Este comentario parte de una hipótesis jurídica que busca responder preguntas que me hacen clientes y amigos, no de una conclusión judicial. La investigación penal sigue su curso y serán los tribunales quienes determinen, con base en las pruebas, quiénes son responsables y quiénes no. Así que no, esto no es un juicio anticipado ni me estoy montando en la condena mediática que suele acompañar estos casos.
La solución después de ver el partido de fútbol aparece rapidito: “Si los créditos eran falsos, que les den un clic y anulen todas las cesiones.” Así de fácil. Pero no, en Derecho las cosas no funcionan así.
Claro que el Estado va a intentar recuperar el dinero. Sería absurdo pensar que, después de descubrir un fraude millonario, simplemente dirá: “Bueno, ya pasó”... aunque, siendo honestos, en este país a veces pasan cosas más raras, pero el Estado tiene la obligación de perseguir a los responsables y tratar de recuperar lo perdido. Hasta ahí estamos todos de acuerdo.
Pero el partido apenas empieza.
Una cosa es perseguir a los funcionarios que, supuestamente, manipularon eTax. Otra muy distinta es perseguir a todos los contribuyentes que compraron créditos creyendo que eran legales. Esas dos cosas no son iguales.
Porque el contribuyente no verificaba el crédito en Instagram, ni consultando una bola de cristal. Lo verificaba personalmente en la DGI. Y si la propia DGI decía que el crédito existía, uno supondría que algo de autoridad tendría la DGI para saber qué créditos existen y cuáles no. Digo yo.
Y aquí viene otra jugada extraña. Cambia el gobierno. Llega una funcionaria nueva, abre eTax y encuentra un crédito perfectamente registrado desde hace cinco años, con numero de resolución y sin una sola alerta. Revisa el contrato de cesión, verifica las formalidades y aprueba el trámite. Tiempo después estalla la investigación... y la funcionaria termina esposada. Entonces la pregunta cambia: ¿el problema era esa funcionaria o el sistema que durante muchos años le dijo a todo el mundo que ese crédito era perfectamente válido?
Aquí el asunto deja de ser exclusivamente tributario y empieza a ser administrativo. El propio Decreto de Gabinete No. 109 de 1970 no solo le encarga a la DGI cobrar impuestos; también le atribuye la administración y control del sistema tributario. Si la hipótesis de una manipulación interna llegara a demostrarse, el debate inevitablemente alcanzará los mecanismos de control de la propia institución.
Porque si durante años fue posible crear créditos inexistentes dentro del sistema oficial sin que las auditorías, los controles internos o el propio eTax levantaran una sola bandera roja, aquí la fiebre no está en la manta.
Ahora imaginemos que la DGI decide anular todas esas cesiones y volver a cobrar los impuestos a quienes actuaron de buena fe. ¿Podrían esos contribuyentes demandar al Estado? Yo creo que sí, y no me parece una tesis descabellada. El argumento sería bastante simple: “Yo no confié en un desconocido. Confié en la institución que la ley creó precisamente para administrar y controlar los créditos tributarios. Si esa institución falló, ¿por qué debo soportar yo todo el perjuicio?”
Naturalmente, quien participó conscientemente en el fraude deberá responder por sus actos. Eso no admite discusión. Pero la situación del ciudadano o el funcionario que actuó confiando en la información oficial del Estado pertenece a otra conversación completamente distinta.
Porque si la respuesta de la DGI termina siendo “confíe bajo su propio riesgo, porque dentro de cinco años podemos decirle que todo era falso y cobrarle de nuevo”, entonces el problema ya no será de la DGI.
Estamos diciendo al contribuyente que un paz y salvo no le dará paz, ni lo pondrá a salvo.
Y cuando un país llega a ese punto, estamos ante un problema de seguridad jurídica, y esa, créanme, sale muchísimo más cara que cualquier crédito fiscal.
El autor es abogado.
