Más allá del discurso presidencial, el sistema financiero necesita reformas técnicas concretas.
Cuando el presidente José Raúl Mulino advirtió públicamente que los bancos panameños deben “poner más empeño” en la lucha contra el blanqueo de capitales, señalando que dinero proveniente del narcotráfico logra ingresar al sistema financiero mediante testaferros y estructuras fraudulentas, el mensaje fue políticamente contundente. Pero la pregunta relevante no es quién lo dijo ni en qué contexto político lo dijo. La pregunta es: ¿qué significa operativamente ese llamado y qué tiene que hacer realmente la banca para responderlo?
El problema no es de voluntad, es de arquitectura
Panamá cuenta con una Unidad de Análisis Financiero (UAF), legislación antiblanqueo y obligaciones de reporte para sujetos obligados. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que las normas por sí solas no detienen el blanqueo. Lo que lo detiene es la calidad de implementación: cómo se identifican beneficiarios finales, cómo se monitorean transacciones en tiempo real y cómo se gestiona la información de riesgo de manera coordinada entre instituciones.
El blanqueo político, en particular, es de los más difíciles de detectar porque no siempre involucra transacciones inusuales en monto. Involucra estructuras de propiedad opacas, sociedades offshore, contratos con el Estado canalizados hacia personas jurídicas sin actividad real y flujos que circulan a velocidades que superan los ciclos de revisión de cumplimiento tradicionales.
Tres reformas técnicas que la banca no puede postergar
Primero, el registro de beneficiarios finales debe ser efectivo, no formal. Panamá avanzó con la Ley 129 de 2020 y la Guía de Identificación del Beneficiario Final impulsada por la Superintendencia de Sujetos no Financieros. Pero la clave está en la verificación cruzada: que los datos declarados sean contrastados con fuentes externas, registros públicos y señales de riesgo, no simplemente archivados.
Segundo, el monitoreo transaccional debe incorporar análisis de riesgo político (PEP screening) de manera sistemática, no discrecional. Las personas expuestas políticamente y sus allegados representan un riesgo específico que requiere protocolos diferenciados, actualizados y auditables. No basta con identificarlos al momento de abrir una cuenta: el riesgo evoluciona con el cargo y con el tiempo.
Tercero, los mecanismos de reporte a la UAF deben fortalecerse cualitativamente. El número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) importa menos que su pertinencia y profundidad. Un sistema financiero que reporta por volumen para cumplir, pero no por inteligencia para detectar, genera ruido en lugar de señales útiles para la persecución penal.
El reto de la credibilidad institucional
Panamá ha salido de listas internacionales de países con deficiencias antilavado y aspira a consolidar esa posición. Pero la reputación financiera no se construye con declaraciones presidenciales: se construye con supervisión independiente, sanciones efectivas a quienes incumplen y una cultura de cumplimiento que vaya más allá del mínimo regulatorio exigido.
El llamado del presidente a la banca es una oportunidad para que el sector financiero demuestre que sus compromisos antilavado no dependen de la presión política del momento, sino de una arquitectura de cumplimiento robusta, técnica y sostenida. Esa es la diferencia entre un centro financiero que inspira confianza y uno que la administra según conveniencia.
El rol insustituible de la Superintendencia de Bancos
El llamado presidencial a la banca no puede quedar sin su contraparte regulatoria. La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) dio un paso importante en enero de 2026 con la emisión del Acuerdo N.° 1-2026, firmado por el superintendente Milton Ayón Wong, que moderniza los controles antilavado e introduce un enfoque basado en riesgo para bancos y fiduciarias. Es un avance real. Pero una norma moderna solo vale lo que vale su supervisión.
Lo que se le exige a la SBP no es más regulación, sino más supervisión sustantiva: inspecciones que vayan más allá de verificar si los manuales existen, para evaluar si los controles realmente funcionan. Que las sanciones por incumplimiento sean proporcionales al riesgo que representan las entidades que fallan, no solo proporcionales al tamaño del expediente. Y que la retroalimentación al sector sea continua, no solo reactiva ante escándalos o presiones externas.
La independencia técnica de la SBP frente a los ciclos políticos es, en última instancia, la garantía más importante que tiene el centro bancario panameño. Ningún discurso presidencial, por contundente que sea, sustituye la firmeza de un regulador que actúa con criterio propio, información de calidad y autoridad real para exigir resultados.
El autor es ingeniero industrial, internacionalista y abogado.
