Quien abraza la profesión de abogado en nuestro país lo hace, generalmente, bajo la creencia de servir a la justicia y asegurar la vigencia del Derecho. En las aulas universitarias, donde forjamos el intelecto bajo la luz de la doctrina y la jurisprudencia, la justicia se nos presenta como un ideal puro, una balanza inmune a las turbulencias del mundo exterior. Sin embargo, el ejercicio profesional en Panamá nos impone, tarde o temprano, un choque frontal con la realidad de nuestras instituciones.
Vivir la abogacía implica comprender que el Derecho no opera en un vacío completamente limpio de las impurezas humanas. La imparcialidad, que debería ser el atributo natural de todo juzgador, se ve constantemente acechada por factores que nuestra Constitución Política prohíbe, pero que la práctica cotidiana evidencia: las presiones del poder político, los intereses de los grupos económicos, el amiguismo, las simpatías y antipatías a favor o en contra de una de las partes, la popularidad o impopularidad del caso y, en tiempos recientes, el clamor desinformado de la opinión pública que pretende dictar sentencias en la plaza de las redes sociales, o la presencia de personas o grupos interesados frente a los tribunales, exigiendo que fallen lo que ellos consideran justo.
¿Es la justicia panameña un sistema de adjudicación de derechos o un escenario de influencias? Si la decisión de un juez dependiera de la simpatía hacia las partes, de la conveniencia frente al poder de turno o de la popularidad del caso, no estaríamos ante un sistema judicial, sino ante una burla del Estado de Derecho. Como juristas, no podemos ignorar que la falta de una Carrera Judicial plenamente implementada y de una autonomía presupuestaria real debilita la columna vertebral de la imparcialidad.
Sin embargo, mi mensaje para las nuevas generaciones de abogados no es el de la resignación, sino el de la resistencia técnica. Vivir la abogacía es entender que la defensa del cliente es, en el fondo, la defensa de las garantías constitucionales. El abogado no es un simple gestor de expedientes; es el centinela del debido proceso.
Frente a un juez presionado o a un sistema condicionado, nuestra única arma es la solidez del argumento jurídico y la invocación constante de la supremacía constitucional. Nuestra labor es presentar el caso con todos nuestros conocimientos jurídicos y fácticos, y saber que dimos lo mejor de nuestro conocimiento; así elevamos el costo institucional de la arbitrariedad para que surja ante los ojos de todos la parcialidad de la decisión. Debemos obligar a los tribunales a motivar sus fallos con tal rigor que cualquier desviación del Derecho resulte evidente ante la sociedad y las instancias superiores. El acceso a la justicia constantemente se corta por exigencias que no requiere la ley, y esta es una de las formas más utilizadas para rechazar casos impopulares.
La justicia puede ser imperfecta y los hombres que la administran pueden flaquear, pero la esencia de nuestra profesión radica en la lucha incesante por someter el poder a la ley. Ser abogado en Panamá hoy exige no solo conocimiento, sino un carácter inquebrantable. Solo así, mediante la fortaleza de ánimo, la honestidad, la buena fe, la ética y el rigor jurídico, lograremos que el reconocimiento del derecho no sea una excepción, sino la regla ineludible de nuestra democracia.
El autor es exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.
