimo; subordinarlas a una familia o castigar a jueces, policías y militares que se negaron a secundar el golpe no lo es. La cuestión no es únicamente qué políticas adoptaría un eventual gobierno de Flávio, sino qué límites estaría dispuesto a respetar.
Washington, Pekín y el pragmatismo inevitable
En Washington, una victoria de Bolsonaro sería interpretada como un triunfo de la Casa Blanca y de su ofensiva para ampliar la influencia conservadora en América Latina. Lula, uno de los principales contrapesos regionales a la política exterior de Trump —Doctrina Donroe y Escudo de las Américas—, perdería el poder, y Brasil se incorporaría de lleno a la llamada «ola naranja».
Pero la economía impone límites a la afinidad ideológica. Brasil vende a China mucho más que a Estados Unidos y la Unión Europea juntos. El poderoso sector del agronegocio, pilar de la coalición bolsonarista, no aceptaría una ruptura con Pekín. Flávio ha adelantado que mantendría una relación pragmática con el gigante asiático, como hizo su padre. La ideología choca con los intereses comerciales.
Una victoria que no autoriza la impunidad
Lula aún puede remontar, aunque sus posibilidades son reducidas. No bastará con inyectar temor ante el eventual regreso del clan Bolsonaro. Necesita comunicar mejor, sobre todo en redes; movilizar a quienes se abstuvieron; ofrecer respuestas concretas sobre ingresos, deudas y seguridad; y dar más protagonismo al vicepresidente Geraldo Alckmin para atraer al centro. Si fracasa, el PT pagará el precio de haber subordinado su renovación a la supervivencia electoral de un solo dirigente.
Conviene ser claro sobre lo que está en juego. No se trata de si Brasil gira a la derecha o a la izquierda; la alternancia es una virtud de la democracia. Se trata de si las reglas sobreviven a quien gana. Un presidente con un Congreso afín, cuatro vacantes en el Supremo y un Senado que podría reunir los votos para destituir jueces tendrá en sus manos algo más que un programa de gobierno: tendrá el poder de decidir si las instituciones que juzgaron a su padre siguen siendo independientes. Los mercados ya han puesto precio a la promesa de disciplina fiscal; todavía no lo han hecho con el riesgo de una crisis institucional. Deberían. La credibilidad de un país no descansa solo en sus cuentas públicas, sino en la certeza de que la ley obliga a todos por igual, incluidos los poderosos y sus familias. Una amnistía no cerraría una herida; mostraría a toda una región que un golpe fallido no es más que una apuesta aplazada. Brasil supo juzgar a sus golpistas. Sería una tragedia que ahora eligiera absolverlos.
El autor es director y editor de Radar Latam 360. @zovatto55
